Mucha hipocresía hay por ambas partes ante la ausencia de Zapatero en el mitin de Rodiezmo. El Presidente, por haber buscado el aplauso fácil, puños al viento, a costa del erario. Los líderes sindicales por aprovecharse, pañuelo rojo al cuello, del mayor expediente de regulación de empleo (ERE) de nuestra economía. El Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y el Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras (aún vigente), ha regado de millones estas zonas con epicentro en Asturias y León. Entre 1990 y 2005 se han perdido en la minería 37.000 empleos, pero, para mantener los ocho mil restantes, el Estado concede una media de 350 millones de euros anuales desde 2006, aparte, naturalmente, de sus sueldos que corren a cargo de las empresas.
Las bajas se producen a partir de los 52 años con el 80 por 100 de sueldo bruto de los últimos seis meses y permanece abierta una vía de bajas por indemnización de 60.000 euros por cada trabajador que lo solicite en aquellas empresas que cierren. Basta con acreditar ocho o más años en el régimen especial de la minería del carbón de la Seguridad Social y tres años de antigüedad en la empresa para acogerse a estos beneficios. Además, se han negociado 1.700 altas entre trabajadores que han perdido su empleo o hijos de mineros en paro.
Así que no es precisamente la minería uno de los sectores castigados por el Gobierno Zapatero. Además, y a pesar de ser deficitaria, se garantiza un cupo de producción nacional de unos diez millones de toneladas que blinda la continuidad en el tajo de 5.302 trabajadores en los próximos años con una subvención anual para el desarrollo de las comarcas mineras de 324.249.100 euros. El firmante de estos acuerdos por parte del Gobierno con UGT, CC.OO. y Carbunión fue el ministro de Industria, José Montilla (2006), así que a Zapatero no le pilla por sorpresa, aunque en su soledad parlamentaria piense que algunos muerden la mano que les da de comer.
Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 22 de julio de 2010.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, en el transcurso de la reunión mantenida hoy en el Ministerio de Economía y Hacienda. El nuevo modelo de financiación se ha aprobado en primera votación con 10 votos a favor, lo que significa más de dos tercios de los votos, y 7 abstenciones. Las comunidades autónomas que han dado su apoyo al acuerdo de reforma han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta.
Lo más llamativo de la protesta de los autónomos contra el Gobierno es que ha salido a la calle gente que no lo había hecho nunca. Ciudadanos honrados que pagan sus impuestos, madrugan para abrir la tienda y se acuestan tarde colocando la mercancía. Profesionales que han levantado sus empresas con gran esfuerzo y que conocen por su nombre a cada trabajador que han empleado. Los autónomos constituyen la primera multinacional de España y si cada uno pudiera crear un puesto de trabajo no sólo se absorbería todo el paro actual, sino que se crearía un millón más. Los autónomos no encajan en ninguno de los planes diseñados por el Gobierno, ni son banqueros ni pobres de solemnidad, pero pueden llegar a serlo porque han invertido todo su patrimonio. La semana que viene tres millones de autónomos se enfrentan a sus declaraciones de IVA, nuevo modelo 303, teniendo que ingresar en Hacienda un 16 por 100 de facturas que no han cobrado y que quizá no cobren nunca, entre ellas deudas de la Administración por más de 5.000 millones de euros. Los autónomos no tienen vacaciones, no enferman y no se pueden jubilar hasta los 65 años. Lo que tanto temía el Gobierno ya se ha hecho realidad y la protesta ha llegado a la calle. De momento son pequeñas manifestaciones, pero cuatro millones de parados no se pueden ocultar debajo de la alfombra.
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