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Ordeno y mando

Los militares no se comen a los niños crudos. Ésa parece ser la conclusión de los primeros días de trabajo de los controladores bajo la supervisión del Ejército. El Gobierno, que hace agua por los cuatro costados, ha descubierto el ordeno y mando sin rechistar. El truco es tan viejo como el mundo. Las democracias parlamentarias con derechos reconocidos para sus trabajadores son una excepción y las dictaduras son de lo más común. Algunas, como China, sorprenden cada año con la multiplicación de sus ratios económicos.

El felino agazapado en la selva –tal como describe WikiLeaks a ZP– ha probado la sangre de sus víctimas y necesita alimentarse de ella hasta el final de la legislatura. Ha convertido un problema estrictamente laboral, por la incompetencia de su ministro de Fomento, en una lanzadera política de réditos imprevisibles.

Los controladores, militarizados, están mejor calladitos, porque siempre es demagógico cargar contra los ricos. Las siguientes víctimas ya tienen fecha de ejecución: el 27 de enero, reforma de las pensiones, sí o sí, diga lo que diga el PP, que saca 18 puntos al PSOE, o el Pacto de Toledo. Los mercados aplauden los recortes del gasto aunque sean tan injustos como privar de medios de subsistencia a los parados de larga duración. Es más fácil dominar a los parados manu militari que hacer entrar en razón a los sindicatos. ¿No sería más humano y práctico repartir los 30.000 millones que figuran en los presupuestos entre más parados por más tiempo, o permitir contratos de trabajo más flexibles, que condenarlos a la exclusión social?

Por mucho que lloren nadie en su sano juicio apoya a un colectivo ruin que antepone sus intereses personales o los de toda una nación, pero, para que las medidas ejemplarizantes sean creíbles, el Gobierno debe asumir su culpa y entregar la cabeza de José Blanco, responsable político de un caos previsible al que, cada fin de semana, se la va la fuerza por la boca.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid), el 9 de Diciembre de 2010

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/opinion/ordeno-y-mando

«El Gobierno no ha retirado su propuesta de reforma de las pensiones», según Octavio Granados

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, negó este martes en el Fórum Europa que el Gobierno haya retirado su propuesta de retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, aunque admitió que podría modificarse.

Durante su participación en este foro, organizado por Nueva Economía Fórum, Granado defendió que “las propuestas no se retiran, se modifican”, y añadió que las medidas “se enuncian y, a partir de ese momento, son objeto de negociación”. En este sentido, subrayó que las reformas deben cerrarse con acuerdos de fondo, lo que implica que “todos modificamos nuestras posiciones de partida”.

Sobre las propuestas del Ejecutivo, especialmente el retraso de la jubilación, admitió que ha podido haber un fallo en la explicación de las medidas. “Tenemos un esfuerzo insuficiente de explicación”, dijo el secretario de Estado. En su opinión, es necesario que estas propuestas se discutan “desde un punto de vista menos dramático” y comparando las medidas “con lo que se hace fuera de nuestras fronteras”.

Granado recordó también que las anteriores reformas de pensiones siempre “tuvieron una pequeña carga de conflicto”, que, por ejemplo, llevaron a la convocatoria de una huelga general en 1985, a la salida de dos diputados socialistas del Congreso o a un “cisma sindical” en el año 2001. Sin embargo, defendió los beneficios que para el Sistema supusieron esas reformas y aseguró que si la Seguridad Social sigue con superávit es “porque hace 25 años empezamos a hacer reformas”.

Asimismo, instó a los grupos parlamentarios a que busquen un acuerdo, tal y como hicieron en reformas anteriores. “Incluso en el año 1995, en un momento político de gran crispación, los grupos supieron apartar sus diferencias”, dijo el secretario de Estado, quien aseguró que la situación ahora “es mucho mejor y las posibilidades de acuerdo político son mayores”. También reiteró que es “fundamental” la participación de los agentes sociales en este acuerdo y advirtió de que “perderíamos una oportunidad histórica si dejásemos de acordar las reformas” sobre la Seguridad Social.

REPARTIR EL AJUSTE
Granado explicó también que la reforma debería aplicarse sobre el mayor número posible de personas para poder repartir el ajuste necesario para que el Sistema sea sostenible. Es decir, si no se toman medidas que afecten a los que se jubilan a los 65 años (como el retraso de la edad legal a los 67 años), entonces el ajuste sobre el resto de personas que se retiran de forma anticipada “deberá ser mayor”. Lo mismo ocurre con el número de figuras que se reformen. Por ejemplo, si sólo se introducen modificaciones en la pensión de jubilación, y no en el resto, el ajuste sobre esta prestación también será mayor. “Hay que intentar repartir el ajuste”, subrayó.

Sobre la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, Granado fue contundente al asegurar que no es partidario de que se compute toda la vida laboral, y defendió que “hay soluciones técnicas mucho mejores”, por lo que “no son necesarios cambios tan abruptos”. Entre las razones para descartar la ampliación a toda la vida laboral existen también causas técnicas, como el hecho de que los datos sobre la situación en el empleo de los trabajadores antes de los años 80 “no tienen la misma calidad” que en la actualidad, por lo que sería difícil utilizar estos datos. No obstante, afirmó que es necesario dar una respuesta a las personas que pierden su empleo en una edad avanzada, aunque eso implique que “el resto de trabajadores veamos minorados en una parte muy pequeña” las pensiones.

Según Granado, las personas que se jubilan desde el desempleo representan cerca de un 2% del total, por lo que supondría “un pequeñísimo esfuerzo de todos” reponer sus pensiones. Granado defendió la necesidad de adoptar estas medidas, debido al envejecimiento de la población que llegará “más tarde” que en el resto de países europeos, pero “con mucha mayor intensidad”. Así, afirmó que la inmigración, el incremento de la tasa de actividad y el aumento de la productividad resolverán “parte del problema”, pero no el envejecimiento de la población. No obstante, señaló que estas fase crucial del Sistema será la que se corresponda con el “baby boom” registrado en España tras la guerra, entre los años 1958 y 1978, “después llegó la democracia y se empezó a tener menos hijos”. Posteriormente, pasados 20 años, la pirámide poblacional volverá a equilibrarse y la situación del Sistema mejorará.

El secretario de Estado defendió también que es mejor realizar reformas con un horizonte de aplicación a más años, -“mejor a 20 años que a 10”- y aseguró que es “razonable” que se aplique de forma paulatina, para evitar que una persona, por haber nacido unos días más tarde que otra tenga que jubilarse cinco años más tarde.
(Nueva Economía Fórum)