La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, anunció hoy que espera presentar el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) antes de que finalice este mes, con una dotación económica de 9.000 millones de euros, como “una medida preventiva” que no se espera utilizar “de aquí a final de año”.
Así lo afirmó en la inauguración del Seminario ‘La profundidad de la crisis y su repercusión en el sector financiero y otros sectores de la economía’ organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), junto al presidente del BBVA, Francisco González; el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez, y el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Ángel Agudo.
Salgado, que defendió que la creación de este instrumento es “necesaria”, recalcó que “no hay en este momento ninguna entidad” que lo necesite y precisó que su objetivo será situar a las entidades financieras con problemas “lo antes posible de nuevo en el mercado”, dado que no hay “ninguna voluntad de quedarse”.
La prioridad es conseguir que la entidad que eventualmente pueda ser objeto de intervención “salga de la reestructuración” siendo “solvente a medio y largo plazo”, insistió la ministra, en la primera jornada retransmitida on-line a través de http://www.redsocial.uimp20.es/, donde se podrán seguir el resto de las ponencias del curso.
Además, a preguntas de los periodistas avanzó que la posible intervención no cambiará la Ley de Cajas salvo durante el tiempo en el que esta sea efectiva y que la aportación pública conllevaría que sea el Banco de España el que decida “qué hacer” acerca de la reestructuración de la entidad y no las comunidades autónomas.
Durante la inauguración, Salgado recalcó que el Gobierno “quiere plantear este esquema porque el sector financiero tiene una importancia crucial para nuestra economía” y mostró su confianza en que la iniciativa consiga “el máximo consenso de los grupos políticos y los agentes privados”.
Futuro Bancario
Por su parte, el presidente del BBVA manifestó que “el futuro de la banca es transformarse en compañías de servicios basadas en el conocimiento” y abogó por “un modelo de negocio nuevo” en el que la “ética, transparencia y buenas prácticas” y la innovación sean “ejes fundamentales”.
“Algunos bancos y banqueros deben cambiar radicalmente su comportamiento”, aseguró González, para quien el futuro de la banca pasa por “aumentar la accesibilidad de sus servicios”.
Foto: UIMP
La crisis parece una barrera insalvable para la economía española justo cuando se cumple un año del gobierno Zapatero, pero también es una oportunidad para llevar a cabo cambios estructurales para aumentar la competencia y mejorar la productividad. Una de las reformas pendientes de más calado es la aplicación en España de la denominada Directiva Europea de Servicios que deroga fronteras artificiales y trabas burocráticas. Un claro ejemplo de estas trabas son las diecisiete legislaciones que aplican las Comunidades Autónomas en detrimento de la unidad de mercado. España tiene que adaptar unas 16.000 normas internas a esta Directiva que los técnicos de Economía y Hacienda prevén tener lista para el mes de septiembre. Pero una cosa es la teoría y otra la voluntad política para aplicarla, ya que esta Directiva limita la soberanía nacional y, además, cuestiona el concepto de lo público. El sector servicios es el más importante de la economía española y supone el 68 por 100 del PIB. Este proceso de transposición de la normativa europea pretende modernizar la legislación, incrementar la transparencia y llevar a cabo un ambicioso programa de simplificación administrativa, eliminando barreras, reduciendo trámites y reforzando los derechos de los consumidores. La simulación que ha hecho Economía no tiene desperdicio. Con más libertad y menos burocracia crece el PIB y se genera empleo. La solución a la crisis no pasa sólo por incrementar el gasto público.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, ha informado de que las entidades adjudicatarias del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, que ha repartido unos 19.000 millones desde su puesta en marcha en diciembre, han sido 54 con las cajas como principales beneficiarias. Los puestos de cabeza los ocupan Bancaja, La Caixa y Caja Madrid, mientras que se confirma la ausencia de los dos mayores bancos españoles -BBVA y Santander-. Concretamente, Bancaja ha recibido 1.498,8 millones; La Caixa, 1.338 millones y Caja Madrid, 1.320.3 millones. En total, ocho entidades han superado los 1.000 millones de adjudicación, como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), al recibir 1.315,3, y Caixa Catalunya (1.024,5). Sólo tres bancos: Banesto (1.301 millones), el Sabadell (1.237,1), y Bankinter (1.013 millones), se cuelan en este grupo.
El beneficio neto de las cajas de ahorros se situó en 6.829 millones de euros en el ejercicio 2008, lo que significa un descenso del 38,7% en relación al año anterior, según el director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta. El margen de intermediación descendió un 7,1% en este periodo y se estableció en 20.090 millones de euros, mientras que el margen ordinario alcanzó los 29.504 millones, lo que supone una disminución del 6%, y el margen de explotación se situó en 15.253 millones (-17,2%). Las previsiones para este ejercicio apuntan a que la morosidad supere la tasa del 6% y alcance el 7% en 2010. Para protegerse, las cajas destinaron cerca de 10.000 millones a provisiones el pasado año.
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