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Rajoy: “Estos PGE son perniciosos por sus contenidos y lamentables por sus carencias”

El presidente del Partido Popular ha defendido la posición del Grupo Popular en el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.Durante su intervención, Rajoy denuncia que la situación de España no es la que «debería» y destaca que actualmente no nos encontramos en el momento de «exponer buenos propósitos para salir al paso. Necesitamos la adecuación de los medios porque las últimas medidas anunciadas por el Gobierno darán como resultado: más paro, más deuda, más impuestos y más recortes sociales». Por tanto, el líder popular no comprende los motivos por los que «lo que a todo el mundo le parece mal, cuente con la bendición de esta cámara». En el Pais Vasco y Canarias también se van a sufrir las consecuencias de la aprobación de estos presupuestos, ya que ambas comunidades han tenido un aumento del paro, se reabajarán las pensiones, se subirán los impuestos y se aumentará el déficit.

El líder popular cuestiona al Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC), «¿dónde queda aquella inquetud por la defensa de los pensionistas? ¿y la energía con la que defendieron los recortes que hoy están apoyando?». De esta manera Mariano Rajoy es tajante «estos presupuestos o sirven o no sirven. No son el instrumento adecuado, ni austeros ni fiables». Rajoy ha aludido a los dos partidos que han apoyado estos PGE cuestionando si en el País Vasco o Canarias «no hay paro», y pide «que algún día nos expliquen qué han acordado PNV y CC con el Gobierno».

Durante su intervención, otro de los puntos fuertes que ha puestos de manifiesto el líder popular ha sido que estos Presupuestos optan por los «recortes indiscriminados. Son unos Presupuestos contra las políticas de crecimiento y antisociales». En conclusión, el número uno del PP pide que se hagan las cosas bien bajo la premisa de que: «España se recuperará en cuanto se hagan las cosas bien» y esto llevará consigo una vuelta a la confianza, la inversión y la creación de empleo.ç

El líder popular ha respondido a la vicepresidenta segunda del Gobierno afirmando que la Elena Salgado no iba a hablar de los acuerdos entre el Gobierno con PNV y CC y «lo ha hecho por mi intervención». Efectivamente he hecho referencia a la intevención de Rajoy pero «usted debería haber advertido que esto se lo trasladé a la Cámara no a usted, porque usted no ha intervenido para nada en estas negociaciones, en las que no ha habido transparencia». Por tanto, Mariano Rajoy afirma el «sin sentido» y la falta de propuestas solo aseguran una subida del paro. Por tanto y en conclusión, Mariano Rajoy es tajante. «No voy a votar estos Presupuestos: por su contenido, por su origen, por la política económica nefasta, porque no tienen futuro, ni credibilidad. Es lo mejor para España». Además el líder popular ha pedido ante la cámara que este documento se devuelva «al sitio de donde nunca tuvo que salir».

Los PGE para 2011 son “para salir del paso” , según el Instituto de Estudios Económicos

  • La presión fiscal repercutirá negativamente sobre el crecimiento económico.
  • Se deberían recortar las cotizaciones sociales y el impuesto sobre sociedades.
  • La previsión del Gobierno sobre el PIB y la tasa de paro no son realistas.
  • El déficit público se ha convertido en un problema por sí mismo.

El Instituto de Estudios Económicos ha presentado la Nota de Opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2011. El informe, presentado por Gregorio Izquierdo, Director del Servicio de Estudios, destaca que los PGE para el año que viene son unos Presupuestos “para salir del paso” y carentes de política económica, en los que se han elevado los impuestos y recortado de forma lineal casi todos los programas de gasto, pero sin un plan consistente a largo plazo. Faltos de credibilidad, deberían haber reestructurado el gasto, mediante un replanteamiento de numerosas políticas y una reforma profunda en las Administraciones Públicas. Para ello hace falta un plan integral, coherente y estructurado. Además, la mayor presión fiscal que suscitan los Presupuestos repercutirá negativamente sobre el crecimiento económico, impactando sobre la competitividad empresarial y sobre la creación de empleo, por lo que debería priorizarse el recorte de aquellos que penalizan la contratación (cotizaciones sociales) o reducen su nivel por la vía de encarecer la inversión (impuesto sobre sociedades).

A pesar de la profunda crisis que está atravesando España, ésta ha conseguido, por el momento, escapar del ojo del huracán de la crisis de la deuda que arrasó los mercados financieros europeos entre abril y junio, y que obligó al Gobierno a adoptar una política más seria de consolidación fiscal. Este respiro ha sido posible gracias a la credibilidad generada por los ajustes fiscales iniciados, por el intenso proceso de reestructuración en el que se encuentran las Cajas de Ahorros y por la publicación de los test de estrés a finales de julio. Pero este equilibrio es muy frágil, por lo que los PGE deberían, ahora más que nunca, despertar confianza y credibilidad.

En los dos primeros trimestres de este año, nuestra economía ha presentado tasas de crecimiento intertrimestrales positivas, un 0,1% y un 0,2%, respectivamente, gracias a un renovado, aunque probablemente temporal, empuje de la demanda nacional, tanto del consumo como de la inversión en bienes de equipo, cuya aportación al crecimiento ha vuelto a ser positiva tras ocho trimestres de contribuciones negativas. Pero los datos que se conocen del tercer trimestre apuntan a un debilitamiento de la actividad económica. El cuadro macroeconómico para los PGE de 2011 prevé un ascenso del PIB del 1,3%, cifra irreal si la comparamos con la manejada por el consenso y por los organismos internacionales, que se sitúa entre el 0,4% y el 0,8%.
Respecto a la previsión de la evolución del empleo tampoco es realista. Se estima un ascenso del 0,3%, cuando lo más probable es una caída del 0,5%. La tasa de paro media anual, por su parte, no bajará del 20%, frente al 19,3% pronosticado por el Gobierno. En suma, el cuadro macro sobre el que se sustentan los PGE-2011 contiene una sobreestimación de la demanda y del producto, y una infraestimación del desempleo, lo que hace imposible el cumplimiento de las previsiones de los ingresos y de muchos de los gastos contenidas en los mismos.

Es necesaria una reestructuración del gasto público
Los recortes han sido muy generalizados, y afectan prácticamente a todas las políticas y a todos los programas de gasto, con pocas excepciones. La estrategia seguida por el Gobierno
para afrontar el ajuste ha sido la de recortar la dotación destinada a cada programa, especialmente en los capítulos de operaciones de capital. En lugar de ello, se debería haber efectuado una reestructuración completa del gasto mediante el replanteamiento de todos y cada uno de los programas, suprimiendo en su totalidad los que sean innecesarios o dupliquen otros de las CC.AA., por tratarse de competencias transferidas, integrando programas para reducir costes cuando sea posible. Asimismo, se debe llevar a cabo un plan de reforma global de las Administraciones Públicas para elevar su eficiencia y reducir su tamaño, labor que puede superar el ámbito de actuación de unos PGE, y que requiere la colaboración de todas las Administraciones Territoriales, pero hacia el que el Gobierno no ha dado ningún paso.

La entrada en vigencia en 2011 del nuevo sistema de financiación territorial conlleva una reducción tanto de los ingresos del Estado, debido a la mayor participación de las Comunidades Autónomas en la recaudación impositiva, como de los gastos, porque esa mayor participación en los ingresos supone también una reducción de los recursos transferidos a las mismas. Esto hace que las cifras de gastos totales contenidas en los PGE-2011 no sean comparables con las de los PGE-2010, salvo que se excluya de ambas la cuantía destinada a la financiación de las Administraciones Territoriales. En estos Presupuestos, una de las partidas que ha sufrido mayores recortes ha sido la inversión pública, que debería ser revisada, mientras que el recorte previsto del gasto público será insuficiente. Crece la presión fiscal; se aplaza la recuperación

El Proyecto de PGE estima unos ingresos impositivos totales por valor de 164.278 millones de euros para el próximo año, es decir, un 6,2% adicional respecto al año anterior atendiendo al avance de la liquidación. El aumento de la recaudación impositiva viene avalado, fundamentalmente, por dos hechos: la recuperación económica prevista por el Gobierno para 2011 y el aumento de la presión fiscal motivado por la subida de los tipos impositivos de distintas figuras tributarias. Es cierto que la consolidación presupuestaria era inaplazable e ineludible para devolver la confianza a los agentes económicos, pero la vía adecuada es la de la reducción del gasto. En este sentido, las medidas de consolidación presupuestaria no deberían incluir un aumento de la presión fiscal, y mucho menos sustentar ese aumento en la imposición directa. De hecho, es inconcebible que la recaudación impositiva directa crezca un 6,5% frente al aumento del 5,7% de los impuestos indirectos, lo que responde a una estructura tributaria que provoca un exceso de gravamen, distorsionando las principales decisiones de los individuos sobre el trabajo, el ahorro o la inversión. En el contexto actual en el que se atisba una leve recuperación económica, no resulta lo más conveniente penalizar el trabajo dado el nivel de desempleo ni tampoco el ahorro con el elevado nivel de endeudamiento de la economía española. Dentro de las prioridades, es obligado revisar el Impuesto sobre Sociedades que sigue siendo uno de los más gravosos de Europa con el consiguiente impacto sobre la competitividad empresarial, la cual se vería beneficiada además si se redujeran las cotizaciones sociales a cargo del empleador.

El déficit público seguirá disparado durante este año, por lo que es necesario un ajuste vía reducción del gasto público corriente y nunca incrementando los impuestos, ya que los multiplicadores de recuperación económica son más elevados para las bajadas de estos últimos que para los aumentos de gasto. Nuestro déficit público se ha convertido en un problema en sí mismo. Hay que contemplar el déficit del 2010 que, incluso, tras el plan de ajuste de mediados de año, va a cerrar este ejercicio en un nivel del 9,3% del PIB, según el Gobierno, cuantía que también supone un importante discrepancia respecto al 5,4% que planteaban los Presupuestos para este ejercicio en curso. Si los Presupuestos no se cumplen y, además, en magnitudes elevadas, pierden credibilidad, con lo que dejan de servir de referencia a los agentes económicos. Es obligado evitar las desviaciones y ampliaciones de crédito sobre lo presupuestado. A estos efectos, se debería en los PGE incorporar un detalle de las partidas de ajuste y de la prioridad entre ellas, que serían de supresión automática en el caso de que se produjeran desviaciones de gasto o aumentos de déficit por encima de la previsión inicial. Un programa de consolidación presupuestaria suficiente y creíble es la clave también para luchar contra el espectacular aumento de las primas de riesgo de nuestra deuda pública derivado del incremento del déficit, como ocurrió la pasada primavera, que puso de manifiesto una fuerte pérdida de confianza acerca de nuestra capacidad de hacerla frente en el actual contexto recesivo.

Quién paga la fiesta

MAFO se ha convertido en  látigo de la estulticia de Zapatero. Por muy constitucional que sea el sistema, bien por nacionalidad histórica o por autonomía de base, las CCAA pueden acabar devorando al Estado. El sistema, lejos de acercar el gobierno a los ciudadanos, ha multiplicado las instituciones, la burocracia, las empresas públicas, las televisiones, y, en general, alimenta al monstruo del déficit.

A pesar de que en 2011 las transferencias de los  PGE a las CCAA serán menores, el volumen de dinero que van a administrar se va a duplicar respecto a 2010. Las autonomías tienen ya cedidos totalmente los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, hidrocarburos y el juego; el 50 por 100 del IRPF; el 50 por 100 del IVA; el 58 por 100 de alcohol y tabaco; y el 100% del impuesto sobre electricidad. Además, van a recibir el año próximo más de 25.000 millones en transferencias del Estado. Y otros dos Fondos que se calculan al final del ejercicio, el Fondo de Garantía (5.200 millones) y el Fondo de Suficiencia Global (otros 8.000).

Pues bien, no es suficiente. La deuda de las CCAA se ha disparado un 26,5% hasta junio, superando los 104.000 millones de euros, de los que más de la cuarta parte corresponden a Cataluña. Podemos añadir los más de 36.000 millones que deben los ayuntamientos, de los que un tercio corresponde a Madrid. Si ya es difícil para el Estado apretarse el cinturón para cumplir la previsión de déficit del 6%, las autonomías gastan a manos llenas, con déficits que duplican el del Estado, como Cataluña (15,19), Baleares (14,5) o Castilla-La Mancha (13,7).

MAFO sólo ha puesto el dedo en la llaga al preguntar en voz alta ¿quién paga esta fiesta?, y  recordar que de nada sirve la política de austeridad si con una mano derrochamos lo que ahorramos con la otra. A pesar de que la legislatura está agotada, bien podrían Zapatero y Rajoy plantearse un pacto de Estado sobre el futuro de las CCAA, antes de que no tengan Estado que gobernar.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 7 de octubre de 2010

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/opinion/quien-paga-fiesta

Órdago al Estado

Zapatero no es jugador de mus, si acaso de parchís o de cinquillo, pero tiene que responder al órdago que le ha lanzado Iñigo Urqullo (PNV) a la yugular del Estado: “si quieres mi voto a los Presupuestos rompe la caja de la Seguridad Social”. El tema no es baladí ya que de facto la Seguridad Social (SS) se ha convertido en la columna vertebral del Estado. La SS no es bandera de un partido o de un régimen y sus cuentas son, quizá, las más transparentes de la Administración.

Hasta los antecedentes de la Seguridad Social que figuran en la página web del Ministerio de Trabajo han superado los estragos de la Memoria histórica y se reconoce que el punto de partida se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales (1883), que el primer seguro social se creó en 1900 con el nombre de Ley de Accidentes de Trabajo y que en 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión. El Retiro Obrero data de 1919 y, posteriormente, el Seguro Obigatorio de Maternidad (1923), el Seguro de Paro Forzoso (1931), el Seguro de Enfermedad (1942) y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (1947). En 1963 se aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social y, posteriormente, en 1966, la Ley General de la Seguridad Social.

El artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Tras los Pactos de la Moncloa se crea la Tesorería General de la Seguridad Social como caja única del sistema actuando bajo el principio de solidaridad financiera. Varias generaciones han construido esta caja que cuenta con un presupuesto superior a los cien mil millones de euros; 18 millones de afiliados y paga su retiro a casi  8,6 millones de pensionistas. Si Zapatero acepta el órdago de Urqullo para aprobar los PGE habrá ganado un año en el poder a costa de volar los cimientos del Estado.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 2 de septiembre de 2010

Rajoy, átate los machos

El mundo económico está dividido, como el día de la votación del zapaterazo. De un lado desean la quiebra del Gobierno del PSOE por incompetente; del otro contienen el aliento y anhelan que el espurio voto de Duran i Lleida contenga a los mercados. Zapatero es un animal político que no está dispuesto a convocar elecciones para perderlas. Por su parte, Rajoy tiene que cabalgar sobre la cresta de la ola de unas encuestas favorables que sólo son una letra de cambio a dos años vista. El calendario lo sigue marcando el vicepresidente económico, Cándido Méndez, a quien el precio de la deuda de España le importa una higa.

La semana que viene Salgado acudirá al Ecofin en busca del aprobado que dará un balón de oxígeno al Gobierno hasta la presentación de los PGE. El 8 de junio, huelga controlada de la función pública para que UGT y CC OO se rediman ante sus bases. El día 17, Consejo de primavera de la UE en donde Zapatero se hará la foto con Merkel, Sarkozy, Cameron y Berlusconi. Poco después, el día 26, fin de fiesta musical para terminar de enterrar los noventa millones que nos ha costado la Presidencia Española de la UE. Y siempre con el rabillo del ojo siguiendo los partidos de la Selección Española de Fútbol, que apaciguarán los ánimos y harán olvidar la crisis por unos días.

A todo esto Rajoy, en su momento más dulce, esperando que le pongan el toro en suerte, pero ni habrá elecciones anticipadas, ni moción de censura, ni de confianza. Zapatero quiere ir al Debate del Estado de la Nación del 15 de julio con la reforma laboral en una mano y el impuesto para los ricos en la otra. Así ya no habrá tiempo para convocar la huelga general con la que sueña el PP. En septiembre, a negociar con el PNV los Presupuestos y en diciembre –tras las elecciones catalanas– la llave la tendrá CiU. Si el Gobierno consigue colocar la deuda, aunque sea a precios astronómicos, Zapatero aguantará el tirón y está dispuesto a pelear las municipales. Su lema: detrás de mí, el diluvio.

Artículo publicado en La Gaceta (Madrid) por Jesús Fernández Briceño, el 6 de junio de 2010

Prueba y error, doctrina de Zapatero

Paul K. Feyerabend (Viena, 1924 – Zúrich, 1994), padre del anarquismo epistemológico, pasó de Marx a Popper sin inmutarse, estudió en la London School of Economics y desarrolló una teoría sobre el cambio y las rectificaciones que  le viene al pelo a Zapatero. La síntesis de su pensamiento está recogida en su obra “Contra el método” (Ariel, 1974) basada en el error como fenómeno histórico. Pone patas arriba el sistema tradicional del aprendizaje a través de verdades empíricas y aporta un nuevo esquema basado en una teoría anarquista del conocimiento. El político como el científico -señala-, ante una situación histórica particular, debe aprender a reconocer el error y a convivir con él, teniendo siempre presente que él mismo está sujeto a añadir nuevos errores en cualquier etapa de su vida.

También encontramos una explicación a las continuas rectificaciones de nuestro presidente en los consejos de Lenin al buen revolucionario: “aquellos que quieran cambiar la sociedad deben ser capaces de aplicar no sólo una metodología en particular sino cualquier variación de ella sin excepción y deben estar preparados para pasar de una a otra de la manera más rápida e inesperada.” No estamos pues ante un pollo sin cabeza -como dice la oposición,- sino ante un científico social que, como dice Feyerabend, “necesita una teoría del error que añadir a las reglas ciertas e infalibles que definen la aproximación a la verdad”.

Pasar del socialismo de Rodiezmo  a rebajar sueldos, congelar pensiones y subir impuestos, con parada en las rectificaciones del BOE, exhibiendo modelos del Vogue; decir un día una cosa y al día siguiente la contraria, no debe ser objeto de crítica sino de estudio en las escuelas de negocio, por ejemplo en Harvard, con su famoso método del caso o de prueba y error. Como debería ser objeto de El Caso, pero del diario de sucesos, el caos que preside la elaboración de los PGE para 2011 a ciegas, sin directrices ni cuadro macroeconómico.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 27 de mayo de 2010

El precio del voto

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) retratan cada año al Gobierno y a sus compañeros de viaje. En este caso Coalición Canaria y el PNV. Los PGE para 2010 podrían aspirar al récord Guinnes por la unanimidad de instituciones económicas, políticas y sociales en su contra. La guinda la han puesto los exministros socialistas Solchaga y Solbes que vaticinan que Elena Salgado se convertirá como Lot en estatua de sal.

El Gobierno va a sacar adelante los Presupuestos con mayoría suficiente de escaños, pero no de votos populares. La Ley de D´Hont se adoptó como un instrumento para evitar la dispersión de la representación popular entre los partidos minúsculos que se presentan a las elecciones y primar a los mayoritarios, pero la norma electoral acabó beneficiando a los partidos nacionalistas. En 2008 votaron 25 millones y medio de españoles.

Los votos del PSOE, el PNV y Coalición Canaria sumaron 11,5 millones de sufragios. Esos once millones y pico se van a imponer a los casi trece que suman el resto de los partidos que no van a dar su apoyo al Gobierno y piden la retirada de los Presupuestos. De nada sirve que los PGE no se sostengan en sus previsiones de ingresos y gastos y que su objetivo sea pagar subvenciones y no crear empleo; el PNV quiere blindar su Concierto y los canarios 25.000 millones para sus islas. Ese es el precio del voto.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 21 de octubre de 2009