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Ligero optimismo de Hacienda en las cuentas del primer trimestre

Enviado por el abril 27, 2010 Sin comentarios

La recaudación impositiva creció durante el primer trimestre del año un 0,8% en relación al mismo periodo de 2009, lo que supone la primera subida tras dos años de tasas de evolución negativas, según los datos de ejecución presupuestaria presentados hoy por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña. El principal factor que explica este repunte es la recaudación por IVA, que presentó hasta marzo un perfil más dinámico con un incremento del 2,2%, que se elevaría hasta el 7,4% si se descontara el efecto coyuntural sobre las cifras que hoy se presentan de las devoluciones y aplazamientos solicitados en el impuesto. Aspectos cuyo impacto negativo sobre la recaudación bruta se irá diluyendo con el paso de los meses.

El Estado registró hasta marzo un déficit de 8.908 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que equivale al 0,85% del PIB. Este balance resulta de unos ingresos no financieros acumulados hasta marzo de 31.772 millones de euros, frente a unos empleos no financieros que ascendieron a 40.680 millones en el mismo periodo.

A la hora de analizar estos datos hay que tener en cuenta dos factores que introducen distorsiones en la comparación con las cifras de 2009 y cuyo efecto se irá diluyendo a lo largo del año. El primero de ellos es la entrega a las comunidades autónomas, desde el inicio de este año, de los anticipos a cuenta derivados de los recursos adicionales que reconoce el nuevo sistema de financiación. El año pasado, los pagos derivados del nuevo modelo se realizaron en diciembre, una vez aprobado el mismo. Las entregas a cuenta de este año han aumentado los gastos del Estado en el primer trimestre en un importe de 2.352 millones de euros, mientras que en el año 2009 no se llevó a cabo ningún desembolso por este concepto hasta final de año. El otro factor son las transferencias del Estado a favor del Servicio Público de Empleo Estatal, que en este arranque de año suman 4.110 millones de euros, en lugar de los 2.104 millones registrados hasta marzo de 2009. Esta diferencia no se debe al incremento en la factura de las prestaciones por desempleo, sino a que en los presupuestos de este año ya se prevé el importe de estas transferencias, mientras que en el año pasado se llevaron a cabo mediante un crédito extraordinario aprobado en el mes de junio. Sin la intervención de estos dos factores de naturaleza coyuntural, el déficit del Estado a marzo de este año se reduciría en torno a unas tres décimas.

Tomado desde la perspectiva de las operaciones de caja, una metodología contable en la que se anotan los ingresos y pagos que efectivamente se han realizado durante ese periodo, el Estado alcanzó en el primer trimestre del año un déficit de 15.546 millones de euros, frente al déficit de 11.345 millones d el mismo periodo de 2009. Estos datos se ven igualmente afectados por los factores coyunturales explicados anteriormente.

El Estado ha cerrado el primer trimestre de 2010 con una necesidad de endeudamiento de 10.015 millones de euros, un 65,1% menos que los 28.694 millones reconocidos en marzo del año anterior, debido, sobre todo, a que el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) no ha necesitado realizar más operaciones.

INGRESOS NO FINANCIEROS

En las cifras de ingresos no financieros se aportan datos tanto del Estado como de las entregas a cuenta de las Administraciones Territoriales (CC.AA. y corporaciones locales). La cifra de recaudación total, incluyendo los datos del conjunto de las Administraciones, permite hacer un análisis más completo.

La principal novedad en este capítulo se encuentra en los ingresos impositivos (el 91% del total), que experimentaron un crecimiento acumulado del 0,8% en el primer tercio del año, reflejando la primera tasa de evolución positiva desde que se iniciara la fase más aguda de la crisis hace dos años. Estos ingresos se vieron impulsados por la recaudación por IVA y por IRPF, en cuya evolución empiezan a hacerse tangibles los primeros efectos de las medidas de consolidación fiscal lanzadas por el Gobierno. Sin embargo, debido a la disminución de los ingresos no impositivos, la recaudación neta descendió un 1,9% respecto a 2009.

En términos cuantitativos y por figuras impositivas, el IRPF proporcionó una recaudación de 19.212 euros, con un incremento del 1,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior debido principalmente a la eliminación parcial de la deducción de 400 euros.

La recaudación por el Impuesto de Sociedades fue de 693 millones de euros, con un descenso del 32,3%. Estos datos no son significativos y  habrá que esperar al primer pago fraccionado de abril, dado que los ingresos obtenidos por este impuesto en el primer trimestre del año únicamente suponen el 5% del total.

Dentro ya de los impuestos indirectos, la recaudación por IVA continuó mostrando un perfil ascendente y se elevó a 14. 584 millones de euros, lo que implica una subida del 2,2 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Este dato supone un cambio sustancial de tendencia en la evolución del impuesto, que hasta el presente mes de marzo había presentado tasas negativas durante los 27 meses anteriores.

Si, además, se descontara el efecto coyuntural que sobre las cifras de recaudación por este impuesto suponen la aplicación del nuevo sistema de devolución mensual -aún no operativo durante el mismo periodo de 2009- y el volumen de aplazamientos solicitados, el aumento de los ingresos se elevaría hasta el 7,4%.

Por su parte, la recaudación por impuestos especiales se elevó hasta los 4.655 millones de euros, aumentando en el primer trimestre un 2,4% respecto al mismo periodo de 2009. De este capítulo, destaca el aumento del 7% de la recaudación por el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, así como el aumento del 0,3% en la del Impuesto sobre Hidrocarburos. La recaudación del Impuesto sobre la Electricidad se redujo  un 5,1%.

PAGOS NO FINANCIEROS

Por lo que se refiere a los pagos no financieros, éstos representaron un total de 48.305 millones de euros, con un aumento interanual del  13,4%.  El incremento se localiza principalmente en los gastos financieros, que han aumentado un 23,2% como consecuencia de los pagos para el servicio de la deuda.

Las transferencias corrientes crecieron un 19%, debido a los anticipos a cuenta abonados a las CCAA y a las mayores transferencias a los Servicios de Empleo. El capítulo de sueldos y salarios creció hasta marzo un 3,3%, aunque el conjunto de los gastos de personal, incluyendo los pagos a las mutualidades de funcionarios, se elevaron un 6,8%.

Corbacho y los ministros de Trabajo del G20 con Obama

Enviado por el abril 22, 2010 Sin comentarios

Los ministros de Trabajo del G20 entregan a Barack Obama sus recomendaciones sobre Empleo. Afirman que «el crecimiento ha comenzado a reaparecer en muchas de nuestras economías», pero «el desempleo a escala mundial se sitúa en altos niveles históricos». «Podemos alcanzar un mayor equilibrio de progreso y bienestar para nuestros ciudadanos actuando juntos, pues ningún país puede lograrlo por si solo», señalan los ministros

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha participado hoy en la entrega al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de las recomendaciones sobre Empleo que han elaborado los ministros de Trabajo del G20 durante la reunión que se ha celebrado en Washington. Este documento establece las líneas que se consideran prioritarias para acelerar la recuperación del Empleo y poner las bases para crear ocupación de calidad.

En sus conclusiones, los ministros indican que «el crecimiento ha comenzado a reaparecer en muchas de nuestras economías», pero «el desempleo a escala mundial se sitúa en altos niveles históricos y en muchos países las tasas de paro están aumentando todavía». Por este motivo, consideran que «es necesaria la implementación de las medidas ya anunciadas y, en algunos casos son necesarios esfuerzos adicionales para asegurarse de que la recuperación es sostenida y produce un crecimiento con alto nivel de creación de empleo». Y añaden: «Mientras el paro persista debemos de continuar proporcionando también apoyo a la renta, formación y servicios de empleo como la ayuda en la búsqueda de trabajo para los parados».

Los ministros de Trabajo del G20 indican que «junto con la recuperación económica, hay que abordar también una serie de retos que han estado apareciendo incluso antes de la crisis», y proponen fomentar la coordinación con el objetivo de «anticiparnos a estos cambios y ayudar a nuestros ciudadanos a prepararse para beneficiarse de las oportunidades».

Por otro lado, afirman que «podemos alcanzar un mayor equilibrio de progreso y bienestar para nuestros ciudadanos actuando juntos, pues ningún país puede lograrlo por si solo».

En el documento se proponen medidas en los siguientes ámbitos:

* Acelerar la creación de empleo y asegurar una recuperación sostenible y futuro crecimiento.
* Reforzar los sistemas de protección social y promover políticas activas de mercado de trabajo.
* Situar el empleo y la paliación de la pobreza en el centro de las estrategias económicas nacionales y globales.
* Mejorar la calidad de los empleos para nuestros ciudadanos.
* Preparar a la población activa para los futuros retos y oportunidades.

El Gobierno presenta su documento de trabajo sobre la reforma laboral

Enviado por el abril 12, 2010 Sin comentarios

Tal como se ha mantenido en la mesa de negociación, el Gobierno entiende que la negociación debe articularse alrededor de cinco ejes fundamentales: dualidad y temporalidad de nuestro mercado laboral, revisión de la política de bonificaciones a la contratación, programa de empleo de jóvenes, intermediación laboral y fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo. Parece obligado que el acuerdo contenga medidas de mayor o menor intensidad en todas y cada una de estas materias.

Aunque negociación colectiva y flexibilidad interna constituyen elementos fundamentales a la hora de modificar sustantivamente nuestro mercado de trabajo, la remisión al ámbito bilateral que se realizaba en el documento de 5 de febrero y que han reiterado los interlocutores sociales en su Acuerdo de 9 de febrero pasado aconseja abstenerse de toda propuesta en esta materia, fuera del evidente compromiso de articular mediante las reformas legales que resulten necesarias los resultados de esta negociación bilateral. El Gobierno considera, por otra parte, que la igualdad y no discriminación en el trabajo entre mujeres y hombres es una materia transversal que no debe ser objeto de medidas específicas o segmentadas en este documento. Las actuaciones referentes a este tema aparecen, no obstante, destacadamente en propuestas específicas sobre bonificaciones a la contratación, el respeto al principio de la paridad en las políticas de empleo o en los nuevos contratos para la formación.

Con relación a las actuaciones sobre el control de los procesos de incapacidad temporal, el Gobierno acepta que los elementos estructurales de estas materias deben discutirse en el marco de diálogo social con los interlocutores sociales derivado del Pacto de Toledo, por considerarlos más vinculados a cuestiones de Seguridad Social que a materias específicas de mercado de trabajo. Reiterando, en cualquier caso, el carácter abierto de este documento para recoger aportaciones de todas las partes, se ha considerado más oportuno dejarlo al margen del mismo.

En cualquier caso, el Gobierno reitera una vez más su propósito de concluir esta negociación con un acuerdo tripartito con las organizaciones empresariales y los sindicatos, que permita avanzar hacia un mercado de trabajo más moderno, funcional y coherente con el desarrollo de la economía sostenible; un acuerdo, en fin, que garantice su equilibrio y aplicación más eficaz, que respete los condicionantes presupuestarios en que se enmarca la actual política económica y que apoye la creación de empleo y aumente las oportunidades de empleo de las personas desempleadas.

1. Actuaciones para reducir la dualidad y la temporalidad de nuestro mercado laboral.

Como se señalaba en el documento de 5 de febrero, la dualidad entre trabajadores fijos y temporales constituye el problema estructural más grave de nuestro mercado de trabajo. Por ello, situar la contratación estable como elemento central del nuevo modelo de crecimiento económico y de nuestro sistema de relaciones laborales constituye el objetivo prioritario del actual proceso de diálogo social sobre mercado de trabajo.

Como ya se decía en aquel documento, para reducir de forma significativa la dualidad actual del mercado laboral debe actuarse simultáneamente y con similares niveles de intensidad a través de medidas que propicien el recurso a la contratación indefinida, y en consecuencia, el empleo indefinido, y de otras que ponderen y racionalicen el uso de la contratación temporal y desincentiven su uso injustificado. Todo ello sin que produzca un incremento de costes que grave las nuevas contrataciones y afecte a la creación global de empleo.

Contratación de duración determinada

Para racionalizar el uso de la contratación temporal y evitar su uso no justificado, resultaría necesario operar, en primer lugar, sobre la definición legal de las causas de los contratos temporales de obra o servicio y eventual.

En lo que se refiere al contrato de obra o servicio, las alternativas son varias. La primera posible sería desvincular la causa de esta modalidad contractual de la actividad habitual u ordinaria de la empresa y de la subcontratación empresarial de obras y servicios. Esto último debería acompañarse, necesariamente, de la definición de la finalización de la subcontrata como causa de extinción individual o colectiva del contrato por causas económicas. Una segunda alternativa consistiría en establecer legalmente plazos máximos de duración del contrato de obra o servicio para evitar que este contrato temporal, so pretexto de su duración incierta, se prolongue indefinidamente en el tiempo. Esos plazos máximos legales habrían de respetar en todo caso las reglas establecidas en determinados convenios colectivos sectoriales y podrían también ser modulados a través de la negociación colectiva.

En lo que se refiere al contrato eventual, parecería más coherente que las actividades estacionales de carácter intermitente o cíclico no justificaran la realización de esta modalidad contractual temporal, reorientando ese tipo de actividades, tal y como sugiere la legislación actual, hacia el contrato fijo-discontinuo, sin afectar a la actual protección por desempleo de este último.

Junto a ello, para evitar la permanencia prolongada de los trabajadores en situación de temporalidad, sería oportuna una regulación más adecuada de la actual regla dirigida a evitar el encadenamiento de contratos temporales, operando sobre todos o algunos de los requisitos vigentes en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Además, podría ser de utilidad para ponderar y racionalizar el uso de la contratación temporal y evitar su uso no justificado, reconocer mayores facultades a la negociación colectiva en estas materias, para que las aborde con mayor profundidad que en la actualidad.

En cualquier caso, se ampliarán las campañas sistemáticas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para controlar el cumplimiento de la normativa sobre contratación temporal y evitar la temporalidad injustificada.

Medidas de orden económico en relación con la contratación temporal (indemnización por fin del contrato, cotización por desempleo) siguen estando presentes en la negociación, aunque no parece aconsejable su aplicación en una coyuntura económica como la actual.

Contratación indefinida

Las medidas dirigidas a combatir la contratación temporal injustificada deben acompañarse, necesariamente, de medidas que hagan más atractiva para las empresas la contratación indefinida.

En esa dirección, el Gobierno reafirma, en primer lugar, su voluntad de mantener l regulación del contrato indefinido ordinario en su configuración actual. Lo anterior debe ser compatible con la voluntad de ampliar las posibilidades de utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida que existe en nuestra legislación laboral desde 1997 pero que ha ido cayendo en desuso en los últimos años.

Para una mayor utilización de esa modalidad contractual existen diversas alternativas: la primera, reabrir la posibilidad, como ha sucedido en otras etapas, de que los contratos temporales puedan transformarse en contratos de fomento de la contratación indefinida; la segunda, examinar la posibilidad de que nuevos colectivos de trabajadores, fuertemente afectados por el desempleo o la temporalidad, puedan realizar estos contratos manteniendo en cualquier caso su naturaleza de fomento de la contratación indefinida; la tercera, igualar el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario.

Como fórmula que podría favorecer firmemente la creación de empleo indefinido, el Gobierno propone trabajar, buscando siempre el consenso con los interlocutores sociales, sobre la adaptación a nuestro país de modelos sobre los sistemas de indemnización por despido que en los últimos años se han adoptado en algunos países europeos, entre ellos en el sistema laboral austríaco, que permitan incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una movilidad laboral más sana, así como la formación para el empleo a lo largo de toda la vida laboral. El Gobierno considera que es necesario avanzar en vías de este tipo que podrían ser de especial utilidad para resolver el problema estructural más grave de nuestro mercado de trabajo: la dualidad entre trabajadores fijos y temporales.

Para avanzar en la dirección anterior, podría valorarse la oportunidad de aplicar para los nuevos contratos de fomento de la contratación indefinida, con carácter transitorio y excepcional, medidas que pudieran conducir de manera inmediata a apoyar la creación de empleo estable. Medidas que podrían inspirarse en la exención de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos para superar situaciones económicas adversas que existen ya en nuestra legislación, sin afectar a los derechos de los trabajadores.

Finalmente, es obligado seguir reflexionando sobre las razones que explican las fuertes diferencias que existen entre nuestra legislación y las prácticas seguidas en lo que se refiere a las causas del despido. Resultaría necesario, para un adecuado funcionamiento del mercado de trabajo, recuperar en la práctica la causalidad del despido y el derecho a la tutela judicial efectiva, ofreciendo al mismo tiempo certidumbre y seguridad jurídica tanto para empresarios como para trabajadores a la hora de abordar las extinciones de los contratos de trabajo. Ello aconsejaría profundizar en como objetivar con mayor claridad las causas de los despidos económicos y en como deberían regularse ciertas prácticas que han desnaturalizado los procedimientos de extinción del contrato.

Contratación a tiempo parcial

En opinión del Gobierno, se debería avanzar en una mayor extensión del trabajo a tiempo parcial estable en nuestro país, de la que se beneficien a la vez empresas y trabajadores.

Desde la perspectiva de la regulación sustantiva, debería eliminarse la posibilidad de realizar horas complementarias en el contrato a tiempo parcial, cuya compleja regulación no parece haber resultado útil ni para las empresas ni para los trabajadores. Ello iría acompañado del establecimiento de dos formas de fijar la jornada y el horario de trabajo:

– Una con horario cierto y fijo de trabajo, sin posibilidad de alterar dicho horario ni realizar horas extraordinarias. En este caso, el contrato podría concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada.

– Otra en la que el empresario podría modificar el horario de trabajo con un preaviso mínimo a determinar; además, el empresario y el trabajador podrían acordar la realización de horas extraordinarias con los límites previstos en el artículo 35 ET y en un número máximo anual proporcional a la jornada pactada. En este caso, el contrato solo podría concertarse por tiempo indefinido.

Las bonificaciones para los contratos a tiempo parcial quedarían limitadas a los contratos con horario cierto y fijo celebrados con carácter indefinido. Se mantendrían también para los de duración determinada actualmente bonificados (personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social).

Desde la perspectiva de la protección social, ésta sería mejorada mediante el incremento durante un plazo coyuntural del coeficiente multiplicador actualmente establecido para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente.

Medidas de choque del Gobierno contra la crisis

Enviado por el abril 9, 2010 1 comentario

Las medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo, son un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar la capacidad de nuestro tejido productivo con el objetivo de  impulsar el crecimiento de la economía española y, con él, la creación de empleo. El Real Decreto Ley se estructura temáticamente en torno a seis ejes de actuación que persiguen el fomento de la rehabilitación de viviendas, la configuración de un marco más propicio para la actividad empresarial, el apoyo a las PYMES, la protección de los ciudadanos más vulnerables a la situación económica y la mejora del entorno regulatorio en los sectores energético y financiero.

IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

Como capítulo uno, el Decreto Ley incluye un conjunto de reformas  destinadas a recuperar la actividad en el sector de la construcción por la vía, fundamentalmente, del impulso fiscal a la rehabilitación de viviendas, contribuyendo además a la eficiencia y ahorro energético y propiciando incrementos en los niveles de empleo y actividad de un sector especialmente afectado por la crisis.

Dentro de este capítulo se incluye la creación de una nueva deducción temporal en el IRPF por  las obras de mejora en la vivienda habitual que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2012, siempre que tengan por objeto, entre otros, la mejora de la eficiencia energética, la sustitución de instalaciones de suministros o la creación de infraestructuras que favorezcan la accesibilidad. Permitirá deducirse el 10% de las cantidades invertidas, con un límite máximo anual de 4.000 euros, a los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 33.007 €, y se reducirá progresivamente hasta los 53.007,20 € de base imponible. El límite durante todos los años de vigencia de la norma es de 12.000 euros por vivienda.

Por otra parte, se establece la aplicación de un tipo reducido de IVA para todo tipo de obras de renovación y reparación de vivienda realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. También se amplía el concepto de rehabilitación estructural tanto en el IVA como en el IGIC, a través de la definición de obras análogas y conexas a las estructurales, lo que permitirá reducir los costes fiscales de esta actividad.

ESTÍMULOS PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Otro grupo de medidas están orientadas a favorecer la actividad empresarial a partir de reformas de carácter administrativo y fiscal. Dentro de este epígrafe destaca la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para permitir el mantenimiento de las relaciones contractuales con la Administración a las empresas que hayan solicitado la declaración voluntaria de concurso de acreedores, siempre que ésta haya adquirido eficacia a través de un convenio, así como la devolución de la garantía depositada por el contratista y la cesión del contrato cuando éste no pueda garantizar su ejecución. En este mismo sentido también se modifica la Ley de Subvenciones para permitir que las empresas que se declaren voluntariamente en concurso de acreedores puedan seguir percibiéndolas.

En el plano fiscal, se modifica la normativa del IVA y del IGIC con el objetivo de flexibilizar los requisitos para recuperar las cuotas repercutidas del impuesto en los casos de facturas total o parcialmente incobrables; y se prorroga para 2011 y 2012 la libertad de amortización de inversiones en el Impuesto de Sociedades siempre que se mantenga el empleo.

Las reformas en este campo alcanzan también a la Ley del Suelo para poder aplicar un coeficiente corrector vinculado con los precios de mercado en la valoración del suelo agrario y para extender hasta el final de 2011 la posibilidad de aplicación de la legislación anterior en la valoración de suelos definidos como urbanizables; a la regulación de los seguros de crédito a la exportación para que las coberturas otorgadas puedan instrumentarse mediante garantías o seguros de crédito, y a las tasas aeroportuarias.

APOYO A PYMES

Las pequeñas y medianas empresas tienen una relevancia incuestionable dentro del tejido industrial español y, por esta razón, el Gobierno las ha situado desde un primer momento en el centro de su acción política contra la crisis económica. Este nuevo paquete de medidas busca fundamentalmente  introducir nuevos mecanismos de apoyo financiero y reducir las cargas administrativas en el ámbito tributario.

Para paliar los problemas de acceso al crédito, se instruye al ICO para que agilice los procedimientos de licitación necesarios para la puesta en funcionamiento del programa de financiación directa a PYMES y autónomos de modo que esté operativo antes del 15 de junio de 2010. Además, el decreto flexibiliza el funcionamiento de los fondos de titulización de créditos a pequeñas y medianas empresas, los FTPYME, de forma que los fondos derivados de la titulización puedan destinarse a financiar activo circulante. En el campo de la reducción de cargas administrativas, se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades para exonerar de las obligaciones de documentación respecto a las operaciones vinculadas a las empresas de reducida dimensión cuando estas operaciones en su conjunto no superan la cuantía de 100.000 euros por ejercicio. Esta exoneración no será operativa para las operaciones con paraísos fiscales.

PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS

La iniciativa aprobada hoy hace especial hincapié en la protección de los segmentos sociales más vulnerables y más expuestos a la crisis. Para intentar avanzar en este objetivo se eleva el umbral de inembargabilidad establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Este umbral se eleva en un 10% sobre el actual, fijado en el Salario Mínimo Interprofesional, incrementándose en un 20% adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión.

Por otra parte, se establece un tipo superreducido de IVA del 4% para los servicios de atención a la dependencia prestados por empresas integradas dentro del Sistema Público de Autonomía y Atención a la Dependencia a través de plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de concursos administrativos. Se incluyen los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial.

La norma incluye la exención en el Impuesto sobre la Renta, con un límite de 1.500 euros, de las cantidades satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo en transporte público colectivo.

MEDIDAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO Y FINANCIERO

Finalmente, el Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo también incorpora actuaciones en sectores estratégicos de la economía española, como el energético y el financiero.

En el ámbito financiero, las modificaciones están orientadas a clarificar el régimen aplicable a los sistemas institucionales de protección (SIP) en aspectos relativos a su régimen de consolidación contable y de adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos, con objeto de garantizar su seguridad jurídica; a reducir los plazos y trámites asociados al funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acelerar las reestructuraciones en el sector financiero, y a permitir que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de los préstamos hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulización..

En lo que se refiere al sector energético, se incluyen medidas que tienen como objetivo crear las condiciones para impulsar las empresas de servicios energéticos, muy relevantes para la modernización del sector, así como otras relativas a la titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico y a la creación y regulación de la figura del gestor de recarga energética para impulsar el uso del vehículo eléctrico con una propuesta de tarifas ‘super-valle’.

De Zurbano a Montreal

Enviado por el abril 1, 2010 Sin comentarios

Los tramoyistas de la Moncloa andan con el decorado a cuestas. Se acabó el paripé del Palacio de Zurbano con su ambiente zen para el “photo call” del Tridente: Salgado, Blanco y Sebastián. Ahora la nueva cita de la conjunción planetaria es el 26 de  junio en Montreal, sede de  la cumbre del G-20, última oportunidad de Zapatero de hacerse la foto con los mandamases del mundo. Allí irán los fontaneros del presidente, encabezados por Bernardino León, con la silla de Zapatero a cuestas. En Washington, Londres y Pittsburgh la silla era prestada y a Canadá parece que van a llevar una silla propia. Zapatero se quedará con la miel en los labios de sentarse en la cumbre del G-8, privilegio que sí tuvo Aznar como presidente de la UE. ¿Y de abril a junio, qué? Pues nueva travesía del desierto con una añagaza de pacto para la recuperación económica, una mini reforma laboral y poco más que rascar.

Los parteros de las escuálidas conclusiones del acuerdo de Zurbano, que algunos partidos firmarán en abril, no olvidan sus principios hegeliano-marxistas y como un canto de juventud lo han denominado “Documento de síntesis”, fruto de las tesis del PSOE y de la antítesis de la oposición. Ha bastado un pequeño soplo de cordura para que el castillo de naipes del pacto contra la crisis haya sucumbido virgen y mártir. Tan sólo han sobrevivido algunos acuerdos para dotar de más actividad al ICO, la rebaja del IVA en las chapuzas domésticas y las sempiternas ayudas al coche eléctrico. Lo más útil, como algunas medidas para las pymes, siguen su curso en el parlamento gracias a la mano izquierda de CiU.
Y ahí se acaba la historia de los treinta dos folios de Acuerdo Político para la Recuperación del Crecimiento Económico y la Creación de Empleo que motivó un Pleno extraordinario y mucha tinta. Hoy la cruda realidad pasa por el informe del Banco de España que augura menos crecimiento y más paro. La contestación del Maquiavelo de León ha sido, como siempre, matar al mensajero.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 1 de abril de 2010

Rodríguez Zapatero pide a la UE un compromiso con Grecia

Enviado por el marzo 25, 2010 1 comentario

El presidente del Gobierno español y presidente de turno de la UE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido que la solución a la crisis que vive Grecia ha de ser europea y que la defensa del euro, su estabilidad y fortaleza es una «responsabilidad común» de la UE. Tanto el presidente del Gobierno español y de turno de la UE, José Luis Rodríguez Zapatero, como el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, han resaltado la importancia de la Cumbre Social Tripartita, celebrada esta mañana en Bruselas antes de que comience el Consejo Europeo de Primavera esta tarde.

El Presidente español, en la rueda de prensa posterior a la Cumbre Social Tripartita, quiso transmitir dos ideas. La primera, dijo, es que la salida de la crisis, el crecimiento económico europeo, la creación de empleo y el mantenimiento del modelo social europeo exige competitividad y acuerdos sociales. La segunda idea es que tanto los sindicatos como los empresarios han defendido en la Cumbre Social que es «fundamental» mantener la fortaleza del euro y su seguridad, y han requerido a las instituciones europeas para que aporten una solución a los problemas que pueda tener un país miembro de la UE, como le sucede ahora a Grecia. Dijo que quería destacar esta consideración porque la «corresponsabilidad» está en los fundamentos de la creación del euro como moneda única europea y subrayó que éste es un concepto distinto al de «solidaridad».

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, explicó que los interlocutores sociales han mostrado su acuerdo en muchos puntos con las claves de la Estrategia 2020 que se ha abordado en la Cumbre Social y que tratará el Consejo Europeo. Al igual que el Presidente español, Durao Barroso resaltó la importancia que tiene la estabilidad del euro no sólo para los Gobiernos, sino también para los agentes sociales y para los trabajadores.

Solución europea

Rodríguez Zapatero ha considerado «razonable» acudir a préstamos bilaterales y «admisible» la participación del Fondo Monetario Internacional para salvar la situación de Grecia, pero subrayó que la «solución debe ser europea». Insistió en que cuando hablamos de una moneda común, hablamos de una «responsabilidad común» y aclaró que no se trata de «dar» dinero a Grecia, sino de «prestar» dinero, lo que quiere decir que éste se devuelve con intereses, especificó.

Para el Presidente español «la Unión Europea tiene que mostrar su compromiso con el euro y con los países que lo integran». Sobre la cantidad que aportaría España, el jefe del Ejecutivo dijo que aún no hay cantidad estimada, pero que nuestro país aportará lo que le corresponda en función del peso de su PIB y de su población.

Reunión del Eurogrupo.

Tanto Rodríguez Zapatero como Durao Barroso consideraron que el Consejo Europeo tiene que dar una respuesta de compromiso a los problemas de Grecia y «una respuesta europea» para garantizar la estabilidad y la fortaleza del euro. Para Durao Barroso sería «impensable» no encontrar un consenso cuando la decisión es «urgente y relevante». Ambos confían en que se va a encontrar una solución y que se hará contando, de manera fundamental, con el Eurogrupo.

Lucha contra ETA Preguntado por las declaraciones del eurodiputado popular, Jaime Mayor Oreja, sobre supuestas negociaciones del Gobierno con ETA, Rodríguez Zapatero dijo que esta afirmación es «inaceptable» e «impropia» porque busca provocar fisuras en un momento en el que la lucha contra el terrorismo ha avanzado tanto. Pidió responsabilidad al líder del PP, Mariano Rajoy, pues sus declaraciones en apoyo de Mayor Oreja son «improcedentes»  ya que sabe que son «mentira». Por el contrario, agradeció la posición mantenida al respecto por el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti.

Consejo Europeo

Antes de asistir a la Cumbre Social Tripartita, el presidente del Gobierno de España y presidente de turno de la UE ha celebrado un desayuno de trabajo con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. Ambos mandatarios han abordado en su reunión la crisis que vive Grecia y la necesidad de actuar en su ayuda. Además, han repasado los asuntos que se abordarán en la Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno que comienza esta tarde en Bruselas y prolongará sus sesiones de trabajo hasta mañana.

El Estado gastó el doble de lo que ingresó en 2009

Enviado por el febrero 25, 2010 Sin comentarios

El Estado registró al cierre del año 2009 un déficit de 99.785 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que equivale al 9,49% del PIB. En 2008, el saldo negativo de las cuentas estatales fue de 30.572 millones, lo que en términos relativos supuso un déficit del 2,81% en relación al PIB. Este balance anual es el saldo resultante de unos gastos no financieros que alcanzaron la cifra de 205.714 millones de euros; por unos ingresos no financieros que ascendieron a 105.929 millones. En términos de caja, una metodología contable que anota los ingresos y pagos que efectivamente se han realizado durante el periodo, el Estado presentó en 2009 un déficit de 87.281 millones de euros, frente al saldo negativo de 18.747 millones con que se cerró el ejercicio precedente. El resultado presupuestario del Estado en el ejercicio de 2009 está condicionado por el contexto de crisis económica en el que se enmarca y por las medidas extraordinarias de estímulo puestas en marcha por el Gobierno para contrarrestar el impacto sobre familias y empresas de la pérdida de dinamismo de la economía. El incremento de las transferencias del Estado al Servicio Público de Empleo para el pago de prestaciones por desempleo, el subsidio para parados de larga duración, las iniciativas gubernamentales dirigidas a estimular la creación de empleo y la inversión, unidas a la política de reducciones selectivas de impuestos en determinados sectores y mayores aplazamientos impulsada desde Hacienda han tenido un efecto conjunto de 36.910 millones de euros. Muchas de estas medidas son de carácter coyuntural y, por su propia naturaleza, no se prolongarán indefinidamente en el tiempo. El impacto de éstas, sumado a las mayores aportaciones que ha realizado el pasado año el Estado para afrontar el pago de las prestaciones por desempleo, explican más de una tercera parte del déficit público de 2009.

INGRESOS NO FINANCIEROS
En las cifras de ingresos no financieros se aportan datos del conjunto de las Administraciones Públicas, antes de descontar la participación de las administraciones territoriales (CCAA y Corporaciones Locales), lo que permite hacer un análisis más completo. Durante el pasado año la recaudación neta ascendió a 162.460 millones de euros, un 13,9% menos que en 2008. Los ingresos impositivos, que representan el 90% del total, retrocedieron un 17,1% respecto al ejercicio de 2008 como consecuencia del impacto de la crisis económica. La recaudación por impuestos directos fue de 87.521 millones de euros, un 14,2% menos que la cifra de 2008. El IRPF cerró el año proporcionando unos ingresos de 63.857 millones de euros, inferiores en un 10,5% a los de 2008, entre otros factores por los mayores aplazamientos y el impacto de medidas como la deducción de 400 euros, la nueva deducción por alquiler de vivienda, la ampliación de los plazos para la materialización de las cuentas ahorro vivienda y para reinversión de vivienda habitual. En el Impuesto de Sociedades el descenso de la recaudación fue algo mayor, al reducirse un 26,1%. En este comportamiento también influyeron la agilización de las devoluciones a empresas, el efecto de la segunda fase de la reforma fiscal y, por supuesto, los menores beneficios de las empresas como consecuencia de la debilidad de la situación económica. En total, los ingresos por este impuesto ascendieron a 20.188 millones de euros.
Los impuestos indirectos también aportaron menos a las arcas públicas en 2009. Los ingresos por esta vía alcanzaron los 55.661 millones, lo que implica un retroceso del 21,2% en relación al ejercicio de 2008. La recaudación por IVA descendió un 30,1%, cerrando el año con 33.573 millones de euros. Hay que aclarar que este descenso se explica, en buena medida, por los mayores aplazamientos de pago registrados y por la ampliación del derecho a la devolución mensual, cuyo impacto conjunto a efectos de recaudación asciende a unos 6.550 millones de euros.

La recaudación por impuestos especiales ascendió a 19.349 millones de euros, un 1,1% menos que en el ejercicio fiscal de 2008. Dentro de esta rúbrica destacan el descenso del 3% de la recaudación por el Impuesto de Hidrocarburos, así como el repunte del 1,5% en los ingresos derivados del Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
Descontando la participación que corresponde a los entes territoriales sobre el IRPF, IVA y los Impuestos Especiales en virtud de su sistema de financiación que ascendió a 60.422 millones de euros, incrementando su cuantía en un 1,8% respecto a la registrada en diciembre de 2008, los ingresos no financieros del Estado alcanzaron en 2009 los 102.038 millones de euros, lo que supone un volumen inferior en un 21,1% a lo ingresado el ejercicio precedente. En cuanto a la evolución de la recaudación no impositiva, ésta se incrementó un 20,4% en 2009 hasta alcanzar los 19.728 millones de euros. A ello contribuyeron varios factores como las diferencias entre los valores de reembolso y emisión de la deuda pública o la comisiones por los avales concedidos en el marco del Real Decreto Ley 7/2008.

PAGOS NO FINANCIEROS
En 2009, los pagos no financieros realizados por el Estado representaron 189.319 millones de euros, marcando un incremento interanual del 27,8%. El aumento de las transferencias a los Servicios Públicos de Empleo y al Fondo Estatal de Inversión Local y la concesión de un anticipo a las comunidades autónomas como consecuencia del nuevo sistema de financiación explican parte de este incremento. Sin la presencia de estos factores, los empleos no financieros del Estado ascenderían un 6,3%. Los pagos por transferencias corrientes crecieron un 35,7%, hasta alcanzar los 112.411 millones de euros. Dentro de esta rúbrica se encuentran las transferencias a los Servicios Públicos de Empleo, que significaron 19.255 millones de euros.
Las transferencias de capital, por su parte, se incrementaron un 94,1%, cerrando el año en 17.360 millones de euros. Al cierre del año, el Estado presentó una necesidad de endeudamiento de 116.288 millones de euros, frente a los 47.774 millones con que se echó el cierre al ejercicio de 2008.

DATOS ENERO 2010
En relación a los datos de ejecución presupuestaria del arranque del año, el mes de enero se cerró con un déficit de 706 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que equivale a un 0,07% del PIB, frente al superávit del 0,07% del PIB (719 millones) registrado en el primer mes del año pasado.
Los datos del mes de enero no son significativos a la hora de estimar una posible evolución de las cuentas públicas, ya que la recaudación efectiva en la mayor parte de los impuestos es irrelevante y la mayor parte de los pagos corresponde a ejercicios ya cerrados. Al cierre del primer mes del año, el Estado ha tenido una necesidad de endeudamiento de 10.424 millones de euros. En el mismo mes de 2009 esta necesidad de endeudamiento fue de 15.063 millones de euros, un 30,8% más que este año.

El Observatorio Económico de FAES cumple cinco años

Enviado por el febrero 17, 2010 Sin comentarios

El Observatorio Económico organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES cumple cinco años, un tiempo en el que este foro de análisis de la economía y la política económica españolas se ha consolidado como una de las tribunas económicas de referencia en el escenario español.

Presidido por Juan Velarde, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, y coordinado inicialmente por Jaime García-Legaz, diputado del PP por Murcia y secretario General de FAES, y actualmente por Fernando Navarrete, director de Economía y Políticas Públicas de la Fundación, el Observatorio se ha ocupado de diagnosticar la situación específica de la economía española, analizar el rumbo de la política económica del Gobierno y de pronosticar los principales retos económicos de España durante este tiempo.

El foro de análisis económico de FAES alertó, en su primera sesión celebrada en febrero de 2005, del riesgo de sufrir una crisis económica como consecuencia de la pérdida de competitividad, el crecimiento del gasto público y la paralización de las necesarias reformas estructurales en España. Desde entonces, el Observatorio ha demostrado su capacidad de pronosticar la deriva del escenario económico nacional: fue la primera organización española en vaticinar la crisis en el sector de la construcción. Acertó en señalar las debilidades del sistema financiero internacional tras la crisis inmobiliaria norteamericana, que dieron lugar, en agosto de 2007, a la crisis financiera internacional. Y acertó de nuevo cuando, ese mismo año, anunció que la economía española entraría en recesión y cuando hizo hincapié en el grave alcance de la crisis en términos de caída del PIB y de empleo.

REFORMAS ECONÓMICAS

El Observatorio Económico de FAES se ha caracterizado, asimismo, por proponer medidas para hacer frente a la crisis económica. En este sentido, el foro abrió el debate sobre la energía nuclear como una fuente adecuada para reducir costes, mejorar la competitividad y reducir la dependencia energética de España. En sus ponencias, los participantes han reclamado además disciplinar la política fiscal, recuperar la unidad de mercado, facilitar la creación de empresas, ajustar el gasto público, bajar impuestos y llevar a cabo una reforma laboral que incentive la creación de empleo.

Durante estos cinco años, los académicos y expertos han analizado a su vez el modelo de financiación territorial, el sistema de pensiones, el gasto público autonómico y local y la independencia y la credibilidad de las instituciones, entre otros aspectos.

ECONOMISTAS DE PRESTIGIO

En las veintiuna ediciones celebradas hasta ahora, en diferentes ciudades de la geografía española, el Observatorio de FAES ha contado con la participación de una treintena de académicos y profesionales de reconocido prestigio como Alberto Recarte, economista del Estado; Juan José Toribio, profesor del IESE; José Luis Feito, presidente de ASETA; Joaquín Trigo, director de Fomento del Trabajo Nacional; Juan Iranzo, director general del Instituto de Estudios Económicos; José Raga, catedrático de Economía; Francisco Cabrillo, catedrático de Economía; Manuel Pizarro, abogado del Estado y agente de Cambio y Bolsa; José Barea, catedrático emérito de Hacienda Pública; Luis de Guindos, ex secretario de Estado de Economía; Ángel de la Fuente, vicedirector del Instituto de Análisis Económico del CSIC; Fernando Fernández, profesor de Economía en el Instituto de Empresa; Pedro Antonio Merino, director del servicio de estudios de Repsol-YPF; Jaime Requeijo, catedrático de Economía; Roberto Centeno, catedrático de Economía; Pedro Rivero, presidente de UNESA; y Honorato López Isla, vicepresidente de Unión Fenosa.

José María Marín, catedrático de Economía y consejero del Banco de España; Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y Régimen Fiscal; Javier Morillas, profesor de Estructura económica; Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket International Consulting; Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; y Javier Díaz Giménez, profesor del IESE, han participado también en el Observatorio durante estos cinco años.

Sólo Zapatero afirma que España está «a punto» de salir de la recesión económica

Enviado por el febrero 10, 2010 Sin comentarios

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha inaugurado en el Congreso de los Diputados las habituales sesiones de control al Gobierno respondiendo a tres preguntas referidas al sistema de pensiones, las transferencias al Gobierno vasco de las políticas activas de empleo y la situación económica.   Al diputado de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, que preguntó si el Gobierno asume la necesidad de alcanzar un amplio consenso para reformar el sistema de pensiones, el Presidente respondió que el Ejecutivo «no sólo  lo asume sino que lo defiende». Añadió que esa es la trayectoria del grupo socialista desde que se alcanzó el Pacto de Toledo en 1995.

Explicó que el documento sobre el futuro de las pensiones aprobado por el Gobierno se ha remitido a esta Cámara para su «evaluación, estudio y diálogo» en la Subcomisión del Pacto de Toledo y para que sirva como «elemento de debate». Agregó que si el Ejecutivo no hubiese realizado propuestas se le hubiese reprochado que no tenía una posición sobre el futuro de nuestras pensiones. Defendió el documento presentado por el Ejecutivo y la necesidad de consenso para que la solidez y fortaleza de nuestro sistema de pensiones sea aún mayor en el futuro y garantice la protección social de los trabajadores del mañana.

En respuesta al diputado de EAJ- PNV, Josu Iñaki Erkoreka, que se interesó por las transferencias en materia de políticas activas de empleo, Rodríguez Zapatero confirmó que hay un proceso de diálogo abierto y que el Gobierno dará a su grupo parlamentario toda la información exacta. Añadió que el Gobierno tiene la máxima voluntad de llegar a un acuerdo, en un tiempo razonable. Para ello aconsejó mantener una posición «constructiva» alejada de «posturas maximalistas».

Al diputado del PP, Mariano Rajoy, que criticó la política del Gobierno para afrontar la crisis, le contestó que «el PP sabe, pero quiere ignorar» que la economía mundial vive la crisis más grave desde hace 80 años. Añadió que buena parte de los países desarrollados acaban de dejar la recesión y que España está «a punto» de hacerlo. Reconoció que la consecuencia más grave de la crisis ha sido la destrucción de empleo, especialmente, en España, pero aseguró que los desempleados nunca han tenido mayor nivel de protección. Pidió el esfuerzo de todos para reducir el déficit en todas las Administraciones Públicas y para que la posición internacional de España, su solvencia y crédito se mantenga. En este sentido reprochó al PP la exageración y alarma que crea con sus declaraciones porque daña la credibilidad de nuestro país. Además, recordó que la deuda de España es ahora inferior a cuando gobernaba el PP y que en estos momentos cuesta menos emitir deuda a diez años que entonces.

Moción de censura

Enviado por el febrero 5, 2010 Sin comentarios

La imagen del presidente del Gobierno, sus vicepresidentas, el ministro de Trabajo y la secretaria general de Empleo justificando los datos del paro de enero y la EPA del cuarto trimestre de 2009 han resultado patéticas. Los circunloquios para no reconocer la gravedad de las cifras y aceptar la realidad escalofriante de que uno de cada tres españoles en edad de trabajar que no es funcionario o pensionista está en paro son un insulto a la razón. La guinda de aumentar la edad de jubilación sin una reforma del mercado laboral y sin un consenso previo del Pacto de Toledo es la constatación de que el barco va a la deriva y el capitán sufre un ataque de pánico.

¿Y a todo esto qué hace el PP? Ignoro si los asesores de Rajoy siguen en la idea de la muerte dulce, la gota fina o el sálvese quien pueda, pero España se merece una clase política que coja al toro por los cuernos aunque se lleve algún revolcón en el empeño. La pérdida de credibilidad de la economía española ya no tiene remedio. De ser los campeones del crecimiento y un paraíso para los pensionistas de los países más desarrollados hemos pasado a ser carne de escarnio en los medios de comunicación y en las cancillerías europeas.

Pero si la economía se basa en una cuestión de confianza y ese camino está perdido queda al menos la hora de la política. En política son tan importantes los tiempos como los escrutinios. El PP debería plantarse la oportunidad de presentar una moción de censura que aunque la pierda en el Parlamento la gane en la calle. Felipe González apostó contra Suárez y aunque la aritmética del Parlamento fue favorable a UCD la opinión pública se convención de que había alternativa y que el candidato tenía más soluciones que el Presidente. El problema es que la moción de censura, a diferencia de la cuestión de confianza, es más un examen para Rajoy que para Zapatero. Y ahí hay que mojarse. Hernández Mancha lo intentó contra Felipe González y fracasó. Si Rajoy no arriesga dudo que merezca nuestra confianza.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el día 4 de febrero de 2010