• La presión fiscal repercutirá negativamente sobre el crecimiento económico.
• Se deberían recortar las cotizaciones sociales y el impuesto sobre sociedades.
• La previsión del Gobierno sobre el PIB y la tasa de paro no son realistas.
• El déficit público se ha convertido en un problema por sí mismo.

El Instituto de Estudios Económicos ha presentado la Nota de Opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2011. El informe, presentado por Gregorio Izquierdo, Director del Servicio de Estudios, destaca que los PGE para el año que viene son unos Presupuestos “para salir del paso” y carentes de política económica, en los que se han elevado los impuestos y recortado de forma lineal casi todos los programas de gasto, pero sin un plan consistente a largo plazo. Faltos de credibilidad, deberían haber reestructurado el gasto, mediante un replanteamiento de numerosas políticas y una reforma profunda en las Administraciones Públicas. Para ello hace falta un plan integral, coherente y estructurado. Además, la mayor presión fiscal que suscitan los Presupuestos repercutirá negativamente sobre el crecimiento económico, impactando sobre la competitividad empresarial y sobre la creación de empleo, por lo que debería priorizarse el recorte de aquellos que penalizan la contratación (cotizaciones sociales) o reducen su nivel por la vía de encarecer la inversión (impuesto sobre sociedades).

A pesar de la profunda crisis que está atravesando España, ésta ha conseguido, por el momento, escapar del ojo del huracán de la crisis de la deuda que arrasó los mercados financieros europeos entre abril y junio, y que obligó al Gobierno a adoptar una política más seria de consolidación fiscal. Este respiro ha sido posible gracias a la credibilidad generada por los ajustes fiscales iniciados, por el intenso proceso de reestructuración en el que se encuentran las Cajas de Ahorros y por la publicación de los test de estrés a finales de julio. Pero este equilibrio es muy frágil, por lo que los PGE deberían, ahora más que nunca, despertar confianza y credibilidad.

En los dos primeros trimestres de este año, nuestra economía ha presentado tasas de crecimiento intertrimestrales positivas, un 0,1% y un 0,2%, respectivamente, gracias a un renovado, aunque probablemente temporal, empuje de la demanda nacional, tanto del consumo como de la inversión en bienes de equipo, cuya aportación al crecimiento ha vuelto a ser positiva tras ocho trimestres de contribuciones negativas. Pero los datos que se conocen del tercer trimestre apuntan a un debilitamiento de la actividad económica. El cuadro macroeconómico para los PGE de 2011 prevé un ascenso del PIB del 1,3%, cifra irreal si la comparamos con la manejada por el consenso y por los organismos internacionales, que se sitúa entre el 0,4% y el 0,8%.
Respecto a la previsión de la evolución del empleo tampoco es realista. Se estima un ascenso del 0,3%, cuando lo más probable es una caída del 0,5%. La tasa de paro media anual, por su parte, no bajará del 20%, frente al 19,3% pronosticado por el Gobierno. En suma, el cuadro macro sobre el que se sustentan los PGE-2011 contiene una sobreestimación de la demanda y del producto, y una infraestimación del desempleo, lo que hace imposible el cumplimiento de las previsiones de los ingresos y de muchos de los gastos contenidas en los mismos.

Es necesaria una reestructuración del gasto público
Los recortes han sido muy generalizados, y afectan prácticamente a todas las políticas y a todos los programas de gasto, con pocas excepciones. La estrategia seguida por el Gobierno
para afrontar el ajuste ha sido la de recortar la dotación destinada a cada programa, especialmente en los capítulos de operaciones de capital. En lugar de ello, se debería haber efectuado una reestructuración completa del gasto mediante el replanteamiento de todos y cada uno de los programas, suprimiendo en su totalidad los que sean innecesarios o dupliquen otros de las CC.AA., por tratarse de competencias transferidas, integrando programas para reducir costes cuando sea posible. Asimismo, se debe llevar a cabo un plan de reforma global de las Administraciones Públicas para elevar su eficiencia y reducir su tamaño, labor que puede superar el ámbito de actuación de unos PGE, y que requiere la colaboración de todas las Administraciones Territoriales, pero hacia el que el Gobierno no ha dado ningún paso.

La entrada en vigencia en 2011 del nuevo sistema de financiación territorial conlleva una reducción tanto de los ingresos del Estado, debido a la mayor participación de las Comunidades Autónomas en la recaudación impositiva, como de los gastos, porque esa mayor participación en los ingresos supone también una reducción de los recursos transferidos a las mismas. Esto hace que las cifras de gastos totales contenidas en los PGE-2011 no sean comparables con las de los PGE-2010, salvo que se excluya de ambas la cuantía destinada a la financiación de las Administraciones Territoriales. En estos Presupuestos, una de las partidas que ha sufrido mayores recortes ha sido la inversión pública, que debería ser revisada, mientras que el recorte previsto del gasto público será insuficiente. Crece la presión fiscal; se aplaza la recuperación

El Proyecto de PGE estima unos ingresos impositivos totales por valor de 164.278 millones de euros para el próximo año, es decir, un 6,2% adicional respecto al año anterior atendiendo al avance de la liquidación. El aumento de la recaudación impositiva viene avalado, fundamentalmente, por dos hechos: la recuperación económica prevista por el Gobierno para 2011 y el aumento de la presión fiscal motivado por la subida de los tipos impositivos de distintas figuras tributarias. Es cierto que la consolidación presupuestaria era inaplazable e ineludible para devolver la confianza a los agentes económicos, pero la vía adecuada es la de la reducción del gasto. En este sentido, las medidas de consolidación presupuestaria no deberían incluir un aumento de la presión fiscal, y mucho menos sustentar ese aumento en la imposición directa. De hecho, es inconcebible que la recaudación impositiva directa crezca un 6,5% frente al aumento del 5,7% de los impuestos indirectos, lo que responde a una estructura tributaria que provoca un exceso de gravamen, distorsionando las principales decisiones de los individuos sobre el trabajo, el ahorro o la inversión. En el contexto actual en el que se atisba una leve recuperación económica, no resulta lo más conveniente penalizar el trabajo dado el nivel de desempleo ni tampoco el ahorro con el elevado nivel de endeudamiento de la economía española. Dentro de las prioridades, es obligado revisar el Impuesto sobre Sociedades que sigue siendo uno de los más gravosos de Europa con el consiguiente impacto sobre la competitividad empresarial, la cual se vería beneficiada además si se redujeran las cotizaciones sociales a cargo del empleador.

El déficit público seguirá disparado durante este año, por lo que es necesario un ajuste vía reducción del gasto público corriente y nunca incrementando los impuestos, ya que los multiplicadores de recuperación económica son más elevados para las bajadas de estos últimos que para los aumentos de gasto. Nuestro déficit público se ha convertido en un problema en sí mismo. Hay que contemplar el déficit del 2010 que, incluso, tras el plan de ajuste de mediados de año, va a cerrar este ejercicio en un nivel del 9,3% del PIB, según el Gobierno, cuantía que también supone un importante discrepancia respecto al 5,4% que planteaban los Presupuestos para este ejercicio en curso. Si los Presupuestos no se cumplen y, además, en magnitudes elevadas, pierden credibilidad, con lo que dejan de servir de referencia a los agentes económicos. Es obligado evitar las desviaciones y ampliaciones de crédito sobre lo presupuestado. A estos efectos, se debería en los PGE incorporar un detalle de las partidas de ajuste y de la prioridad entre ellas, que serían de supresión automática en el caso de que se produjeran desviaciones de gasto o aumentos de déficit por encima de la previsión inicial. Un programa de consolidación presupuestaria suficiente y creíble es la clave también para luchar contra el espectacular aumento de las primas de riesgo de nuestra deuda pública derivado del incremento del déficit, como ocurrió la pasada primavera, que puso de manifiesto una fuerte pérdida de confianza acerca de nuestra capacidad de hacerla frente en el actual contexto recesivo.