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Presupuestos de infarto

Enviado por el mayo 27, 2011 Sin comentarios

La dimisión de Zapatero y la convocatoria de elecciones generales no son un asunto partidista sino una cuestión de Estado. Tras la pérdida de confianza en este Gobierno avalada por el voto de los españoles, el BOE publicó el 24 de mayo dos órdenes ministeriales que secuestran la voluntad de cambio durante lo que queda de este ejercicio y el próximo, gane quien gane en las elecciones de 2012.

Se trata de sendas disposiciones con las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, firmadas por la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado. Esto significa que, a pesar de que el PSOE está roto y los barones del partido tratan de echar a Zapatero y no está claro quién va ser el sustituto/a, la maquinaria del Estado continúa en las mismas manos y se dispone a elaborar, una vez más, la ley más importante en democracia para una nación: la ley de Presupuestos.

Por razones desconocidas sólo achacables al caos de la Administración del Estado, la publicación en el BOE de las normas para la elaboración de los escenarios presupuestarios para 2012-2014 y las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales para 2012 se han publicado al límite del tiempo razonable para presentar las cuentas, toda vez que en el citado decreto se insta a los centros gestores a que envíen la propuesta de ingresos y gastos a la Dirección General de Presupuestos antes del 11 de junio, es decir, 14 días hábiles.

A partir de esta fecha –y hasta septiembre– el Gobierno podará las cuentas del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y agencias estatales hasta cumplir los requisitos que imponga Merkel y, después serán subastados al mejor postor entre PNV, CiU y CC para ver quién le presta oxígeno a Zapatero hasta que los albañiles terminen su casa de León.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LAGACETA (Madrid), el 26 de mayo de 2011

Zapatero anuncia la remodelación del Ejecutivo

Enviado por el octubre 20, 2010 Sin comentarios

El presidente del Gobierno ha dado a conocer hoy, en una comparecencia en La Moncloa, el cambio en la Vicepresidencia primera del Gobierno y en varios departamentos ministeriales, que se reducen a quince, dos menos que en el anterior gabinete. Alfredo Pérez Rubalcaba será el nuevo vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, en sustitución de María Teresa Fernández de la Vega, y compaginará sus nuevos cargos con el de ministro del Interior, que ya venía desempeñando desde abril de 2006.

El Ministerio de la Presidencia, del que también era titular María Teresa Fernández de la Vega, lo ocupará Ramón Jáuregui, que actualmente es diputado en el Parlamento Europeo. Trinidad Jiménez, hasta ahora ministra de Sanidad y Política Social, será la titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en sustitución de Miguel Ángel Moratinos. El Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social, lo ocupará Leire Pajín, que actualmente es Secretaria de Organización Federal del PSOE. Este nuevo Ministerio reunirá el antiguo de Sanidad y Política Social, ocupado por Trinidad Jiménez, con el de Igualdad, del que era titular Bibiana Aído.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración, en sustitución de Celestino Corbacho, lo ocupará Valeriano Gómez, que actualmente es consejero del Consejo Económico y Social de España. Del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino será titular Rosa Aguilar, actual Consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, que relevará a Elena Espinosa. El Ministerio de Vivienda será absorbido por el de Fomento. Los nuevos componentes del Gobierno y los que han cambiado de cartera ministerial jurarán o prometerán sus cargos ante el Rey mañana a las 17 horas en el Palacio de La Zarzuela.

El presidente del Gobierno ha comenzado su intervención diciendo que la vía libre dada hoy por el Pleno del Congreso de los Diputados a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año posibilita que se completen las reformas económicas y sociales puestas en marcha por el Ejecutivo para acelerar la recuperación de la economía y del empleo. Unas reformas «para crecer antes y para crecer mejor» y destinadas a «salvaguardar y fortalecer nuestro Estado del Bienestar».

El jefe del Ejecutivo dijo que «el rumbo está trazado pero hay que recorrerlo hasta el final», y, para ello, a su juicio, hace falta «un Gobierno renovado y políticamente reforzado» al que se incorporan nuevas personas, con un perfil político muy claro, con gran experiencia de gestión, con extensa trayectoria en puestos de responsabilidad y con gran capacidad de comunicación, argumentó.

Agradecimientos

El presidente quiso agradecer el espíritu de servicio y la lealtad a los miembros que abandonan el Gabinete y, en especial, a María Teresa Fernández de la Vega «por toda su dedicación, por su trabajo, día y noche, por su coraje, por su entrega, y por la aportación decisiva al desarrollo de derechos y libertades fundamentales en nuestro país, a la defensa de la igualdad». Igualmente, expresó su gratitud a Miguel Ángel Moratinos y a Elena Espinosa, que han permanecido el Ejecutivo desde 2004, a Beatriz Corredor y a Bibiana Aído, por su tarea a la hora de «consolidar nuevas políticas en materia de vivienda y de igualdad». Finalmente, se refirió a Celestino Corbacho del que señaló que ha ejercido la cartera de Trabajo e Inmigración «en momentos particularmente difíciles, pero  que ha dejado encauzada una importante reforma del mercado de trabajo».

Los PGE para 2011 son “para salir del paso” , según el Instituto de Estudios Económicos

Enviado por el octubre 18, 2010 Sin comentarios
  • La presión fiscal repercutirá negativamente sobre el crecimiento económico.
  • Se deberían recortar las cotizaciones sociales y el impuesto sobre sociedades.
  • La previsión del Gobierno sobre el PIB y la tasa de paro no son realistas.
  • El déficit público se ha convertido en un problema por sí mismo.

El Instituto de Estudios Económicos ha presentado la Nota de Opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2011. El informe, presentado por Gregorio Izquierdo, Director del Servicio de Estudios, destaca que los PGE para el año que viene son unos Presupuestos “para salir del paso” y carentes de política económica, en los que se han elevado los impuestos y recortado de forma lineal casi todos los programas de gasto, pero sin un plan consistente a largo plazo. Faltos de credibilidad, deberían haber reestructurado el gasto, mediante un replanteamiento de numerosas políticas y una reforma profunda en las Administraciones Públicas. Para ello hace falta un plan integral, coherente y estructurado. Además, la mayor presión fiscal que suscitan los Presupuestos repercutirá negativamente sobre el crecimiento económico, impactando sobre la competitividad empresarial y sobre la creación de empleo, por lo que debería priorizarse el recorte de aquellos que penalizan la contratación (cotizaciones sociales) o reducen su nivel por la vía de encarecer la inversión (impuesto sobre sociedades).

A pesar de la profunda crisis que está atravesando España, ésta ha conseguido, por el momento, escapar del ojo del huracán de la crisis de la deuda que arrasó los mercados financieros europeos entre abril y junio, y que obligó al Gobierno a adoptar una política más seria de consolidación fiscal. Este respiro ha sido posible gracias a la credibilidad generada por los ajustes fiscales iniciados, por el intenso proceso de reestructuración en el que se encuentran las Cajas de Ahorros y por la publicación de los test de estrés a finales de julio. Pero este equilibrio es muy frágil, por lo que los PGE deberían, ahora más que nunca, despertar confianza y credibilidad.

En los dos primeros trimestres de este año, nuestra economía ha presentado tasas de crecimiento intertrimestrales positivas, un 0,1% y un 0,2%, respectivamente, gracias a un renovado, aunque probablemente temporal, empuje de la demanda nacional, tanto del consumo como de la inversión en bienes de equipo, cuya aportación al crecimiento ha vuelto a ser positiva tras ocho trimestres de contribuciones negativas. Pero los datos que se conocen del tercer trimestre apuntan a un debilitamiento de la actividad económica. El cuadro macroeconómico para los PGE de 2011 prevé un ascenso del PIB del 1,3%, cifra irreal si la comparamos con la manejada por el consenso y por los organismos internacionales, que se sitúa entre el 0,4% y el 0,8%.
Respecto a la previsión de la evolución del empleo tampoco es realista. Se estima un ascenso del 0,3%, cuando lo más probable es una caída del 0,5%. La tasa de paro media anual, por su parte, no bajará del 20%, frente al 19,3% pronosticado por el Gobierno. En suma, el cuadro macro sobre el que se sustentan los PGE-2011 contiene una sobreestimación de la demanda y del producto, y una infraestimación del desempleo, lo que hace imposible el cumplimiento de las previsiones de los ingresos y de muchos de los gastos contenidas en los mismos.

Es necesaria una reestructuración del gasto público
Los recortes han sido muy generalizados, y afectan prácticamente a todas las políticas y a todos los programas de gasto, con pocas excepciones. La estrategia seguida por el Gobierno
para afrontar el ajuste ha sido la de recortar la dotación destinada a cada programa, especialmente en los capítulos de operaciones de capital. En lugar de ello, se debería haber efectuado una reestructuración completa del gasto mediante el replanteamiento de todos y cada uno de los programas, suprimiendo en su totalidad los que sean innecesarios o dupliquen otros de las CC.AA., por tratarse de competencias transferidas, integrando programas para reducir costes cuando sea posible. Asimismo, se debe llevar a cabo un plan de reforma global de las Administraciones Públicas para elevar su eficiencia y reducir su tamaño, labor que puede superar el ámbito de actuación de unos PGE, y que requiere la colaboración de todas las Administraciones Territoriales, pero hacia el que el Gobierno no ha dado ningún paso.

La entrada en vigencia en 2011 del nuevo sistema de financiación territorial conlleva una reducción tanto de los ingresos del Estado, debido a la mayor participación de las Comunidades Autónomas en la recaudación impositiva, como de los gastos, porque esa mayor participación en los ingresos supone también una reducción de los recursos transferidos a las mismas. Esto hace que las cifras de gastos totales contenidas en los PGE-2011 no sean comparables con las de los PGE-2010, salvo que se excluya de ambas la cuantía destinada a la financiación de las Administraciones Territoriales. En estos Presupuestos, una de las partidas que ha sufrido mayores recortes ha sido la inversión pública, que debería ser revisada, mientras que el recorte previsto del gasto público será insuficiente. Crece la presión fiscal; se aplaza la recuperación

El Proyecto de PGE estima unos ingresos impositivos totales por valor de 164.278 millones de euros para el próximo año, es decir, un 6,2% adicional respecto al año anterior atendiendo al avance de la liquidación. El aumento de la recaudación impositiva viene avalado, fundamentalmente, por dos hechos: la recuperación económica prevista por el Gobierno para 2011 y el aumento de la presión fiscal motivado por la subida de los tipos impositivos de distintas figuras tributarias. Es cierto que la consolidación presupuestaria era inaplazable e ineludible para devolver la confianza a los agentes económicos, pero la vía adecuada es la de la reducción del gasto. En este sentido, las medidas de consolidación presupuestaria no deberían incluir un aumento de la presión fiscal, y mucho menos sustentar ese aumento en la imposición directa. De hecho, es inconcebible que la recaudación impositiva directa crezca un 6,5% frente al aumento del 5,7% de los impuestos indirectos, lo que responde a una estructura tributaria que provoca un exceso de gravamen, distorsionando las principales decisiones de los individuos sobre el trabajo, el ahorro o la inversión. En el contexto actual en el que se atisba una leve recuperación económica, no resulta lo más conveniente penalizar el trabajo dado el nivel de desempleo ni tampoco el ahorro con el elevado nivel de endeudamiento de la economía española. Dentro de las prioridades, es obligado revisar el Impuesto sobre Sociedades que sigue siendo uno de los más gravosos de Europa con el consiguiente impacto sobre la competitividad empresarial, la cual se vería beneficiada además si se redujeran las cotizaciones sociales a cargo del empleador.

El déficit público seguirá disparado durante este año, por lo que es necesario un ajuste vía reducción del gasto público corriente y nunca incrementando los impuestos, ya que los multiplicadores de recuperación económica son más elevados para las bajadas de estos últimos que para los aumentos de gasto. Nuestro déficit público se ha convertido en un problema en sí mismo. Hay que contemplar el déficit del 2010 que, incluso, tras el plan de ajuste de mediados de año, va a cerrar este ejercicio en un nivel del 9,3% del PIB, según el Gobierno, cuantía que también supone un importante discrepancia respecto al 5,4% que planteaban los Presupuestos para este ejercicio en curso. Si los Presupuestos no se cumplen y, además, en magnitudes elevadas, pierden credibilidad, con lo que dejan de servir de referencia a los agentes económicos. Es obligado evitar las desviaciones y ampliaciones de crédito sobre lo presupuestado. A estos efectos, se debería en los PGE incorporar un detalle de las partidas de ajuste y de la prioridad entre ellas, que serían de supresión automática en el caso de que se produjeran desviaciones de gasto o aumentos de déficit por encima de la previsión inicial. Un programa de consolidación presupuestaria suficiente y creíble es la clave también para luchar contra el espectacular aumento de las primas de riesgo de nuestra deuda pública derivado del incremento del déficit, como ocurrió la pasada primavera, que puso de manifiesto una fuerte pérdida de confianza acerca de nuestra capacidad de hacerla frente en el actual contexto recesivo.

Presupuestos anticrisis con importantes recortes del gasto para 2011

Enviado por el septiembre 30, 2010 Sin comentarios

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Estos Presupuestos continúan el esfuerzo de consolidación fiscal iniciado en las cuentas públicas de 2010 y permitirán cumplir con el objetivo de déficit del 2,3% del PIB fijado para la Administración General del Estado en la senda de consolidación fiscal definida dentro del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria para el periodo 2010-2013. Ésta establece como objetivo para el conjunto de las Administraciones Públicas cerrar el ejercicio de 2011 con un déficit del 6% del PIB. Son, por tanto, unos presupuestos austeros, que desarrollan las medidas de ajuste planteadas en el Plan de Revisión del Gasto de la Administración General del Estado 2011-2013, aprobado en mayo pasado; pero que también optimizan la eficiencia en el uso de los recursos públicos para, apoyándose en el proceso de reformas estructurales puesto en marcha en los últimos meses, contribuir a la recuperación de la economía española. Persiguen, por tanto, dos objetivos complementarios: la reducción del déficit, como prioridad en el corto plazo; y el incremento de la competitividad de nuestra economía, como objetivo a medio y largo plazo. Las cuentas públicas de 2011, además, mantienen el esfuerzo en protección social, singularmente en lo que se refiere a la protección de los desempleados y los pensionistas con prestaciones más bajas; y priorizan en términos relativos aquellas políticas de gasto que se estiman prioritarias para promover el cambio de modelo productivo, como las relacionadas con I+D+i y educación.

PRIORIDAD: LA CONSOLIDACIÓN FISCAL
Los compromisos adquiridos por el Gobierno en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento establecen que el déficit público del conjunto del sector público español debe reducirse desde el 11,1% del PIB que se alcanzó en 2009, hasta el 3% en 2013, es decir, en sólo cuatro ejercicios presupuestarios. Para lograrlo resulta necesario que el déficit de las cuentas públicas se sitúe en el 6% del PIB a la finalización del año 2011 y que el déficit del Estado se reduzca hasta el 2,3% durante el próximo año, según marca la senda de consolidación fiscal aprobada por el Parlamento.

Al objeto de cumplir con ese objetivo, los Presupuestos Generales del Estado para 2011 recortan un 7,9% el gasto de la Administración General del Estado respecto al presupuestado en 2010. El techo de gasto no financiero del Estado queda situado así en 122.022 millones de euros en términos homogéneos. Esta cifra no incluye la financiación de las administraciones territoriales, dado que la plena entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómica impide la comparación directa con los datos de 2010. Esto es así porque el modelo aprobado en diciembre de 2009 supone una reducción del gasto estatal, debido al menor importe del Fondo de Suficiencia, consecuencia, a su vez, de la mayor cesión de impuestos a las comunidades autónomas. Una vez sumada la financiación territorial, el límite de gasto no financiero del Estado se sitúa en 150.056 millones, inferior en un 18,9% al de 2010. Este fuerte ajuste del gasto público en 2011 materializa los criterios de austeridad recogidos en el Plan de Revisión del Gasto de la Administración General del Estado para el periodo 2011-2013, aprobado el pasado mes de mayo. En el marco de este plan, el proyecto presupuestario que el Gobierno ha presentado hoy en el Congreso concreta, entre otras medidas, la congelación de las retribuciones del personal al servicio de la Administración, consolidando así el efecto de la rebaja media del 5% puesta en práctica el pasado mes de junio; y la restricción de la oferta de empleo público, por la vía de cubrir sólo una de cada diez vacantes que se generen en la Administración.

El resultado de esta estrategia de austeridad tiene fiel reflejo en las cuentas públicas de 2011, que van a permitir la reducción en cerca de 20.000 millones de euros (1,9% del PIB) del desequilibrio acumulado por las arcas del Estado durante la crisis económica. Para conseguirlo, los Presupuestos plantean una disminución media del 15,6% en los créditos disponibles por parte de los ministerios, que deberán trasladar este ajuste a los capítulos y partidas presupuestarias que estén bajo su gestión; y recortan en un 6,7% los gastos de funcionamiento de la Administración General del Estado (excluidos los asociados a la celebración de procesos electorales), lo que será posible mediante un utilización más eficaz de los medios materiales disponibles.

No se reducen los recursos destinados a gasto social, que crecen un 1,3% hasta los 183.231 millones de euros, un 58% del presupuesto total consolidado. El Gobierno mantiene su compromiso de garantizar el nivel de cobertura de las prestaciones por desempleo, así como el de dotar el Fondo de Reserva de las pensiones, que recibirá 3.457 millones de euros adicionales. El gasto en pensiones aumenta un 3,6%. Entre las partidas que no se ven afectadas por estos recortes generalizados destacan la de becas, que experimenta un crecimiento del 2,6% hasta alcanzar un importe de 1.430 millones de euros; y la de las pensiones mínimas, que se incrementan un 1% durante el ejercicio. El ajuste afecta a casi todas las partidas de gasto, si bien el Gobierno ha tratado de preservar las políticas que más pueden contribuir a incrementar la capacidad productiva de la economía. De este modo, las actuaciones directas en I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación sólo ven recortadas sus dotaciones en un 1,6%, manteniendo los niveles de inversión actuales vinculados al Plan Nacional de I+D+i y a la Estrategia de Innovación; mientras que el esfuerzo inversor en infraestructuras se reduce, pero mantiene en 2011 una importante dotación de 17.074 millones de euros.

SEGUIRÁN MEJORANDO LOS INGRESOS
Los ingresos no financieros del Estado antes de descontar la participación de las administraciones territoriales en IRPF, IVA eImpuestos Especiales, lo que permite compararlos con los de 2010, alcanzarán los 178.917 millones de euros, un 5,7% más que la recaudación esperada para el presente ejercicio. Excluida la cesión a los entes territoriales, los ingresos no financieros del Estado serán de 106.020 millones de euros. Por su parte, los ingresos tributarios del Estado en términos homogéneos, es decir, antes de la cesión de parte de los mismos a los entes territoriales, experimentarán un incremento del 6,1%, situándose en 164.932 millones de euros, frente a los 155.322 millones de 2010. El empuje proporcionado por el inicio de la reactivación económica y el efecto positivo sobre la recaudación de las diferentes medidas normativas puestas en marcha por el Gobierno -tanto en los últimos presupuestos como en el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias de reducción del gasto público de mayo- permitirán consolidar el crecimiento de los ingresos por segundo año consecutivo.

Las nuevas medidas fiscales incluidas en el proyecto de Presupuestos
tendrán un efecto limitado en la recaudación. En concreto, el proyecto que inicia hoy su tramitación parlamentaria prevé la creación de dos nuevos tramos en el IRPF para las rentas del trabajo y de actividades económicas más elevadas. El primero se aplicará a los contribuyentes con base liquidable general de entre 120.000 y 175.000 euros, y supondrá elevar en un punto el tipo marginal máximo de la cuota estatal del IRPF, que pasa del 21,5% al 22,5%. El segundo tramo de nueva creación gravará a los contribuyentes con bases liquidables superiores a 175.000 euros, que verán elevado su marginal máximo en dos puntos, pasando al 23,5%. También se crea un nuevo límite máximo de 300.000 euros en el IRPF para las retribuciones plurianuales, por encima del cual no será de aplicación la reducción del 40%; y se modifica la normativa de las sicav para someter a gravamen todas las percepciones que materialicen sus partícipes independientemente del método utilizado. Finalmente, también se reforma el Impuesto sobre Sociedades para permitir que las entidades de reducida dimensión que pierdan tal condición, como consecuencia del incremento de su facturación o de operaciones societarias, puedan seguir aplicándose el régimen especial previsto para este tipo de empresas durante los tres ejercicios siguientes. Estas entidades también disfrutarán de exención en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las operaciones de ampliación de capital que lleven a cabo en 2011 y 2012.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado incorpora, asimismo, medidas fiscales incluidas en otros proyectos normativos, pero cuya puesta en marcha se quiere garantizar para el 1 de enero de 2011. Entre éstas destaca la supresión parcial de la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF para contribuyentes con bases imponibles iguales o superiores a 24.170,20 euros, así como la equiparación de los límites establecidos para la aplicación de este beneficio fiscal con los de la deducción por alquiler.La recaudación por IRPF alcanzará los 71.761 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2% en relación a los ingresos previstos en 2010, debido, principalmente, al incremento esperado en las rentas del capital, al moderado crecimiento del empleo y a los cambios normativos introducidos en el impuesto.

El Impuesto sobre Sociedades, por su parte, proporcionará unos ingresos de 16.008 millones de euros, con un crecimiento del 9,3% sobre la previsión de liquidación de este año. Este mejor comportamiento se explica por la mejora esperada en los beneficios empresariales. En el primer año completo en el que estarán en vigor los nuevos tipos en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la previsión de recaudación asciende a 48.952 millones de euros, un 7,3% más que en 2010, incremento explicado en su mayor parte por el alza de tipos del impuesto. Los Impuestos Especiales recaudarán un 2,3% más en 2011 y aportarán 20.825 millones de euros a las arcas públicas, mientras el capítulo de otros ingresos tributarios sumará 7.386 millones, un 2,3% más.

El precio del voto

Enviado por el octubre 21, 2009 Sin comentarios

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) retratan cada año al Gobierno y a sus compañeros de viaje. En este caso Coalición Canaria y el PNV. Los PGE para 2010 podrían aspirar al récord Guinnes por la unanimidad de instituciones económicas, políticas y sociales en su contra. La guinda la han puesto los exministros socialistas Solchaga y Solbes que vaticinan que Elena Salgado se convertirá como Lot en estatua de sal.

El Gobierno va a sacar adelante los Presupuestos con mayoría suficiente de escaños, pero no de votos populares. La Ley de D´Hont se adoptó como un instrumento para evitar la dispersión de la representación popular entre los partidos minúsculos que se presentan a las elecciones y primar a los mayoritarios, pero la norma electoral acabó beneficiando a los partidos nacionalistas. En 2008 votaron 25 millones y medio de españoles.

Los votos del PSOE, el PNV y Coalición Canaria sumaron 11,5 millones de sufragios. Esos once millones y pico se van a imponer a los casi trece que suman el resto de los partidos que no van a dar su apoyo al Gobierno y piden la retirada de los Presupuestos. De nada sirve que los PGE no se sostengan en sus previsiones de ingresos y gastos y que su objetivo sea pagar subvenciones y no crear empleo; el PNV quiere blindar su Concierto y los canarios 25.000 millones para sus islas. Ese es el precio del voto.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 21 de octubre de 2009