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El juego de las pensiones

Enviado por el diciembre 9, 2012 Sin comentarios

Llega final de año y se multiplican las informaciones del Gobierno o promovidas por fondos privados a costa de las pensiones. Las hay interesadas, como aquellas que prometen revalorizaciones sin fin, y las pintorescas, en este caso en boca de la ministra del ramo que asegura que “las pensiones están garantizadas”. Vamos a ver Sra. Ministra, aquí no hay nada garantizado, ya que si sigue la tendencia actual y cada mes bajan los cotizantes y suben los beneficiarios, llegará un momento en el que no haya dinero, ya que la famosa hucha da para pagar siete meses. Tampoco se van a ir de rositas los gestores de fondos de pensiones, ya que muchos partícipes han visto cómo se ha esfumado hasta el 40 por 100 de sus contribuciones.

El Gobierno tiene una ocasión de oro para callarse o para hablar claro, pero no para las medias tintas. La situación es grave y Rajoy debería contarla con una pizarra y un puntero en TV, aunque le cueste votos. La población activa es de unos 22,5 millones de personas, de los que la población ocupada está  en 16,5 millones de españoles y 6 de parados. De éstos hay unos 3 millones de funcionarios, que no es que no produzcan, pero cuya nómina corre a costa del Estado. Así que poco más de 13 millones están sosteniendo a todos los demás, hasta 44 millones de españoles. Vamos ahora con las pensiones. Estos 16,5 millones de cotizantes, que cada vez son menos,  están sufragando la pensión de 8 millones de jubilados, que cada vez son más y viven más años. Pues ya me dirán ustedes cómo salen las cuentas. Por mucho que se empeñe el Gobierno en quitarle hierro al asunto, la situación es grave, sobre todo para los que venimos detrás.  ¿Para cuándo pagar la pensión teniendo en cuenta toda la vida laboral?

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid) el 9 de diciembre de 2012

«El Gobierno no ha retirado su propuesta de reforma de las pensiones», según Octavio Granados

Enviado por el marzo 9, 2010 Sin comentarios

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, negó este martes en el Fórum Europa que el Gobierno haya retirado su propuesta de retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, aunque admitió que podría modificarse.

Durante su participación en este foro, organizado por Nueva Economía Fórum, Granado defendió que “las propuestas no se retiran, se modifican”, y añadió que las medidas “se enuncian y, a partir de ese momento, son objeto de negociación”. En este sentido, subrayó que las reformas deben cerrarse con acuerdos de fondo, lo que implica que “todos modificamos nuestras posiciones de partida”.

Sobre las propuestas del Ejecutivo, especialmente el retraso de la jubilación, admitió que ha podido haber un fallo en la explicación de las medidas. “Tenemos un esfuerzo insuficiente de explicación”, dijo el secretario de Estado. En su opinión, es necesario que estas propuestas se discutan “desde un punto de vista menos dramático” y comparando las medidas “con lo que se hace fuera de nuestras fronteras”.

Granado recordó también que las anteriores reformas de pensiones siempre “tuvieron una pequeña carga de conflicto”, que, por ejemplo, llevaron a la convocatoria de una huelga general en 1985, a la salida de dos diputados socialistas del Congreso o a un “cisma sindical” en el año 2001. Sin embargo, defendió los beneficios que para el Sistema supusieron esas reformas y aseguró que si la Seguridad Social sigue con superávit es “porque hace 25 años empezamos a hacer reformas”.

Asimismo, instó a los grupos parlamentarios a que busquen un acuerdo, tal y como hicieron en reformas anteriores. “Incluso en el año 1995, en un momento político de gran crispación, los grupos supieron apartar sus diferencias”, dijo el secretario de Estado, quien aseguró que la situación ahora “es mucho mejor y las posibilidades de acuerdo político son mayores”. También reiteró que es “fundamental” la participación de los agentes sociales en este acuerdo y advirtió de que “perderíamos una oportunidad histórica si dejásemos de acordar las reformas” sobre la Seguridad Social.

REPARTIR EL AJUSTE
Granado explicó también que la reforma debería aplicarse sobre el mayor número posible de personas para poder repartir el ajuste necesario para que el Sistema sea sostenible. Es decir, si no se toman medidas que afecten a los que se jubilan a los 65 años (como el retraso de la edad legal a los 67 años), entonces el ajuste sobre el resto de personas que se retiran de forma anticipada “deberá ser mayor”. Lo mismo ocurre con el número de figuras que se reformen. Por ejemplo, si sólo se introducen modificaciones en la pensión de jubilación, y no en el resto, el ajuste sobre esta prestación también será mayor. “Hay que intentar repartir el ajuste”, subrayó.

Sobre la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, Granado fue contundente al asegurar que no es partidario de que se compute toda la vida laboral, y defendió que “hay soluciones técnicas mucho mejores”, por lo que “no son necesarios cambios tan abruptos”. Entre las razones para descartar la ampliación a toda la vida laboral existen también causas técnicas, como el hecho de que los datos sobre la situación en el empleo de los trabajadores antes de los años 80 “no tienen la misma calidad” que en la actualidad, por lo que sería difícil utilizar estos datos. No obstante, afirmó que es necesario dar una respuesta a las personas que pierden su empleo en una edad avanzada, aunque eso implique que “el resto de trabajadores veamos minorados en una parte muy pequeña” las pensiones.

Según Granado, las personas que se jubilan desde el desempleo representan cerca de un 2% del total, por lo que supondría “un pequeñísimo esfuerzo de todos” reponer sus pensiones. Granado defendió la necesidad de adoptar estas medidas, debido al envejecimiento de la población que llegará “más tarde” que en el resto de países europeos, pero “con mucha mayor intensidad”. Así, afirmó que la inmigración, el incremento de la tasa de actividad y el aumento de la productividad resolverán “parte del problema”, pero no el envejecimiento de la población. No obstante, señaló que estas fase crucial del Sistema será la que se corresponda con el “baby boom” registrado en España tras la guerra, entre los años 1958 y 1978, “después llegó la democracia y se empezó a tener menos hijos”. Posteriormente, pasados 20 años, la pirámide poblacional volverá a equilibrarse y la situación del Sistema mejorará.

El secretario de Estado defendió también que es mejor realizar reformas con un horizonte de aplicación a más años, -“mejor a 20 años que a 10”- y aseguró que es “razonable” que se aplique de forma paulatina, para evitar que una persona, por haber nacido unos días más tarde que otra tenga que jubilarse cinco años más tarde.
(Nueva Economía Fórum)

El Gobierno aprueba la protección a los autónomos por cese de actividad y la subida de las pensiones

Enviado por el diciembre 23, 2009 Sin comentarios

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley que permite percibir prestación a los trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria. Además, ha acordado la subida general de las pensiones del 1%, si bien las pensiones mínimas se revalorizarán un 4% de media. El Ejecutivo también ha abordado una reforma global de la legislación sobre la energía nuclear.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Proyecto de Ley que regula la protección por cese involuntario de actividad de los trabajadores autónomos incorpora gran parte de las observaciones sugeridas por el Consejo Económico y Social. Tendrán derecho a esta protección los autónomos que están obligados a cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como aquellos que sin estar obligados decidan hacerlo.

La Vicepresidenta ha subrayado que el sistema acordado es «contributivo, solidario y sostenible financieramente» y aporta «nuevas garantías a nuestro mundo laboral». Además, responde a una reivindicación histórica de este importante colectivo y es una de las piezas esenciales del Estatuto del Trabajador Autónomo aprobado en la pasada legislatura.
Pensiones

El Ejecutivo ha aprobado el Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de otras prestaciones públicas para el ejercicio de 2010, que supone una subida con carácter general para el conjunto de más de ocho millones de pensiones contributivas del 8%. María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que la subida será mayor para los 2,7 millones de personas que perciben una pensión mínima, que se revalorizarán en una media del 4%.

Además, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto de revalorización y complementos de pensiones para Clases Pasivas del Estado para el próximo año. La revalorización de este tipo de pensiones se fija en el 1%, igual que el IPC previsto para el ejercicio. La decisión afecta a cerca de 600.000 personas y tendrá una incidencia económica de 116 millones de euros.

Las pensiones mínimas en Clases Pasivas, según Fernández de la Vega, experimentarán un incremento entre el 2% y el 4,7%, según la situación del pensionista y la clase de pensión de que se trate. Unos cuarenta mil pensionistas se verán beneficiados de este incremento de mínimos.

En materia económica, el Consejo de Ministros ha acordado la modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tras la aprobación en el Congreso de los Presupuestos para el año 2010. La Vicepresidenta ha afirmado que «se mantiene la deducción de los 400 euros para las rentas más bajas», en concreto para aquellos contribuyentes cuya base imponible sea inferior a los 8.000 euros.

Además, la deducción se mantiene de manera progresivamente decreciente para los contribuyentes para bases imponibles entre los 8.000 y los 12.000 euros. Fernández de la Vega también ha señalado que se modifica el tipo de retención aplicable en este impuesto, que pasa del 18% al 19%.

Energía nuclear

Otro de los asuntos más importantes abordados por el Consejo de Ministros es la reforma global de la legislación en torno a la energía nuclear. La Vicepresidenta ha destacado que la iniciativa responde a tres objetivos: dar más transparencia y estabilidad a la renovación de las autorizaciones de explotación; transponer a nuestro ordenamiento la normativa internacional más reciente y cumplir con los compromisos del Plan General de Residuos Radioactivos.

Por ello, el Gobierno ha analizado el Anteproyecto que reforma la Ley sobre Energía Nuclear de 1964. El texto, según De la Vega, además de incluir definiciones nuevas sobre qué se entiende por seguridad nuclear, vida de diseño y vida útil, modifica los procedimientos de renovación de las autorizaciones de explotación de las instalaciones nucleares.

Así, se establecen dos tipos de procedimientos: el ordinario, que se aplicará cuando la solicitud de renovación no supere extender la vida útil de la central nuclear más allá de los 40 años, y el extraordinario, cuando la instalación haya llegado ya a ese plazo.

La Vicepresidenta ha apuntado que en este último caso el Consejo de Ministros deberá autorizar el procedimiento teniendo en cuenta consideraciones de interés general, como la seguridad del suministro, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro de las modificaciones contenidas en este Anteproyecto establece que la titularidad de la autorización de explotación de una instalación nuclear será única.

María Teresa Fernández de la VegaEn materia de energía nuclear, el Ejecutivo también ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Civil Nuclear. Con esta norma, el tramo de la responsabilidad que debe ser cubierto por los titulares de las instalaciones nucleares se incrementa pasando de los 150 millones de euros actuales a los 1.200 millones de euros, según ha explicado Fernández de la Vega.

Además, se amplía el concepto de daño nuclear a los daños medioambientales, se introducen medidas reparadoras y se aumenta a treinta años el periodo de reclamación para daños y para personas.