El Fondo Monetario Internacional ha publicado hoy su informe sobre la evolución de la economía española, tras la reciente visita de una misión de expertos que ha realizado las llamadas “consultas del artículo IV” (análisis periódicos que el FMI realiza de las economías de sus países miembros). En el curso de la visita, la misión ha recabado información tanto del Gobierno como de diferentes agentes económicos, políticos y sociales.

El análisis que el FMI ha realizado de la situación coincide con el del Gobierno, que estima que la economía española ha entrado en una fase de estabilización tras la severa crisis de los dos últimos años, pero que esa recuperación es aún débil y, por tanto, el Ejecutivo no debe retrasar las reformas estructurales anunciadas

El organismo internacional “respalda plenamente el ambicioso programa de consolidación fiscal” que ha puesto en marcha el Gobierno, que “refuerza significativamente y adelanta el ajuste previsto y mejora la credibilidad”, según el FMI, para el que la nueva senda del déficit público es también la apropiada.

Igualmente, el FMI valora positivamente que los desequilibrios acumulados durante los últimos años “han comenzado a suavizarse, con el déficit por cuenta corriente reduciéndose a la mitad al aumentar el ahorro privado y caer la inversión residencial”. Por otra parte, “la competitividad ha comenzado a mejorar a medida que la productividad ha aumentado y a pesar del rebote en los precios de la energía y del incremento del IVA, la inflación seguirá siendo moderada, permitiendo recuperar competitividad”.

El escenario central de previsión del Fondo apuesta por una continuación del ajuste de los distintos desequilibrios que afectan a la economía española, con un crecimiento a medio plazo del 1,5%-2%. Sin embargo algunos factores pueden afectar a la recuperación, como una lenta mejora del consumo privado, el elevado desempleo y la necesidad de reducir el endeudamiento privado, lo que unido a un crecimiento lento de la población y a la debilidad de la inversión, dificultan el crecimiento potencial.

Por este motivo, para el FMI es crucial acelerar las reformas estructurales anunciadas por el Ejecutivo, con especial atención a las siguientes áreas:

* Una revisión radical y urgente del mercado de trabajo, que en opinión del Fondo debe contar con dos objetivos principales: Eliminar la dualidad,  reduciendo los costes de despido por lo menos a los niveles medios de la UE, y estimular una descentralización en los métodos de fijación de los salarios, eliminando la indexación.
* Adoptar con rapidez la reforma del sistema de pensiones que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, y que incluye la elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años, para hacer frente así a fuertes presiones de gasto a largo plazo debido al envejecimiento y menor crecimiento de la población.
* Continuar con los “progresos loables” de los últimos años en la reforma de los mercados de bienes y servicios, mediante la transposición de la Directiva de Servicios de la UE, y en el sector de la construcción, con la eliminación de incentivos a la compra de vivienda. En este sentido, el FMI establece que la prioridad para España debe ser seguir reduciendo las restricciones en el comercio minorista, los servicios profesionales y el mercado del alquiler.
* Acelerar la reestructuración del sistema financiero para reducir la sobrecapacidad y dar lugar a instituciones más robustas. Sobre este tema la institución financiera internacional opina que el sistema bancario es sólido, “que los bancos muestran, en general, capital y colchones de reservas robustos, apoyados en un marco supervisor fuerte, pero los riesgos se mantienen elevados y desigualmente distribuidos entre instituciones, centrados sobre todo en las cajas de ahorros”. El FMI también considera que el progreso de ese proceso de reestructuración, al amparo del  FROB, ha sido demasiado lento, si bien el reciente acuerdo alcanzado entre los dos principales partidos políticos para acelerar el proceso “es esperanzador”.

De la misma manera, el marco legal de las cajas de ahorros tiene que ser adaptado al nuevo marco económico, y según el FMI la prioridad legislativa tiene que ser “reducir la influencia política en las cajas de ahorros, impulsar su capacidad para aumentar capital y ofrecer la oportunidad a las cajas de convertirse en sociedades tenedoras de acciones”.

Finalmente, el FMI advierte que “cualquier desviación a la hora de alcanzar los objetivos fiscales hará más difícil situar la deuda pública en una senda firmemente decreciente en un plazo razonable de tiempo y debilitará la credibilidad”. Es por tanto crítico para el Fondo que se ejecuten rápidamente las reformas estructurales y se preparen con anticipación “medidas de ajuste adicionales, que deberán proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad y podrían incluir recortes adicionales de gasto y el aumento adicional del relativamente bajo nivel de IVA y de los impuestos especiales”.