Mucha hipocresía hay por ambas partes ante la ausencia de Zapatero en el mitin de Rodiezmo. El Presidente, por haber buscado el aplauso fácil, puños al viento, a costa del erario. Los líderes sindicales por aprovecharse, pañuelo rojo al cuello, del mayor expediente de regulación de empleo (ERE) de nuestra economía. El Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y el Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras (aún vigente), ha regado de millones estas zonas con epicentro en Asturias y León. Entre 1990 y 2005 se han perdido en la minería 37.000 empleos, pero, para mantener los ocho mil restantes, el Estado concede una media de 350 millones de euros anuales desde 2006, aparte, naturalmente, de sus sueldos que corren a cargo de las empresas.
Las bajas se producen a partir de los 52 años con el 80 por 100 de sueldo bruto de los últimos seis meses y permanece abierta una vía de bajas por indemnización de 60.000 euros por cada trabajador que lo solicite en aquellas empresas que cierren. Basta con acreditar ocho o más años en el régimen especial de la minería del carbón de la Seguridad Social y tres años de antigüedad en la empresa para acogerse a estos beneficios. Además, se han negociado 1.700 altas entre trabajadores que han perdido su empleo o hijos de mineros en paro.
Así que no es precisamente la minería uno de los sectores castigados por el Gobierno Zapatero. Además, y a pesar de ser deficitaria, se garantiza un cupo de producción nacional de unos diez millones de toneladas que blinda la continuidad en el tajo de 5.302 trabajadores en los próximos años con una subvención anual para el desarrollo de las comarcas mineras de 324.249.100 euros. El firmante de estos acuerdos por parte del Gobierno con UGT, CC.OO. y Carbunión fue el ministro de Industria, José Montilla (2006), así que a Zapatero no le pilla por sorpresa, aunque en su soledad parlamentaria piense que algunos muerden la mano que les da de comer.
Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 22 de julio de 2010.
El presidente del Gobierno ha transmitido a los altos ejecutivos de los grandes grupos empresariales europeos, con quienes se ha reunido en La Moncloa, que el gran objetivo de la presidencia semestral española de la UE, en el ámbito de la industria, es el desarrollo de una estrategia común para impulsar el vehículo eléctrico.
La vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado tiene una oportunidad de oro para encauzar las relaciones entre el Gobierno y los fabricantes de automóviles, cortocircuitadas por no se sabe qué mal entendido con el ministro de Industria Miguel Sebastián. A diferencia de otros países España no tiene marcas propias pero la producción de automóviles se ha convertido en un sector estratégico con cientos de miles de empleos. Esta industria es crucial en varias comunidades autónomas y a la sombra de la misma se ha creado una próspera industria auxiliar que es pionera en innovación y encabeza nuestras exportaciones. Será cuestión de echar cuentas pero vale la pena saber si es preferible tener a doscientos mil empleados sometidos a expedientes de regulación de empleo o atender la reclamación de los fabricantes de automóviles que piden ayudas directas de poco más de mil euros para incentivar la venta de coches. Los planes que ha diseñado hasta ahora Industria han sido un completo fracaso y lo que es peor los representantes del sector no reconocen a Miguel Sebastián como interlocutor y apelan directamente al presidente del Gobierno. A la vista de las ingentes cantidades de euros que se han puesto a disposición de la banca huelga presentar las ayudas al sector del automóvil como injustas o discriminatorias cuando otros países como Estados Unidos, Francia o Alemania han habilitado presupuestos especiales a este fin.
El año 2008 ha supuesto la consolidación de la banda ancha móvil y fija como principal motor del desarrollo y avance de las nuevas tecnologías en España. El Plan de extensión de Banda Ancha Rural, programa promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y apoyado por las CCAA ha conseguido que España cuente con un 87% de cobertura de banda ancha en poblaciones rurales, porcentaje que deja patente el elevado nivel de despliegue de esta tecnología, ya que la media UE se sitúa muy por debajo, tan sólo en un 70%. La banda ancha móvil es, también, uno de los principales factores inductores de un nuevo estadio en el desarrollo de la Sociedad de la Información. España, con un 80% de cobertura 3G, se sitúa por encima de la media que arroja la Comunidad Europea y que se sitúa en el 71% y encabeza el ranking europeo de países por uso de esta tecnología por cada 100 habitantes. El mundo empresarial confirma a la conectividad móvil como una alternativa fundamental a la hora de acceder a la Red. De esta forma, más del 36% de las empresas españolas ya cuentan con terminales de última generación y casi el 17% de ellas dispone de smartphones o PDA’s con conectividad.
Comentarios recientes