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Aznar: “Hay que reformar las CCAA para asegurar el Estado del bienestar»

Enviado por el enero 31, 2011 Sin comentarios

El ex presidente del Gobierno y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES, José María Aznar, ha afirmado que “las Comunidades Autónomas no son un problema” sino que “tienen problemas que es necesario resolver”. En este sentido, ha citado tres razones que hacen “inaplazable” las reformas en el funcionamiento de nuestro Estado autonómico: son necesarias, a su juicio, para “seguir siendo protagonistas del proyecto europeo”; para “asegurar el futuro de nuestra sociedad de bienestar”; y para “hacer plenamente vigente la Constitución de 1978 y preservar el derecho de la Nación española a decidir su propio destino libremente, a trabajar por su prosperidad y a permanecer unida”.

Aznar ha hecho estas declaraciones hoy lunes, 31 de enero, en la presentación del Informe FAES ‘Por un Estado autonómico racional y viable’ en la que también han intervenido la secretaria general de Partido Popular, María Dolores de Cospedal; el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la alcaldía, Juan Ignacio Zoido; y el diputado del PP Gabriel Elorriaga. El documento ha sido elaborado por el ex secretario de Estado para la Administración Pública Julio Gómez-Pomar; el interventor y auditor del Estado Mario Garcés; y el propio Elorriaga.

Lo que piensa Aznar y apoyará Rajoy

  • Es necesario “reformar el funcionamiento del Estado autonómico si queremos seguir siendo protagonistas del proyecto europeo”
  • “Si no estamos a la altura de las reformas que exige el modelo autonómico, será nuestra sociedad de bienestar la que lo pague”
  • La reforma es precisa para “hacer plenamente vigente la Constitución y preservar el derecho de la Nación a decidir su propio destino”
  • Alemania es un ejemplo de “cómo se pueden hacer bien las cosas en una nación europea mediante fórmulas de amplio consenso político”
  • “Pensar que basta con seguir haciendo política de vuelo corto con el modelo autonómico sería sencillamente dar la espalda a los problemas”
  • “Debemos resolver los problemas de nuestro Estado autonómico; de lo contrario tendremos dificultades para seguir anclados en el euro”
  • “La atención de las instituciones económicas está puesta en cómo pensamos resolver los problemas de nuestra organización territorial”
  • “El Constitucional ha fijado ya de manera inequívoca los límites jurídico-políticos del proceso descentralizador español”
  • “El modelo de Estado tiene una configuración definida y no puede quedar a merced del aventurerismo político de mayorías pasajeras”
  • “Hay quien sigue patrocinando un destructivo juego de suma negativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas que debilita a todos”
  • “No debemos convertir nuestra diversidad territorial en un viaje a ninguna parte impulsado por la obsesión de ser ‘igual de diferentes’”
  • “Necesitamos un Estado capaz de impulsar las reformas necesarias, que pueda defender de manera creíble nuestros intereses en el exterior”

Foto: FAES

Mini diálogo social

Enviado por el enero 21, 2010 Sin comentarios

Cuando no hay harina todo es mohína y ésta parece que va a ser la tónica de este diálogo social reducido a la mínima expresión. Los interlocutores están “quemados” antes de posar para la foto. Los sindicatos por su actitud pusilánime ante la crisis y la CEOE porque no ve más allá del abaratamiento del despido con un presidente en la picota. Las relaciones laborales en el siglo XXI son algo más que un horario, una nómina, un despido o una jubilación. La casuística se ha multiplicado de tal forma que ni los convenios sectoriales o provinciales o el papel que las leyes otorgan a los sindicatos son de aplicación en la actualidad.

Habrá quien piense que no es momento de abrir el melón de una reforma laboral en profundidad y dudo mucho de que con el talante del actual inquilino de La Moncloa tal reforma tuviera éxito, pero la base de toda nuestra organización laboral, el Estatuto de los Trabajadores, está pidiendo una revisión total. El citado Estatuto fue aprobado en 1980, y aunque ha sufrido casi medio centenar de modificaciones, el sistema productivo y las prioridades políticas, económicas y sociales andaban por otros derroteros.

España ha cambiado mucho en estos treinta años. La transformación de una sociedad agrícola e industrial a una de servicios, la adhesión a la Unión Europea, la liberalización de los mercados, el fenómeno de la emigración, la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo y, sobre todo, la aceleración del cambio tecnológico ha transformado la estructura económica y ha incidido de lleno en el empleo. Cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores no existía Internet y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha dado origen a una Nueva Economía que necesita nuevas reglas de juego. Quizá a los agentes sociales les baste un acuerdo de mínimos que garantice más la paz social que el progreso, pero el Gobierno debería ser más ambicioso y abordar una reforma en profundidad. Sólo así podremos coger el tren de la recuperación con los deberes hechos.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el día 21 de enero de 2010

El Gobierno aprueba la protección a los autónomos por cese de actividad y la subida de las pensiones

Enviado por el diciembre 23, 2009 Sin comentarios

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley que permite percibir prestación a los trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria. Además, ha acordado la subida general de las pensiones del 1%, si bien las pensiones mínimas se revalorizarán un 4% de media. El Ejecutivo también ha abordado una reforma global de la legislación sobre la energía nuclear.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Proyecto de Ley que regula la protección por cese involuntario de actividad de los trabajadores autónomos incorpora gran parte de las observaciones sugeridas por el Consejo Económico y Social. Tendrán derecho a esta protección los autónomos que están obligados a cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como aquellos que sin estar obligados decidan hacerlo.

La Vicepresidenta ha subrayado que el sistema acordado es «contributivo, solidario y sostenible financieramente» y aporta «nuevas garantías a nuestro mundo laboral». Además, responde a una reivindicación histórica de este importante colectivo y es una de las piezas esenciales del Estatuto del Trabajador Autónomo aprobado en la pasada legislatura.
Pensiones

El Ejecutivo ha aprobado el Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de otras prestaciones públicas para el ejercicio de 2010, que supone una subida con carácter general para el conjunto de más de ocho millones de pensiones contributivas del 8%. María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que la subida será mayor para los 2,7 millones de personas que perciben una pensión mínima, que se revalorizarán en una media del 4%.

Además, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto de revalorización y complementos de pensiones para Clases Pasivas del Estado para el próximo año. La revalorización de este tipo de pensiones se fija en el 1%, igual que el IPC previsto para el ejercicio. La decisión afecta a cerca de 600.000 personas y tendrá una incidencia económica de 116 millones de euros.

Las pensiones mínimas en Clases Pasivas, según Fernández de la Vega, experimentarán un incremento entre el 2% y el 4,7%, según la situación del pensionista y la clase de pensión de que se trate. Unos cuarenta mil pensionistas se verán beneficiados de este incremento de mínimos.

En materia económica, el Consejo de Ministros ha acordado la modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tras la aprobación en el Congreso de los Presupuestos para el año 2010. La Vicepresidenta ha afirmado que «se mantiene la deducción de los 400 euros para las rentas más bajas», en concreto para aquellos contribuyentes cuya base imponible sea inferior a los 8.000 euros.

Además, la deducción se mantiene de manera progresivamente decreciente para los contribuyentes para bases imponibles entre los 8.000 y los 12.000 euros. Fernández de la Vega también ha señalado que se modifica el tipo de retención aplicable en este impuesto, que pasa del 18% al 19%.

Energía nuclear

Otro de los asuntos más importantes abordados por el Consejo de Ministros es la reforma global de la legislación en torno a la energía nuclear. La Vicepresidenta ha destacado que la iniciativa responde a tres objetivos: dar más transparencia y estabilidad a la renovación de las autorizaciones de explotación; transponer a nuestro ordenamiento la normativa internacional más reciente y cumplir con los compromisos del Plan General de Residuos Radioactivos.

Por ello, el Gobierno ha analizado el Anteproyecto que reforma la Ley sobre Energía Nuclear de 1964. El texto, según De la Vega, además de incluir definiciones nuevas sobre qué se entiende por seguridad nuclear, vida de diseño y vida útil, modifica los procedimientos de renovación de las autorizaciones de explotación de las instalaciones nucleares.

Así, se establecen dos tipos de procedimientos: el ordinario, que se aplicará cuando la solicitud de renovación no supere extender la vida útil de la central nuclear más allá de los 40 años, y el extraordinario, cuando la instalación haya llegado ya a ese plazo.

La Vicepresidenta ha apuntado que en este último caso el Consejo de Ministros deberá autorizar el procedimiento teniendo en cuenta consideraciones de interés general, como la seguridad del suministro, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro de las modificaciones contenidas en este Anteproyecto establece que la titularidad de la autorización de explotación de una instalación nuclear será única.

María Teresa Fernández de la VegaEn materia de energía nuclear, el Ejecutivo también ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Civil Nuclear. Con esta norma, el tramo de la responsabilidad que debe ser cubierto por los titulares de las instalaciones nucleares se incrementa pasando de los 150 millones de euros actuales a los 1.200 millones de euros, según ha explicado Fernández de la Vega.

Además, se amplía el concepto de daño nuclear a los daños medioambientales, se introducen medidas reparadoras y se aumenta a treinta años el periodo de reclamación para daños y para personas.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba el nuevo modelo de financiación

Enviado por el julio 15, 2009 Sin comentarios

cppfEl Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, en el transcurso de la reunión mantenida hoy en el Ministerio de Economía y Hacienda. El nuevo modelo de financiación se ha aprobado en primera votación con 10 votos a favor, lo que significa más de dos tercios de los votos, y 7 abstenciones. Las comunidades autónomas que han dado su apoyo al acuerdo de reforma han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta.

Las abstenciones han correspondido a las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, y la ciudad autónoma de Melilla. País Vasco y Navarra han mantenido la tradicional posición de no votar por ser dos comunidades autónomas que no se rigen por el régimen común. Tras la aprobación del nuevo modelo de financiación, el Gobierno trabajará en las próximas semanas en la redacción del anteproyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como de la Ley 21/2001.

El nuevo modelo de financiación, según el Gobierno,  tiene dos objetivos fundamentales: que todas las comunidades autónomas puedan contar con más recursos y que todos los ciudadanos tengan garantizada la igualdad en los servicios públicos fundamentales –sanidad, educación y servicios sociales- sea cual sea la comunidad autónoma en la que residan. Así, este sistema resulta más justo y equitativo que el anterior y beneficia a todas las comunidades autónomas, porque todas van a ver mejorada su financiación, y a todos los ciudadanos, porque tendrán mejores servicios públicos.

Con el nuevo modelo, las comunidades autónomas -siempre según el Gobierno- tendrán mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, ya que contarán con un mayor porcentaje de impuestos cedidos y una mayor capacidad normativa. El 80% de los recursos del sistema se destinarán a la solidaridad, garantizando igual financiación para los servicios públicos fundamentales, y el 20% restante sufragará la convergencia entre comunidades autónomas. y garantizará la suficiencia financiera para el desarrollo del resto de competencias transferidas. El Estado aportará en torno a 11.000 millones de euros adicionales.

Para atender a estos objetivos, los instrumentos con que cuenta el nuevo sistema son el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que financiará en condiciones  de igualdad la sanidad, la educación y los servicios sociales; el Fondo de Suficiencia Global para la financiación de las competencias transferidas, que completa los recursos tributarios propios de cada autonomía; y dos fondos de convergencia: el de Competitividad, que permitirá reducir las diferencias en financiación per cápita, y el de Cooperación, para ayudar a las que tienen menor nivel de renta.

Así, el nuevo modelo asegura, según la ministra de Econmía Elena Salgado, la financiación adecuada de todos los servicios públicos y las competencias transferidas, se reducen las diferencias en financiación y renta per cápita y se refuerza el Estado del Bienestar en todas las comunidades, gracias a la mayor aportación de recursos por parte del Estado.

El nuevo sistema parte del reconocimiento de los cambios demográficos  de la última década en España y plantea un mecanismo de actualización anual que permite un sistema más flexible y eficaz que el anterior. El modelo se rige por criterios de población ajustada que reflejan mejor las diferencias en el coste de la prestación de los servicios en las distintas comunidades autónomas, de modo que se pueda dar una mejor respuesta a sus necesidades reales de gasto. De esta forma, se incluyen variables como el número de habitantes, la población sanitaria protegida, la población escolar, los mayores de 65 años, la dispersión, la densidad o la insularidad.

La Comisión Nacional de la Comptencia quiere un comercio más libre

Enviado por el abril 13, 2009 Sin comentarios

1105761_gull_1La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) estima que el momento actual resulta particularmente propicio para poner de manifiesto el margen de mejora, desde el punto de vista de la competencia, con que cuenta la regulación de la distribución comercial en España. El proceso de transposición de la Directiva comunitaria de servicios obliga a realizar una evaluación de la regulación sectorial en vigor afectada por dicha Directiva, al objeto de adecuarla a la misma. Dicho proceso supone la necesidad ineludible de revisar la normativa relativa a la ordenación del comercio tanto por parte del Estado como por parte de las distintas Comunidades Autónomas.

En lo que hace a la legislación estatal, la atención debe centrarse en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, cuya reforma se encuentra en curso al objeto de adecuarla a la Directiva de Servicios. La Ley de ordenación del comercio minorista es una norma que, a pesar de incluir expresamente en su Exposición de Motivos el mantenimiento de la libre competencia como uno de sus fines esenciales, presenta en determinados aspectos un marcado carácter intervencionista que se materializa en la existencia de determinadas restricciones a la competencia que es necesario superar.

A tal fin, la CNC considera que la correcta adecuación de esta Ley a la Directiva de Servicios debería implicar la alineación de esta norma con los principios de dicha Directiva en cuanto a la reducción de cargas administrativas y a la excepcionalidad en la instauración de regímenes de autorización para el ejercicio y el establecimiento de los servicios.

Así, según la CNC,  debe procederse a:
1. La supresión del régimen de la licencia comercial obligatoria para la instauración de grandes superficies. Para solucionar esta situación, debería reformarse la Ley de ordenación del comercio minorista eliminando de plano la obligación de obtener licencia comercial específica para la instauración de una gran superficie comercial, (art. 6), así como para cualquier otro tipo de formato comercial. También debería eliminarse el concepto de gran establecimiento comercial (art. 2.3).
2. La reconsideración de otros regímenes de autorización específicos. Es el caso de la instalación de máquinas para la venta automática (art. 49), y del ejercicio de la venta ambulante (art. 54).
3. La eliminación de la obligación de inscribirse en determinados registros para prestar una determinada actividad. Es el caso del Registro de ventas a distancia (art. 38) y del Registro de franquiciadores (art. 62).
En todo caso, la necesidad de liberalizar este sector debería ir más allá, en opinión de la CNC, del mero ejercicio de transposición de la Directiva de servicios. Así, si nos ceñimos a la Ley de ordenación del comercio minorista, existen a lo largo de su articulado diversos preceptos cuya modificación resultaría altamente recomendable desde el punto de vista de competencia, con independencia de que en sentido estricto la Directiva de servicios no obligue a modificarlos.
En particular, según la CNC, resultaría altamente conveniente aprovechar el impulso de reforma actual para, entre otras actuaciones eliminar la prohibición de venta de mercaderías en establecimientos financieros (art.8) y la restricción de las rebajas a períodos determinados (art. 25).