La Agencia Tributaria ha desmantelado ayer una organización dedicada al fraude del IVA, conocido como fraude carrusel, que había defraudado desde 2006 al menos 62 millones de euros. La operación, conocida como ‘Revival’ ha sido fruto de las investigaciones coordinadas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) con equipos de inspección y vigilancia aduanera en Cataluña, Valencia, Aragón y Madrid.

En el curso de la operación se registraron seis domicilios de sociedades y personas en Madrid, Valencia y Barcelona, habiéndose intervenido valiosa documentación y ordenadores cuyo contenido que está siendo analizado. Además, se detuvo a 16 personas y se adoptaron medidas de aseguramiento sobre más de cincuenta cuentas bancarias.

La organización investigada era la más importante en la actualidad en España en el campo del fraude del IVA en componentes de ordenador y consumibles de electrónica. La organización había formado un complejo entramado de sociedades instrumentales que empleaba para las más diversas finalidades, siempre tratando de enmascarar sus actividades ilegales. Se ha detectado la existencia de más de una treintena de testaferros y de sociedades en Rumanía, Bulgaria, Chipre y Malta.

El jefe de la organización era un profesional de Valencia relacionado con este tipo de fraudes desde tiempo atrás y con antecedentes penales, que se valía de varias trabajadoras a las que había instruido sobre las “precauciones” que debían adoptar para no ser localizadas. Para ello, utilizaban nombres supuestos y decían trabajar para sociedades inexistentes que eran teóricamente controladas por testaferros reclutados entre personas insolventes.

Se sabe que varios de los principales clientes mayoristas de la organización habrían participado de forma concertada en la comisión masiva de fraude. Estos mayoristas son proveedores de otras sociedades conocidas como “integradoras de hardware”, es decir, aquellas que montan y comercializan los ordenadores llamados clónicos. Varias de estas sociedades clientes fueron registradas en la operación.

Dichas sociedades se beneficiaban de la defraudación adquiriendo los productos sensiblemente por debajo de los precios de mercado al ahorrarse el pago del IVA, que no ingresaban en ningún punto del entramado de compraventas entre sociedades. Esta ventaja competitiva les permitía poner en el mercado unos productos a unos precios muy por debajo del real. Las operaciones fraudulentas de compraventa se producían en varios países europeos, con el fin de dificultar su seguimiento.

Las investigaciones, que se han prolongado por espacio de más de un año, comenzaron al detectarse a un anciano que disponía de grandes cantidades de efectivo de las ganancias a través de una sociedad inmobiliaria de su propiedad. Todas las actuaciones se han realizado bajo la dirección del Juzgado número seis de Zaragoza.