El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, en el transcurso de la reunión mantenida hoy en el Ministerio de Economía y Hacienda. El nuevo modelo de financiación se ha aprobado en primera votación con 10 votos a favor, lo que significa más de dos tercios de los votos, y 7 abstenciones. Las comunidades autónomas que han dado su apoyo al acuerdo de reforma han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta.

Las abstenciones han correspondido a las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, y la ciudad autónoma de Melilla. País Vasco y Navarra han mantenido la tradicional posición de no votar por ser dos comunidades autónomas que no se rigen por el régimen común. Tras la aprobación del nuevo modelo de financiación, el Gobierno trabajará en las próximas semanas en la redacción del anteproyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como de la Ley 21/2001.

El nuevo modelo de financiación, según el Gobierno,  tiene dos objetivos fundamentales: que todas las comunidades autónomas puedan contar con más recursos y que todos los ciudadanos tengan garantizada la igualdad en los servicios públicos fundamentales –sanidad, educación y servicios sociales- sea cual sea la comunidad autónoma en la que residan. Así, este sistema resulta más justo y equitativo que el anterior y beneficia a todas las comunidades autónomas, porque todas van a ver mejorada su financiación, y a todos los ciudadanos, porque tendrán mejores servicios públicos.

Con el nuevo modelo, las comunidades autónomas -siempre según el Gobierno- tendrán mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, ya que contarán con un mayor porcentaje de impuestos cedidos y una mayor capacidad normativa. El 80% de los recursos del sistema se destinarán a la solidaridad, garantizando igual financiación para los servicios públicos fundamentales, y el 20% restante sufragará la convergencia entre comunidades autónomas. y garantizará la suficiencia financiera para el desarrollo del resto de competencias transferidas. El Estado aportará en torno a 11.000 millones de euros adicionales.

Para atender a estos objetivos, los instrumentos con que cuenta el nuevo sistema son el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que financiará en condiciones  de igualdad la sanidad, la educación y los servicios sociales; el Fondo de Suficiencia Global para la financiación de las competencias transferidas, que completa los recursos tributarios propios de cada autonomía; y dos fondos de convergencia: el de Competitividad, que permitirá reducir las diferencias en financiación per cápita, y el de Cooperación, para ayudar a las que tienen menor nivel de renta.

Así, el nuevo modelo asegura, según la ministra de Econmía Elena Salgado, la financiación adecuada de todos los servicios públicos y las competencias transferidas, se reducen las diferencias en financiación y renta per cápita y se refuerza el Estado del Bienestar en todas las comunidades, gracias a la mayor aportación de recursos por parte del Estado.

El nuevo sistema parte del reconocimiento de los cambios demográficos  de la última década en España y plantea un mecanismo de actualización anual que permite un sistema más flexible y eficaz que el anterior. El modelo se rige por criterios de población ajustada que reflejan mejor las diferencias en el coste de la prestación de los servicios en las distintas comunidades autónomas, de modo que se pueda dar una mejor respuesta a sus necesidades reales de gasto. De esta forma, se incluyen variables como el número de habitantes, la población sanitaria protegida, la población escolar, los mayores de 65 años, la dispersión, la densidad o la insularidad.