La crisis parece una barrera insalvable para la economía española justo cuando se cumple un año del gobierno Zapatero, pero también es una oportunidad para llevar a cabo cambios estructurales para aumentar la competencia y mejorar la productividad. Una de las reformas pendientes de más calado es la aplicación en España de la denominada Directiva Europea de Servicios que deroga fronteras artificiales y trabas burocráticas. Un claro ejemplo de estas trabas son las diecisiete legislaciones que aplican las Comunidades Autónomas en detrimento de la unidad de mercado. España tiene que adaptar unas 16.000 normas internas a esta Directiva que los técnicos de Economía y Hacienda prevén tener lista para el mes de septiembre. Pero una cosa es la teoría y otra la voluntad política para aplicarla, ya que esta Directiva limita la soberanía nacional y, además, cuestiona el concepto de lo público. El sector servicios es el más importante de la economía española y supone el 68 por 100 del PIB. Este proceso de transposición de la normativa europea pretende modernizar  la legislación, incrementar la transparencia y llevar a cabo un ambicioso programa de simplificación administrativa, eliminando barreras, reduciendo trámites y reforzando los derechos de los consumidores. La simulación que ha hecho Economía no tiene desperdicio. Con más libertad y menos burocracia crece el PIB y se genera empleo. La solución a la crisis no pasa sólo por incrementar el gasto público.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el Diario La Razón (Madrid) el 13 de marzo de 2009