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Jaime Lissavetzky promete bajar el gasto público.

Jaime Lissavetzky, candidato del PSM a la alcaldía de Madrid, ha dicho en el Foro de Nueva Economía que apoyará la propuesta formulada por su compañero de partido Tomás Gómez de imponer el uso de los transportes, colegios y hospitales públicos a los miembros de su partido. Asimismo, promete bajar los impuestos y reducir un 15 por 100 el gasto público.

Lissavetzky atacó fuertemente el gasto público y el creciente endeudamiento de Madrid, afirmando que no tiene justificación alguna. Explicó que la crisis y el paro se deben al crecimiento económico de Madrid ya que se había logrado gracias al deterioro de la calidad de vida de los barrios de trabajadores en favor de los de clase alta, como Chamartín o Salamanca. Por otro lado, calificó de inaceptable la externalización de algunas actividades que deberían ser de competencia exclusiva del ayuntamiento. Tampoco considera que sea aceptable el llamado Palacio de Cibeles y promete convertirlo en un museo de la Ciencia y la Tecnología.

Asimismo, considera que se debería escuchar atentamente al movimiento Democracia Real Ya. Cree que ha sido un movimiento espontáneo que no ha sido promovido por motivos que vayan más allá y no sabe quién puede estar detrás. Afirma, que hay que “escucharles, atenderles y entenderles” a pesar de no estar de acuerdo. En una disposición igualmente revolucionaria, apoyó las protestas de los bomberos, considerando que es un colectivo al que el Gobierno de Gallardón ha dado la espalda. Dice que no se puede consentir que un ayuntamiento se niegue a escuchar las protestas y llegar a acuerdo con este colectivo cediendo, ya que sostiene que es la única manera de conseguir un pacto.

Finalmente, desafió a Gallardón a decir en público cuántos años se piensa quedar como candidato a las elecciones de Madrid. También, le retó a aclarar cuál será el papel de Ana Botella, puesto que afirma que votar a Gallardón tiene “truco” porque votarle es igual que votar también a la Sra. Botella.

Borja Fernández Burgueño

Quién paga la fiesta

MAFO se ha convertido en  látigo de la estulticia de Zapatero. Por muy constitucional que sea el sistema, bien por nacionalidad histórica o por autonomía de base, las CCAA pueden acabar devorando al Estado. El sistema, lejos de acercar el gobierno a los ciudadanos, ha multiplicado las instituciones, la burocracia, las empresas públicas, las televisiones, y, en general, alimenta al monstruo del déficit.

A pesar de que en 2011 las transferencias de los  PGE a las CCAA serán menores, el volumen de dinero que van a administrar se va a duplicar respecto a 2010. Las autonomías tienen ya cedidos totalmente los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, hidrocarburos y el juego; el 50 por 100 del IRPF; el 50 por 100 del IVA; el 58 por 100 de alcohol y tabaco; y el 100% del impuesto sobre electricidad. Además, van a recibir el año próximo más de 25.000 millones en transferencias del Estado. Y otros dos Fondos que se calculan al final del ejercicio, el Fondo de Garantía (5.200 millones) y el Fondo de Suficiencia Global (otros 8.000).

Pues bien, no es suficiente. La deuda de las CCAA se ha disparado un 26,5% hasta junio, superando los 104.000 millones de euros, de los que más de la cuarta parte corresponden a Cataluña. Podemos añadir los más de 36.000 millones que deben los ayuntamientos, de los que un tercio corresponde a Madrid. Si ya es difícil para el Estado apretarse el cinturón para cumplir la previsión de déficit del 6%, las autonomías gastan a manos llenas, con déficits que duplican el del Estado, como Cataluña (15,19), Baleares (14,5) o Castilla-La Mancha (13,7).

MAFO sólo ha puesto el dedo en la llaga al preguntar en voz alta ¿quién paga esta fiesta?, y  recordar que de nada sirve la política de austeridad si con una mano derrochamos lo que ahorramos con la otra. A pesar de que la legislatura está agotada, bien podrían Zapatero y Rajoy plantearse un pacto de Estado sobre el futuro de las CCAA, antes de que no tengan Estado que gobernar.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 7 de octubre de 2010

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La farsa está servida

Todas las guerras tienen su armisticio y la del 29-S no podía ser menos. Responsabilidad y normalidad serán las palabras más escuchadas en la jornada del día después y poco a poco los ecos de la huelga se irán diluyendo. Amortizado Corbacho el nuevo ministro de Trabajo tenderá los puentes rotos con los sindicatos y Méndez y Toxo se sentarán de nuevo a la mesa de Zapatero. La farsa está servida y cada cual se sentirá vencedor de esta guerra de las flores y los piquetes. Los sindicatos sacarán pecho ante sus bases y oiremos como piden el voto para el PSOE los mismos que hace quince días gritaban “Zapatero dimisión”. El Gobierno, por su parte, ya tiene excusa para presentarse ante los mercados y los organismos internacionales como un ejecutivo responsable que hace ajustes dolorosos como cualquier capitalista que se precie.

El siguiente paso son los Presupuestos Generales del Estado y la reforma de las pensiones. Los PGE serán la escenificación del mayor fracaso de la política económica de este Gobierno. Casi la mitad de todo el dinero que los ciudadanos ponemos en manos del Estado a través de los impuestos (cincuenta mil millones de euros) van a ir a la actividad más improductiva: pagar los intereses de la deuda y abonar prestaciones a los parados. Las grandes lacras que han dado origen al descalabro de las cuentas públicas no se tocan. Ni desaparecen ministerios ni se pone coto al despilfarro. Asuntos Exteriores, Igualdad y Cultura, seguirán repartiendo dinero a manos llenas. Gabinetes fantasmas como Vivienda e Innovación mantienen sus titulares al frente sin que parezca que una futura remodelación ministerial achique los cargos públicos. Las autonomías con su multiplicidad de empresas públicas, televisiones, parlamentos y asesores seguirán devorando el dinero de todos. Nada cambia gracias al plato de lentejas que aporta el PNV, aunque una posible rebaja en el rating de España por parte de Moody´s quite estos días el sueño a la ministra de Economía.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario la Gaceta (Madrid), el 30 de septiembre de 2010

El Presidente anuncia un impuesto para los ciudadanos con «alta capacidad económica»

José Luis Rodríguez Zapatero, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, ha desvelado que el Ejecutivo planifica un único esfuerzo impositivo que no afectará a los impuestos generales, ni al «99,99%» de la población, ya que irá dirigido sólo a los ciudadanos con una alta capacidad económica.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP, Mariano Rajoy, sobre una eventual subida de impuestos, el Presidente ha anunciado que el Gobierno está evaluando, dentro de las posibilidades de nuestro sistema fiscal, una figura impositiva para que los ciudadanos que tienen una «alta capacidad económica» hagan un esfuerzo solidario en este periodo de crisis.

En este sentido, el Ejecutivo está evaluando la figura tributaria apropiada y la dará a conocer «en breves semanas», adelantó Rodríguez Zapatero.

Aclaró que es el único esfuerzo impositivo que está planificado, que no va a afectar a los impuestos generales, ni al 99,99% de la población española, ya que, insistió, va a ser sólo para quienes tienen una alta capacidad económica.
Reformas estructurales

Al diputado de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, que quiso saber qué medidas de impulso a la economía va a adoptar el Gobierno, además de las de austeridad, Rodríguez Zapatero le contestó que el Gobierno está empeñado en varias reformas estructurales que buscan «favorecer la recuperación económica y elevar nuestro potencial de crecimiento a medio plazo».

Especificó que la primera de ellas es la «imprescindible» reducción del déficit. La segunda incide en la reforma laboral, para modernizar nuestro mercado de trabajo. La tercera afecta a la reforma del sistema de pensiones y la cuarta se dirige a fomentar la competitividad y la productividad.

Prácticamente, añadió, en todas las áreas que afectan a los aspectos sustanciales de nuestra economía el Ejecutivo está actuando con un amplio capítulo de reformas que, aunque lidere el Gobierno, exigen la contribución de las fuerzas políticas y sería conveniente que contaran con el respaldo de los agentes sociales.
Sector platanero

Al diputado José Luis Perestelo, de CC, interesado en las dificultades del sector platanero en Canarias, el jefe del Ejecutivo le respondió que «mantener la viabilidad del plátano canario es una prioridad del Gobierno».

En este sector, que afecta a 10.000 pequeños agricultores, se ha trabajado para conseguir una regulación comunitaria que dé el mayor apoyo posible a las rentas de estos agricultores, señaló el Presidente.

Ha habido una ayuda directa que ha incrementado hasta los 141 millones de euros el Fondo destinado a este sector. Se ha trabajado para que la Unión Europea establezca un arancel a la importación del plátano y para que éste sea considerado como un producto sensible para la Unión.

Este arancel, añadió, habrá de reducirse en el futuro de manera gradual, evaluando sus repercusiones en los mercados y aplicando medidas correctoras.

Además, gracias al Acuerdo entre la Unión Europea y los países exportadores, se ha logrado excluir el plátano de la lista de productos tropicales que se negocia en la llama “ronda de Doja”. El plátano canario también se beneficia directamente de la línea de promoción de los productos de la región ultraperiféricas y se ha incorporado a la estrategia integral para Canarias que el Gobierno aprobó el pasado mes de octubre para esa Comunidad Autónoma.

Clase media, los ricos de ZP

En los próximos días el Gobierno pondrá en marcha la maquinaria de los Presupuestos Generales del Estado. La cumbre de la UE con Latinoamérica y el Decreto ley de convalidación del recorte del gasto (el zapatazo) ha aplazado momentáneamente el anuncio en el BOE de las cuatro comisiones que se constituyen al efecto: Políticas de gasto, Análisis de programas, Ingresos y Presupuestaria. Y no han podido convocarse ya que aún se desconoce el escenario que debe fijar el Gobierno, que viene delimitado por el techo de gasto para 2011.

El presupuesto de 2010 se aprobó con el voto espurio del PNV y de Coalición canaria con un aumento del gasto del 17 por 100 que el Gobierno presentó, faltando a la verdad, como si tratara de un recorte del 4 por 100. La ministra Elena Salgado no sólo ha quedado desacreditada por la falsedad de sus cuentas sino que hasta la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, le enmienda la plana y actúa de portavoz de su ministerio. La nota de Presidencia justificando las dificultades del Tesoro para colocar la última emisión de deuda ha dejado perplejos a los mercados.

Frente a tal cúmulo de despropósitos Zapatero anuncia ahora que subirá los impuestos a los ricos.  De las 18 millones de declaraciones de IRPF que se presentan al año sólo un 4 por 100  reconocen unos ingresos superiores a los 60.000 euros y estas rentas ya tienen el marginal en el 43 por 100. El grueso de la recaudación está en los tramos que declaran entre 30.000 y 60.000 euros, es decir, en la clase media.  ¿Son éstos los ricos de Zapatero? A falta de otros argumentos y ante el descrédito nacional e internacional que acumula este Gobierno, Zapatero echa mano de la demagogia más barata: leña al rico, al cura y al banquero. Pero pagarán los de siempre, la clase trabajadora que, con empleo o en paro, no puede eludir el incremento del IRPF, el IVA o de los impuestos especiales sobre gasolina, alcohol o tabaco. CiU, que tiene la llave de las elecciones anticipadas, se fuma un puro.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 20 de mayo de 2010

FAES insiste en una recomposición impositiva, no en una subida del IVA

Ante las declaraciones aparecidas recientemente en los medios de comunicación aludiendo a la recomendación de FAES de subir el IVA, la Fundación quiere precisar que, en la XVI edición del Observatorio Económico FAES, celebrado el pasado mes de febrero en Sevilla, se abogó por una recomposición impositiva, neutral para el volumen de los ingresos públicos, que implicaba, como un todo, disminuir a la vez las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos subsiguiente mediante el IVA.

El papel del Observatorio publicado a continuación decía textualmente: “También se recomendó una reducción de las cotizaciones sociales como vía para dinamizar el mercado de trabajo. El problema es que de esta fuente procede una parte muy importante de los ingresos del sector público español, por lo que sería necesario compensar esta pérdida de ingresos. Se sugirió una subida del IVA para esa compensación. Además, el IVA no sólo grava los bienes producidos en España sino también las importaciones. Es decir, esta medida beneficiaría a los exportadores y nos haría ganar competitividad simplemente gracias a una modificación en la composición de los impuestos”.

Para FAES, no comprender la naturaleza unitaria del sistema fiscal y de sus propuestas de reforma resulta impropio de quien tiene a su cargo las cuentas públicas en España.

El foro económico de FAES, que contó en aquella edición con la participación de los prestigiosos economistas Juan Velarde, catedrático de Economía y Premio Príncipe de Asturias; Camilo Lebón, catedrático de Teoría Económica y Economía Política; Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos; Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública; y Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo, ha defendido siempre reducir los impuestos, disciplinar la política fiscal, recuperar la unidad de mercado, facilitar la creación de empresas, ajustar el gasto público y llevar a cabo una reforma laboral que incentive la creación de empleo, entre otras importantes medidas.

En aquella ocasión, los ponentes del Observatorio propusieron una hoja de ruta encaminada a salir del desempleo masivo en España y dinamizar el mercado de trabajo español, que hoy cuenta con más de cuatro millones de parados.

El Estado multiplica por cinco el déficit, que alcanza ya el 6,79% del PIB

El Estado registró hasta noviembre un déficit de 71.524 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que equivale al 6,79% del PIB, frente al déficit de 13.967 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los 71.524 millones de euros de déficit son el resultado de unos recursos no financieros del Estado que ascendieron, hasta noviembre, a 97.194 millones de euros, y de unos gastos no financieros que se elevaron a 168.718 millones. En términos de caja, una metodología contable en la que se anotan los ingresos y pagos que efectivamente se han realizado durante ese periodo, el Estado alcanzó en noviembre un déficit de 68.508 millones de euros, frente al déficit de 11.038 millones obtenidos en el mismo periodo de 2008.

El déficit obtenido debe analizarse teniendo en cuenta el aumento de la aportación del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal para prestaciones por desempleo y la caída de la recaudación fruto de la coyuntura económica, pero también el impacto de las diferentes medidas tomadas por el Gobierno. Por lo tanto, las medidas de impulso fiscal y las iniciativas de promoción del empleo, inversiones y mayor prestación por desempleo siguen explicando la mitad del déficit.

En las cifras de ingresos no financieros se aportan datos del conjunto de las Administraciones Públicas, antes de descontar la participación de las administraciones territoriales (CC.AA. y corporaciones locales), lo que permite hacer un análisis más completo. La recaudación neta ascendió a 150.754 millones de euros, un 13,9% menos que en 2008. Los impuestos directos se elevaron hasta los 82.938 millones de euros, un 13,7% menos. El IRPF disminuye un 10,9%, debido en parte a la agilización de las devoluciones, a los mayores aplazamientos y a la deducción de 400 euros.

En el Impuesto de Sociedades, la tasa de descenso es de un 23,2%. En este impuesto también influyen las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha, debido a la mayor agilización de las devoluciones, al impacto de la segunda fase de la reforma fiscal y a los menores beneficios de las empresas, dada la situación económica actual. Los ingresos por impuestos indirectos alcanzaron los 52.579 millones de euros, un 21,3% menos que en 2008. En el lVA, la recaudación fue de 32.299 millones de euros, un 29,7% menos en comparación al ejercicio anterior. Este descenso también se debe en parte a decisiones de gestión como los mayores aplazamientos contabilizados o la ampliación del derecho de devolución mensual. Asimismo, los ingresos por impuestos especiales se elevaron hasta los 17.758 millones de euros, disminuyendo un 1,5%. De este capítulo destaca la recaudación del Impuesto sobre el Alcohol y las bebidas derivadas, que disminuye un 11,4%, mientras que la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos tiene un descenso del 3,3%.

Por lo que se refiere a los pagos no financieros, éstos representaron un total de 163.600 millones de euros, con un aumento interanual del 24,7%. Las transferencias corrientes crecieron hasta noviembre un 28,5%, con 95.657 millones de euros, entre los que se encuentran las transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal por una cantidad de 17.767 millones de euros. Destacan también las transferencias de capital, que aumentan un 109,0% debido a los pagos del Fondo Estatal de Inversión Local. A finales de noviembre, el Estado obtuvo una necesidad de endeudamiento de 108.842 millones de euros, mientras que en el mismo periodo del año anterior tenía una necesidad de endeudamiento de 36.203 millones.

Parados a tiempo parcial

Todo parece indicar que el Gobierno ha renunciado a la foto que tanto buscó con los agentes sociales antes del verano. Entonces  Zapatero, gran timonel del Plan E, esperaba recoger los réditos de los brotes verdes, pero hoy el presidente del Gobierno es un activo devaluado que, salvo para el sindicato de la ceja, nadie quiere como compañero de viaje. Gerardo Díaz Ferrán lanzó en el mes de julio un órdago muy jaleado por la oposición, pero UGT y CCOO respondieron con un pulso apoyado por el Gobierno que desbarató los planes de la CEOE. De nada sirvió el apoyo del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en favor de una reforma laboral “anticrisis” o las tesis del Comisario de Economía de la UE, Joaquín Almunia, sobre la  “flexiseguridad”.

La fuerza de quien tiene el BOE en la mano se ha impuesto a los empresarios que darán su brazo a torcer y se plegarán a las demandas de los sindicatos de retomar el diálogo social firmando los convenios pendientes con incrementos salariales que no estarán indexados a la inflación, ya que por esa vía el año próximo habría que bajar los sueldos. A cambio se abre el melón de un remedo de reforma laboral que no aborda el meollo de la cuestión, que es la indemnización por despido.
Lo moneda de cambio será una rebaja de las cotizaciones sociales,  más testimonial que efectiva, ya que a nadie le interesa ahora un incremento de la conflictividad. Elena Salgado le pisa la manguera a Celestino Corbacho y saca otro conejo de la chistera que incrementará el déficit, como es el paro a tiempo parcial, basado en la reducción de la jornada laboral y el cobro de la prestación por desempleo. En Alemania funciona porque Ángela Merkel ha bajado los impuestos para reactivar la economía, pero en España será una fórmula más para edulcorar el número de parados y aumentar el gasto.

Superar el listón del 20 por 100 de paro en la próxima EPA le va aguar la fiesta del G-20 y de la presidencia europea al Gobierno Zapatero y todo vale para escamotear unos cientos de miles de nuevos parados. Ni las fotos con Obama ni el despliegue internacional que tiene previsto el Gobierno en el próximo semestre podrán ocultar que somos la primera potencia europea en generación de paro. Ahora que abundan los reportajes sobre la caída del muro de Berlín parece increíble que sólo alguno de aquellos satélites de Moscú esté hoy peor que nosotros.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en La Gaceta (Madrid), el 12 de noviembre de 2009

El Estado registró hasta agosto un déficit de 60.340 millones de euros, el 5,73% del PIB

El Estado registró hasta agosto un déficit de 60.340 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que equivale al 5,73% del PIB, frente al déficit de 14.574 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los 60.340 millones de euros de déficit son el resultado de unos recursos no financieros del Estado que ascendieron, hasta agosto, a 60.416 millones de euros, y de unos gastos no financieros que se elevaron a 120.756 millones. En términos de caja, una metodología contable en la que se anotan los ingresos y pagos que efectivamente se han realizado durante ese periodo, el Estado alcanzó en los ocho primeros meses del año un déficit de 62.452 millones de euros, frente al déficit de 15.037 millones obtenidos en el mismo periodo de 2008. El déficit obtenido debe analizarse teniendo en cuenta el aumento de la aportación del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal para prestaciones por desempleo y la caída de la recaudación fruto de la coyuntura económica, pero también el impacto de las diferentes medidas tomadas por el Gobierno. Estas medidas ascienden a cerca de 27.000 millones por reducciones de impuestos, anticipos de devoluciones y mayores aplazamientos y otras iniciativas del Gobierno destinadas a fomentar el empleo, la inversión y a paliar los efectos de la actual crisis económica sobre los ciudadanos como son las prestaciones por desempleo.

INGRESOS NO FINANCIEROS
En las cifras de ingresos no financieros se aportan datos del conjunto de las Administraciones Públicas, antes de descontar la participación de las administraciones territoriales (CC.AA. y corporaciones locales), lo que permite hacer un análisis más completo. La recaudación neta ascendió a 100.561 millones de euros, un 18,2% menos que en 2008. Los impuestos directos se elevaron hasta los 56.184 millones de euros, un 17,6% menos. El IRPF disminuye un 12,5%, debido a la agilización de las devoluciones, a los mayores aplazamientos y a la deducción de 400 euros, aunque en este mes mejora la evolución de la recaudación respecto al mes anterior en cuatro décimas. En el Impuesto de Sociedades, que en el mes de agosto es significativo por proceder su liquidación anual, la tasa de descenso es de un 31,3%, debido a la mayor agilización de las devoluciones, al impacto de la segunda fase de la reforma fiscal y a los menores beneficios de las empresas dada la situación económica actual. Los ingresos por impuestos indirectos alcanzaron los 33.180 millones de euros, un 27,1% menos que en 2008. En el lVA, la recaudación fue de 18.818 millones de euros, un 38,4% menos en comparación al ejercicio anterior. Este descenso se debe, en parte, al adelanto de devoluciones respecto a la campaña tipo, así como a la ampliación del derecho de devolución mensual y a los mayores aplazamientos contabilizados. Además, la mayor parte de los ingresos por este impuesto se trasladan al mes de septiembre, por la ampliación del plazo de pago en agosto. Asimismo, los ingresos por impuestos especiales se elevaron hasta los 12.657 millones de euros, disminuyendo un 2,7%. De este capítulo destaca la recaudación del Impuesto sobre el Alcohol y las bebidas derivadas, que disminuye un 13,0%, mientras que la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos tiene un descenso del 5,1%.

PAGOS NO FINANCIEROS
Por lo que se refiere a los pagos no financieros, éstos representaron un total de 121.633 millones de euros, con un aumento interanual del 25,9%. Las transferencias corrientes crecieron hasta agosto un 27,7%, con 68.964 millones de euros, entre los que se encuentran las transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal por una cantidad de 11.508 millones de euros. Destacan también las transferencias de capital, que aumentan un 175,6% debido a los pagos del Fondo Estatal de Inversión Local. A finales de agosto, el Estado obtuvo una necesidad de endeudamiento de 68.219 millones de euros, mientras que en el mismo periodo del año anterior tenía una necesidad de endeudamiento de 8.715 millones.

Solidaridad y gasto

El Estado de las Autonomías que surge del Art. 2 de la Constitución sólo es viable si dispone de los recursos necesarios para desarrollar una política complementaria a la del Estado basada en la solidaridad. Salvo el País Vasco y Navarra cuya financiación está sustentada en un sistema foral, el resto se han financiado por la aportación directa del Estado unida a la transferencia de competencias, aunque ni los funcionarios ni los presupuestos de la administración central han disminuido, sino que se ha incrementado el gasto y el personal.

Las autonomías han accedido a una financiación directa de los Presupuestos a través de la corresponsabilidad fiscal, siendo destinatarias de un 30%, aproximadamente, de las recaudaciones del IVA y del IRPF (el 50% con el nuevo sistema) y algo más de los impuestos especiales (alcohol, gasolina y tabaco). Las CC AA se reparten anualmente unos 114.000 millones de euros, con los que atienden servicios como sanidad o educación.

El sistema actual data del año 2002 y fue aprobado por el Gobierno de Aznar tras una drástica reducción del déficit y en la senda del superávit. Su revisión estaba prevista cinco años más tarde, pero la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía, especialmente el de Cataluña, ha acelerado la reforma que llega, sin embargo, en el peor momento para la economía nacional ya que va a suponer un importante aumento del gasto y la deuda en medio de la crisis económica.

La población se ha incrementado en siete millones, de los que casi cinco son emigrantes, y existía una importante diferencia de financiación per cápita que llegaba hasta el 40% entre los residentes en distintas comunidades. Pero la caja de los truenos ha estallado porque el sistema que propone el Gobierno garantiza a Cataluña no ya 3.855 millones más para esta comunidad de los 11.000 de incremento, sino un plus adicional a perpetuidad que casa mal con el mandato constitucional de la solidaridad interregional.

El Gobierno apela a un consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunirá el próximo día 15, pero según  el artículo 5.1 de su Reglamento sólo emite recomendaciones, por lo que, en teoría, podrían votar todas las comunidades en contra y remitir el texto de la nueva financiación al Congreso sin modificaciones. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas fue creado en 1980 por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y está constituido por el ministro de Economía, el de Administraciones Públicas y los consejeros de Hacienda de cada comunidad.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 13 de julio de 2009