La dimisión de Zapatero y la convocatoria de elecciones generales no son un asunto partidista sino una cuestión de Estado. Tras la pérdida de confianza en este Gobierno avalada por el voto de los españoles, el BOE publicó el 24 de mayo dos órdenes ministeriales que secuestran la voluntad de cambio durante lo que queda de este ejercicio y el próximo, gane quien gane en las elecciones de 2012.
Se trata de sendas disposiciones con las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, firmadas por la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado. Esto significa que, a pesar de que el PSOE está roto y los barones del partido tratan de echar a Zapatero y no está claro quién va ser el sustituto/a, la maquinaria del Estado continúa en las mismas manos y se dispone a elaborar, una vez más, la ley más importante en democracia para una nación: la ley de Presupuestos.
Por razones desconocidas sólo achacables al caos de la Administración del Estado, la publicación en el BOE de las normas para la elaboración de los escenarios presupuestarios para 2012-2014 y las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales para 2012 se han publicado al límite del tiempo razonable para presentar las cuentas, toda vez que en el citado decreto se insta a los centros gestores a que envíen la propuesta de ingresos y gastos a la Dirección General de Presupuestos antes del 11 de junio, es decir, 14 días hábiles.
A partir de esta fecha –y hasta septiembre– el Gobierno podará las cuentas del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y agencias estatales hasta cumplir los requisitos que imponga Merkel y, después serán subastados al mejor postor entre PNV, CiU y CC para ver quién le presta oxígeno a Zapatero hasta que los albañiles terminen su casa de León.
Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LAGACETA (Madrid), el 26 de mayo de 2011
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