¿Son éstos los presupuestos de la recuperación?
Mientras el Gobierno dice que son austeros para salir de la crisis, la oposición y los agentes económicos lo ponen en duda. La principal crítica estriba en que la subida de impuestos lastra el consumo, no genera empleo y las empresas pierden competitividad.
¿Pagarán más los ricos?
Esta es una falacia instrumentalizada por el Gobierno. No se tocan los impuestos redistributivos como la renta, el patrimonio o sociedades, sino los indirectos que afectan a la mayoría de la población. La eliminación de la reducción de los 400 euros y el incremento del IVA castiga más a las rentas del trabajo, a los pensionistas y desempleados.
¿Se penaliza el ahorro?
Se penaliza el ahorro modesto, el de los pequeños accionistas, depósitos y cartillas a los que se les sube al 19 por 100 el tipo de gravamen. A pesar de que también se sube al 21 por 100 los rendimientos superiores a los 6.000 euros, la mayor parte de los 800 millones que se esperan recaudar con esta medida saldrán de los bolsillos de las clases medias.
¿Disminuye el gasto público?
El gasto público disminuye un 3,9 por 100 y el déficit estimado será del 5,4 por 100, pero se mantiene la incógnita de si los ingresos previstos son reales o ficticios como en 2009. El Gobierno prevé incrementar la recaudación el 21,2 por 100 por el optimismo que genera la recuperación de Alemania o Francia, pero no cambia el modelo productivo.
¿Son unos presupuestos solidarios?
Si entendemos por solidaridad crear empleo, redistribuir la riqueza, disminuir la deuda que puede llegar a seiscientos mil millones de euros, fomentar la I+D, la vivienda o el automóvil, apoyar a los autónomos y pymes y no sólo pagar a los parados, no. A una familia de clase media estos PGE les supondrá un desembolso adicional de 1.500 euros con un paro rozando el 20 por 100.
¿Qué pasa con las pensiones?
Las pensiones están garantizadas con independencia del partido que gobierne. Crecen con carácter general un 1 por 100 y las mínimas entre el 2 y el 4 por 100.
Análisis publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 30 de septiembre de 2009
La vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado tiene una oportunidad de oro para encauzar las relaciones entre el Gobierno y los fabricantes de automóviles, cortocircuitadas por no se sabe qué mal entendido con el ministro de Industria Miguel Sebastián. A diferencia de otros países España no tiene marcas propias pero la producción de automóviles se ha convertido en un sector estratégico con cientos de miles de empleos. Esta industria es crucial en varias comunidades autónomas y a la sombra de la misma se ha creado una próspera industria auxiliar que es pionera en innovación y encabeza nuestras exportaciones. Será cuestión de echar cuentas pero vale la pena saber si es preferible tener a doscientos mil empleados sometidos a expedientes de regulación de empleo o atender la reclamación de los fabricantes de automóviles que piden ayudas directas de poco más de mil euros para incentivar la venta de coches. Los planes que ha diseñado hasta ahora Industria han sido un completo fracaso y lo que es peor los representantes del sector no reconocen a Miguel Sebastián como interlocutor y apelan directamente al presidente del Gobierno. A la vista de las ingentes cantidades de euros que se han puesto a disposición de la banca huelga presentar las ayudas al sector del automóvil como injustas o discriminatorias cuando otros países como Estados Unidos, Francia o Alemania han habilitado presupuestos especiales a este fin.
Lo más llamativo de la protesta de los autónomos contra el Gobierno es que ha salido a la calle gente que no lo había hecho nunca. Ciudadanos honrados que pagan sus impuestos, madrugan para abrir la tienda y se acuestan tarde colocando la mercancía. Profesionales que han levantado sus empresas con gran esfuerzo y que conocen por su nombre a cada trabajador que han empleado. Los autónomos constituyen la primera multinacional de España y si cada uno pudiera crear un puesto de trabajo no sólo se absorbería todo el paro actual, sino que se crearía un millón más. Los autónomos no encajan en ninguno de los planes diseñados por el Gobierno, ni son banqueros ni pobres de solemnidad, pero pueden llegar a serlo porque han invertido todo su patrimonio. La semana que viene tres millones de autónomos se enfrentan a sus declaraciones de IVA, nuevo modelo 303, teniendo que ingresar en Hacienda un 16 por 100 de facturas que no han cobrado y que quizá no cobren nunca, entre ellas deudas de la Administración por más de 5.000 millones de euros. Los autónomos no tienen vacaciones, no enferman y no se pueden jubilar hasta los 65 años. Lo que tanto temía el Gobierno ya se ha hecho realidad y la protesta ha llegado a la calle. De momento son pequeñas manifestaciones, pero cuatro millones de parados no se pueden ocultar debajo de la alfombra.
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