Si ha habido un periodo de especial intensidad en el debate económico ha sido, precisamente, esta decena de marzo. Los cuatro jinetes del Apocalipsis: paro, inflación, solvencia y deuda han desfilado por el hipódromo nacional. Y ante tal cúmulo de noticias, ¿cuál ha sido la voz autorizada del PP? Basta repasar la hemeroteca para comprobar que el PP no considera prioritario un portavoz de economía único que cuente con la confianza de Rajoy. Cristóbal Montoro, motu propio o por imposición de Génova, ha rebajado su perfil a las intervenciones estrictamente imprescindibles en el Congreso. Las apariciones estelares se reservan para Cospedal o Sáenz de Santamaría, el portavoz González Pons, o el propio Rajoy, con mensajes simples de corte electoralista. Contrasta esta falta de liderazgo económico en el PP con la multiplicación de actos de marcado contenido financiero, laboral o energético en FAES con la asistencia de Aznar. La duda es si FAES llena el vacío que deja el PP ante el fuerte contenido de sacrificio social que impregna muchas de estas reformas.
Además del Observatorio (con aportaciones de Toribio, Feito y Fernández), que preside Velarde, y de los indicadores económicos que reflejan mensualmente los incumplimientos del Gobierno, FAES ha publicado en las últimas semanas tres documentos de interés sobre gasto público (Gómez-Pomar y Elorriaga); cajas de ahorros (Fernández) y energía (Navarrete y Mielgo), cuyo presentador de lujo fue Manuel Pizarro.
La cuestión que devora a nuestra modesta milla de oro es que si un inversor quiere conocer de primera mano lo que piensa el PP ¿con quién tiene que hablar? A bote pronto le remitirán a Rodrigo Rato o a Luis de Guindos, pero ambos están ocupados en otros menesteres privados de gran calado y alta remuneración. La pregunta del millón es si Pizarro vuelve a ser un interlocutor válido en el PP, ahora que la realidad le ha dado la razón frente a Solbes, o hay que esperar a que el PSOE pierda las elecciones para conocer al tapado de Rajoy.
Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid) el 12 de marzo de 2011
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/opinion/%E2%80%98tapado%E2%80%99-rajoy-20110312
El déficit de las Administraciones Públicas ha alcanzado en 2008 el 3,82 por 100 del PIB, con una diferencia entre ingresos y gastos de 41.874 millones de euros. Esta cifra barre de un plumazo todas las previsiones y apunta una vez más contra la línea de flotación de las cuentas públicas. Ya hay predicciones que señalan un déficit este año del 8 por 100, casi tres puntos más que el de Solbes. El presidente del Gobierno ha justificaba la batería de medidas anticrisis basadas en una expansión del gasto social apelando a la consolidación del Estado del bienestar. Pero las cifras son tercas y se niegan a hacer justicia a las buenas intenciones del Gobierno que cosecha derrota tras derrota en todos sus frentes ante los cuatro jinetes del apocalipsis de la crisis: paro, déficit, deuda y solvencia. Más bien parece que lo que se pretende mantener es el bienestar del Estado en esa teoría de que las naciones nunca quiebran, ya que la clase política sobrevive a las peores circunstancias, y ahí tenemos, por ejemplo, los casos de Argentina o Islandia. ¿El Estado? Bien, gracias… Zapatero se prepara ahora para acudir a la nueva cita del G-20 en Londres. Más trasiego de viajes, comisiones de trabajo, dietas, informes, etc. Tendrá ocasión de presentar sus logros en estos tres meses de medidas anticrisis. España, bien gracias…, los españoles no tanto.
Al final Solbes reconoció la crisis, más vale tarde que nunca, aunque este gesto ineludible puede costarle el cargo ya que hasta los medios más afines se preguntan si debe ser el actual vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía el piloto de la recuperación. El Gobierno ha revisado sus previsiones macroeconómicas, marcadas por la crisis, y ahora pronostica una caída del Producto Interior Bruto del 1,6% en 2009, la primera desde la crisis de 1993. Mientras, el paro seguirá empeorando y se disparará hasta el 15,9%, frente al 12,5% pronosticado anteriormente. El último dato de la Encuesta de Población Activa sobre la tasa de paro -del tercer trimestre- situaba la cifra en el 11,3%, aunque los últimos tres mes de 2008 han sido muy negativos para el empleo, como ya mostraron las cifras de los Servicios Públicos de Empleo. De este modo, el Gobierno estima que en 2009 podrían destruirse unos 730.000 empleos. El empleo caerá el 3,6%, mientras que la inversión registrará una fuerte caída, del 9,3%, y el consumo privado también descenderá, un 1,5%.
El déficit público tanto de 2008 como de 2009 superará el 3%, según Solbes, quien ha anunciado que el próximo viernes presentará el nuevo cuadro macroeconómico para 2009. Por su parte el presidente del Gobierno ha declarado que no ve razones para que las agencias de rating rebajen la calificación de AAA para la deuda a largo plazo de España. «Desde nuestro punto de vista no hay razones para ello (para rebajar la calificación de la deuda), primero por la fortaleza del país (y también por) la solvencia de las cuentas públicas», dijo Zapatero. La noticia positiva del día es que la agencia de calificación Fitch ha mantenido el rating crediticio de España en AAA con perspectiva estable. Fitch dice que ve el aumento de la deuda del Estado español al 48% respecto al PIB para finales de este año, mientras que el déficit crecerá al 5% en 2009 y 2010. Ayer, S&P puso en vigilancia negativa la calificación triple A del Reino de España. Otro dato relevante del día es que el precio de la vivienda en España cayó un 8,8% en 2008 respecto al año anterior, con lo que el coste de los inmuebles regresa a los valores de la primera mitad de 2005, según el Indice de Mercados Inmobiliarios Españoles (IMIE) elaborado por la sociedad de tasación Tinsa. Según los datos de la tasadora, se trata, además, del décimo descenso consecutivo y una caída un punto superior a la experimentada en el mes de noviembre, del 7,8%.
La reforma del sistema de financiación de las CCAA propuesta por Solbes es un impulso al autogobierno, un guiño a los nacionalistas y a las comunidades más ricas, pero su aplicación, a falta de conocer los datos económicos reales que la hagan factible, corre el riesgo de convertir a España en un reino de taifas con diecisiete regímenes fiscales diferentes además del estatal.



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