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Jaime Lissavetzky promete bajar el gasto público.

Jaime Lissavetzky, candidato del PSM a la alcaldía de Madrid, ha dicho en el Foro de Nueva Economía que apoyará la propuesta formulada por su compañero de partido Tomás Gómez de imponer el uso de los transportes, colegios y hospitales públicos a los miembros de su partido. Asimismo, promete bajar los impuestos y reducir un 15 por 100 el gasto público.

Lissavetzky atacó fuertemente el gasto público y el creciente endeudamiento de Madrid, afirmando que no tiene justificación alguna. Explicó que la crisis y el paro se deben al crecimiento económico de Madrid ya que se había logrado gracias al deterioro de la calidad de vida de los barrios de trabajadores en favor de los de clase alta, como Chamartín o Salamanca. Por otro lado, calificó de inaceptable la externalización de algunas actividades que deberían ser de competencia exclusiva del ayuntamiento. Tampoco considera que sea aceptable el llamado Palacio de Cibeles y promete convertirlo en un museo de la Ciencia y la Tecnología.

Asimismo, considera que se debería escuchar atentamente al movimiento Democracia Real Ya. Cree que ha sido un movimiento espontáneo que no ha sido promovido por motivos que vayan más allá y no sabe quién puede estar detrás. Afirma, que hay que “escucharles, atenderles y entenderles” a pesar de no estar de acuerdo. En una disposición igualmente revolucionaria, apoyó las protestas de los bomberos, considerando que es un colectivo al que el Gobierno de Gallardón ha dado la espalda. Dice que no se puede consentir que un ayuntamiento se niegue a escuchar las protestas y llegar a acuerdo con este colectivo cediendo, ya que sostiene que es la única manera de conseguir un pacto.

Finalmente, desafió a Gallardón a decir en público cuántos años se piensa quedar como candidato a las elecciones de Madrid. También, le retó a aclarar cuál será el papel de Ana Botella, puesto que afirma que votar a Gallardón tiene “truco” porque votarle es igual que votar también a la Sra. Botella.

Borja Fernández Burgueño

Tomás Gómez se autoproclama el representante de la gente común

El secretario general del PSM y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, anunció hoy en el Fórum Europa que si gana las elecciones del 22 de mayo y es el próximo presidente regional, los hijos de sus consejeros tendrán que ir a colegios públicos, usarán la sanidad pública y sabrán lo que es el metrobús, porque utilizarán el transporte público. A pesar de que promete el uso del transporte público, a la puerta del Ritz se encontraba su coche oficial con chófer y escolta esperándole, como al resto de los líderes socialistas que le acompañaron.

Durante su intervención en el acto informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Gómez indicó que esta iniciativa será su “compromiso con los servicios públicos que defendemos” y aclaró que sus próximos consejeros tendrán la libertad de aceptar el cargo o no. El candidato socialista declaró que “hay mucho en juego y vamos a ganar, porque no nos queda más remedio”, y agregó que los sondeos reflejan que hay un 20% de indecisos que dudan entre votar al PSOE o no votar.

A su juicio, abstenerse es como apoyar al Partido Popular, formación a la que calificó como representante de “la derecha más radical”. Asimismo, acusó a la candidata del PP, Esperanza Aguirre, de intentar desmantelar el Estado de bienestar a través de las privatizaciones, que se realizan “con voluntad política y una buena excusa ideológica”, como hace la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Gómez afirmó que los proyectos de Aguirre y Rajoy son los mismos y consisten en pedir “que se vaya Zapatero para que la recuperación económica les pille en el poder”. El líder socialista dijo que él representa a la “gente común” y “los socialistas vemos mundo con los ojos de la mayoría”, y manifestó que sus proyectos son “una mezcla de ideales y sentido de la realidad”.

Por otro lado, afirmó que está de acuerdo con la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de no volver a presentarse a la reelección en los comicios de 2012 y con el momento elegido para anunciarla, al tiempo que reconoció que no sabe si es bueno o malo haber hecho este anuncio en puertas de unas elecciones locales y autonómicas.

Tras señalar que no hablará hasta después del 22 de mayo sobre la sucesión de Zapatero, aseguró que en estos comicios está en juego “el Estado de bienestar, el futuro de la salud y la educación”. Asimismo, apostó por transformar Telemadrid en un medio plural y dijo que votar a Esperanza Aguirre es apostar por “el gobierno de los negocios en todos”.

Gómez comentó que Aguirre es “coherente con su experiencia y con la élite a la que pertenece” y afirmó que “para comprender a los ciudadanos hay que sentir, algo que ella no puede hacer porque nunca ha esperado una cola”.
(Foto: Forum Nueva Economía)

Cumbre liberal europea en Madrid ante el 22-M

Liberales de toda Europa, representados por su presidenta, Annemie Neyts, se han reunido hoy en Madrid para apoyar al Centro Democrático Liberal (CDL), que preside el madrileño Sean O’Curneen Cañas, de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo. Según el líder del CDL, “para que España se convierta en motor de Europa como marca de excelencia, necesita el gobierno de un partido, el liberal, que lejos de luchar por sus propios intereses, como han hecho todos estos años PP y PSOE, trabaje incansablemente por abrir camino a las personas. España no puede seguir en el furgón de cola y necesita, sin perder más tiempo, liberar el potencial del país, multiplicando, y no frenando, como ha sucedido hasta ahora, el triunfo individual de miles de españoles en todo el mundo, unos auténticos superhéroes, ya que logran triunfar a pesar del sistema imperante”.

Sean O’Curneen declaró durante su encuentro con los periodistas que “ni somos de izquierdas ni de derechas: nuestro único compromiso es con la democracia y las personas. ¿Querer abrir caminos a las personas, es de izquierdas o de derechas? ¿Querer que la democracia pertenezca a los ciudadanos y no a los partidos, es de izquierdas o de derechas? ¿Luchar contra la corrupción, la economía sumergida y el fraude fiscal, es de izquierdas o de derechas? ¿Querer una educación que forme a nuestros hijos para el mundo competitivo y globalizado de este siglo, es de izquierdas o de derechas? ¿Querer más Europa, y una Europa de los ciudadanos, es de izquierdas o de derechas? Si alguien quiere situarnos en una orilla u otra le diré que a un lado están los que miran por sus propios intereses, partidos como PP y PSOE, y al otro los liberales, que apostamos sin condiciones por las personas, sobre todo desde la Administración más próxima a ellas, los Ayuntamientos, ante el 22-M”.

Para Annemie Neyts, presidenta del Partido Europeo de Liberales Demócratas y Reformistas (ELDR), “la construcción de una Europa liberal, abierta y dinámica, necesita de la plena participación de los liberales españoles y que éstos sean una auténtica alternativa a conservadores y socialistas”. En ese sentido, el viceprimer ministro británico Nick Clegg envió un comunicado al Centro Democrático Liberal “con el deseo de que el CDL crezca con fuerza y pueda ofrecer una alternativa demócrata liberal y que las relaciones entre los Liberales Demócratas en el Reino Unido y el CDL continúen creciendo en el futuro”.

Despedir funcionarios: misión imposible

Las medidas de austeridad anunciadas por Cameron en el Reino Unido y Merkel en Alemania han puesto de actualidad el tamaño del sector público y, sobre todo, el hipotético despido de los funcionarios. Cuando Cameron ganó las elecciones anunció que podría recortar hasta 600.000 funcionarios, pero la cifra ya ha bajado a 300.000 y analizando el trasfondo se trata, en realidad, de suprimir cargos y funciones llevadas a cabo por personal contratado en la sanidad, el ejército, la policía o la educación. En la misma línea Ángela Merkel abandera una cruzada contra el despilfarro de la administración, pero tampoco se van a despedir funcionarios de carrera, sino que no se van a reponer las bajas naturales. Algo parecido a lo que se prevé en España en donde el índice de reposición será del 10 por 100, sólo que la norma salta hecha trizas por los contratados, interinos y cargos de libre designación.

España es uno de los países de Europa con más funcionarios, 2.7 millones, superados por Francia (5,2 millones), Alemania (4,5 millones); Polonia (3,5 millones) e Italia (3,4 millones). En proporción por habitantes, la palma se la lleva Suecia (12,3 ciudadanos por funcionario), seguida por  Francia con 12,5; Bélgica, Italia y Portugal con 13,0. España, a pesar de la diferencia de población, tiene la misma proporción que Alemania, 18,2 habitantes por cada funcionario. El porcentaje más eficiente es el de Austria o Luxemburgo, con  23,9 y 21,0, respectivamente.
En Europa coexisten sistemas puros de carrera (Bélgica, Alemania, Grecia o Austria) o de empleo (Suecia) y, con algunas peculiaridades, el Reino Unido. El sistema español de carrera se caracteriza por la inamovibilidad como garantía de la independencia; la selección con carácter general para cuerpos y de forma excepcional para puestos (personal eventual e interino) y régimen especial disciplinario y de incompatibilidades. En cualquiera de los casos, salvo el régimen italiano que ha dado un giro copernicano, las posibilidades de despido son muy remotas.

El paradigma del funcionario como servidor público, investido de un blindaje a perpetuidad, es el francés, en donde el empleado que acredita los conocimientos y titulación adecuada se incorpora a un cuerpo de la administración. En Italia, desde 2001, se está produciendo una revolución administrativa de la función pública con la incorporación del convenio colectivo como relación contractual del funcionario con el Estado; ha desaparecido de facto el acto de nombramiento y se contempla la rescisión unilateral del empleador, es decir el despido. En el Reino Unido convive un sistema dual de estructura abierta que engloba a los altos funcionarios adscritos a los tres escalones más altos de la administración y una estructura cerrada en la que se puede ir ascendiendo por promoción interna. Existe un catálogo de derechos y deberes y un código de gestión que regula la clasificación, indemnización, despidos, etc.

En España el último intento de racionalización de la Función Pública fue promovido por el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla en 2005. Cuando el plan se presentó el número de funcionarios era de 2.358.000. Hoy, lejos de racionalizarse, ha aumentado casi en otro medio millón. Sevilla pretendía una administración más cooperativa, funcional, eficaz, flexible, cualificada y próxima al ciudadano e incorporaba términos “revolucionarios” como la evaluación, la redistribución geográfica y las jubilaciones anticipadas. El rechazo fue tal que firmó con este plan su propio cese.

Los funcionarios en España sólo pueden ser amonestados o separados del servicio (no existe el término despido) por causas disciplinarias tal como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007 de 12 de abril) en los artículos 93 y siguientes. Las causas son tan laxas y el procedimiento tan complejo que hace prácticamente imposible su aplicación y más de forma generalizada por causas económicas o de organización, tal como ocurre con el derecho laboral común.

(Ilustración: Este es uno de los chistes más famosos de Forges y que más circula por la red)

Artículo publicado por  Jesús F. Briceño en la revista EPOCA (Suplemento dominical de LA GACETA) el día 14 de noviembre de 2010

La Economía, secuestrada

La ascensión de Rubalcaba a la vicepresidencia del Gobierno ha tenido como efecto colateral el secuestro de la economía. El debate sobre los Presupuestos Generales del Estado ha pasado de ocupar las portadas a breves citas en secciones especializadas a pesar de que, por ejemplo, el Partido Popular ha presentado más de 500 enmiendas.

Elena Salgado ha sido eclipsada por el todopoderoso valido de Zapatero, desviando la atención de los asuntos que realmente interesan a los españoles. El PP ha estado a punto de caer en la trampa y, durante unos días, el efecto Rubalcaba les ha tenido descompuestos, pero ha reaccionado poniendo al Gobierno en su sitio. Nada ha cambiado: las previsiones sobre el crecimiento de la economía siguen en décimas; el paro es el principal problema; el consumo de las familias se ha desplomado; aumenta el déficit exterior y disminuye la confianza de los empresarios.

Ha bastado que Cristóbal Montoro hiciera una propuesta realista de reducción del déficit en las televisiones públicas o en los enchufados de la Administración para que crujieran las cuadernas de la nave. Rajoy, abandonando el discurso victimista, les ha castigado el hígado donde les duele, con el paro y las pensiones. Emilio Botín, gran oteador, ha puesto el epitafio a este Gobierno caduco. La negociación con ETA no basta para engatusar a los incautos. La economía está plana y su responsable se muestra huidiza. Hacen falta medidas urgentes que no aguantan 18 meses, entre ellas, embridar el caos autonómico.

De ser un tema tabú se ha convertido en una obviedad. Tampoco la reforma laboral y de las pensiones puede esperar hasta la cita electoral de las municipales. Aznar tuvo visión y nombró a Rato ministro de Economía en la sombra antes de ganar las elecciones. Rajoy podría tomar ejemplo y apuntar ya el hombre que genere confianza y explique las reformas que nos sacarán de la crisis. Si tiene ideas y agallas no se quemará y Rubalcaba tendrá un contrincante de su talla.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid) el 30 de octubre de 2010

La vicepresidenta De la Vega sigue acosando a los periodistas de Intereconomía Carlos Dávila y Maite Alfageme

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega continúa con su tenaz acoso a los periodistas de Intereconomía Carlos Dávila, director de LA GACETA y del semanario ‘ÉPOCA’, y Maite Alfageme, directora adjunta de ambas publicaciones. Tal como informa hoy LA GACETA, ayer declararon ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Ambos se ratificaron en la información del semanario del Grupo Intereconomía, cuando denunciaron el empadronamiento irregular de la ‘número dos’ del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero con el fin de poder votar en el municipio valenciano de Beneixida antes de presentarse como cabeza de lista del PSOE en la Comunidad Valenciana, en las elecciones de 2008.

La declaración de los dos periodistas fue precedida por la de Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, quien manifestó que los hechos recogidos en ‘ÉPOCA’ ya habían sido referidos por él durante la campaña electoral. Como consecuencia de la información de ‘Época’, se sigue un proceso civil a instancias de la vicepresidenta del Gobierno, que ya en dos ocasiones ha visto cómo la Justicia daba la razón a González Pons, no apreciando ningún indicio de injurias o calumnias por revelar los detalles de ese voto irregular. González Pons llamó la atención sobre el hecho de que contra él se haya seguido un proceso civil, mientras los dos periodistas de Intereconomía se ven inmersos en uno penal. También ha destacado que el Ministerio Fiscal le dio la razón en ambos juicios, mientras que en el caso actual parece adoptar justo la actitud opuesta.

La información publicada hacía referencia al derecho de voto de María Teresa Fernández de la Vega en su condición de ciudadana, y no tiene relación alguna con el ejercicio de su función pública como vicepresidenta.

En apariencia, la vicepresidenta De la Vega votó fuera del plazo permitido por la ley. Si bien es cierto que una resolución posterior le ofreció la cobertura legal necesaria para incluirse en el padrón electoral -explica LA GACETA-, no es menos cierto que esa norma no tuvo publicidad alguna ni fue incluida en el BOE de forma inmediata. Tal como han declarado Carlos Dávila y Maite Alfageme, apareció en páginas webs institucionales 48 horas después de que el diario digital de Intereconomía lanacion.es ofreciera un adelanto del contenido del reportaje de la revista ‘ÉPOCA’, que ahora se distribuye los domingos junto al diario LA GACETA.

A preguntas del fiscal, ambos periodistas explicaron ayer el estado de abandono en que se encuentra la casa de Beneixida donde se domicilió De la Vega en 2007. Es el que dan fe las fotografías tomadas por ‘ÉPOCA’ y ‘LA GACETA’ y los testimonios recabados entre los habitantes de la localidad valenciana. Los vecinos aseguran que «nunca» han visto por allí a la vicepresidenta primera del Gobierno.

Foto: Intereconomía

Los jinetes del gasto

No hay nada peor para combatir el déficit que la inminencia de un año electoral. Cuando parecía que Zapatero había recuperado cierta cordura en materia económica, los últimos datos del CIS han espoleado a los jinetes del gasto. Ahora nos cuentan la milonga de que al haberse producido una cierta relajación en los mercados financieros queda un pequeño margen en el Presupuesto para recuperar infraestructuras paralizadas. La respuesta de los mercados, poco dados a los fuegos de artificio, no se ha hecho esperar e, inmediatamente, han subido el diferencial de la deuda española. El segundo trimestre se ha despachado con una ligerísima recuperación del 0,2 por 100, pero si las caídas que se esperan al final de año están en línea con las previsiones del -0,6 por 100, eso significa que el tercer y cuarto trimestre van a ser de pena. Y eso no se lo puede permitir un presidente que se enfrenta a las elecciones municipales y autonómicas de 2011 en clave de primarias.

La subida del IVA y el recorte del gasto público, unido a las bajadas de sueldos y la congelación de las pensiones son malos compañeros de viaje para este presidente. Lejos de asumir su responsabilidad ante la crisis y el estancamiento al que ha llevado a la economía, Zapatero sigue predicando la Arcadia feliz en la que “los banco abrirán sus líneas de financiación y se facilitará una recuperación del empleo con ayuda de nuevas iniciativas en políticas activas en lo relativo a los servicios públicos”. Nada más lejos de la realidad, como lo ponía de manifiesto en último barómetro empresarial dado a conocer esta semana, así como el relativo al crédito que certifica un repunte de la financiación al sector privado en Europa pero no así en España. La clave de la nueva deriva de Zapatero hay que buscarla en el precio que le van a poner los partidos nacionalistas para apoyar los PGE. La estabilidad presupuestaria vuelve a estar en peligro pero Zapatero, viejo zorro, cree, como Enrique IV, que París bien vale una misa.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 12 de agosto de 2010

El precio del voto

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) retratan cada año al Gobierno y a sus compañeros de viaje. En este caso Coalición Canaria y el PNV. Los PGE para 2010 podrían aspirar al récord Guinnes por la unanimidad de instituciones económicas, políticas y sociales en su contra. La guinda la han puesto los exministros socialistas Solchaga y Solbes que vaticinan que Elena Salgado se convertirá como Lot en estatua de sal.

El Gobierno va a sacar adelante los Presupuestos con mayoría suficiente de escaños, pero no de votos populares. La Ley de D´Hont se adoptó como un instrumento para evitar la dispersión de la representación popular entre los partidos minúsculos que se presentan a las elecciones y primar a los mayoritarios, pero la norma electoral acabó beneficiando a los partidos nacionalistas. En 2008 votaron 25 millones y medio de españoles.

Los votos del PSOE, el PNV y Coalición Canaria sumaron 11,5 millones de sufragios. Esos once millones y pico se van a imponer a los casi trece que suman el resto de los partidos que no van a dar su apoyo al Gobierno y piden la retirada de los Presupuestos. De nada sirve que los PGE no se sostengan en sus previsiones de ingresos y gastos y que su objetivo sea pagar subvenciones y no crear empleo; el PNV quiere blindar su Concierto y los canarios 25.000 millones para sus islas. Ese es el precio del voto.

Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 21 de octubre de 2009

La soledad del cesante en la presentación del libro de Juan Fernando López Aguilar

López Aguilar«La aventura democrática. La Constitución y el alma republicana en la Monarquía parlamentaria,» de Juan Fernando  López Aguilar

Se presentó en el Círculo de Bellas Artes el libro de Juan Fernando López Aguilar «La aventura democrática. La Constitución y el alma republicana en la Monarquía parlamentaria» (1978-2009) editado por Península. Había cierta aglomeración en la puerta e imaginé que ascendían a la quinta planta, lugar de la presentación. Pues no, la mayoría descendieron en la segunda para asistir a una obra de teatro vespertina. Una vez en la sala se podía palpar esa sensación de soledad que tienen las cesantías, ya que cuando abandonas el poder no eres nadie y eso que el autor, ex ministro de Justicia,  fue el cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas. Dos o tres docenas de amigos, algún curioso y poco más. En la mesa de los presentadores:  José Andrés Torres Mora, Presidente de la Comisión de Educación, Joaquín Estefanía, escritor y periodista, Jesús Caldera, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Ideas, Manuel Fernández-Cuesta, editor de Península, y el autor, Juan Fernando López Aguilar, Presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.

Los presentadores hicieron el «laudemus» del autor que siempre ha sido persona sencilla y moderada amén de excelente caricaturista. Tras escuchar a los ponentes, al menos los del PSOE, mandamases de la Nueva Vía que alzó a José Luis Rodríguez Zapatero al poder, modestamente pensaba si estarían hablando de la España actual o de otra de hace cincuenta o sesenta años. Los poderes fácticos, el miedo, la represión, los banqueros, la derechona de puro, levita y sombrero de copa desfilaban ante los oyentes como en la pasarela Cibeles. Como en este periodo de la Transición política el PSOE ha gobernado al menos 19 años no se entendía muy bien de quién era la responsabilidad de que España no sea la Arcadia feliz. Eso sin citar las operaciones que desde el socialismo se han llevado a cabo para controlar  la Justicia, bancos o medios de comunicación y que han tenido como testigo y cronista de excepción al segundo director de El País, Joaquín Estefanía, tras Juan Luis Cebrián. Pero como la memoria es débil, especialmente la de aquellos que aunque hayan sido elegidos con nuestros votos tienen el sueldo asegurado, habrá que disculparles. O acaso, por ejemplo, no es Rubalcaba el que con la ley en la mano deporta emigrantes ilegales? Desde luego habrá que confiar en que el libro y sus buenos propósitos sean más objetivos que las ideas trasnochadas que se vertieron en el Círculo de Bellas Artes en su presentación, salvo las obviedades que todos firmaríamos de libertad, igualdad y fraternidad, para «todas y todos», eso sí, sin cortar cabezas.

Quedémonos con las buenas intenciones del autor:   «El enfoque de este libro no es el de la objetividad del científico social, sino el de la subjetividad de mi compromiso personal con la Constitución que rige en nuestra democracia avanzada y con los valores de la izquierda progresista y de vocación transformadora con los que me he identificado desde que era muy joven; en resumen, con los valores de España y Europa» (Juan Fernando López Aguilar).

Juan Fernando López Aguilar (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Las Palmas y Catedrático Jean Monnet de Derecho e Integración Europea. Ministro de Justicia (2004-2007) es, el Presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo. Experto en derecho comparado, federalismo, derechos fundamentales y sistemas judiciales, ha sido profesor invitado en diferentes universidades europeas y americanas. Entre su amplia producción destacan La oposición parlamentaria y el orden constitucional (1988), La justicia y sus problemas en la Constitución (1996), Estado autonómico y hechos diferenciales (1998) y Lo stato autonomico spagnolo (1998). Es coautor del Manual de Derecho Constitucional (2000).

Península, 2009. Colección Atalaya 351 | PVP: 18,50 € con IVA (17,79  € sin IVA) | ISBN: 978-84-8307-884-6 | Páginas: 288 |  Rústica con Solapas | 13 x 20,5 cms.

Foto: Ed. Península.