El artículo 37 de la Constitución del 78 dice que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Sólo año y medio después, en marzo de 1980, entró en vigor el Estatuto de los Trabajadores que dedica su Título III a la negociación de los convenios colectivos. Con algunos lavados de cara, ese texto sigue vigente a la hora de organizar las relaciones entre capital y trabajo. Y nada tiene que ver el momento actual de producción de bienes y servicios con la década de los ochenta del siglo pasado. Basta comparar cualquier ranking empresarial para comprobar cómo ha cambiado España y el mundo. Sin ir más lejos, en esas fechas todavía no se atisba la revolución tecnológica de la sociedad de la información y la comunicación ni Internet.
El espíritu del Estatuto de los Trabajadores nada tiene que ver con la productividad, la rentabilidad o la innovación. Surgió con tres premisas: devolver a los trabajadores los derechos sindicales; otorgar a los sindicatos un papel preeminente y ser dique y cauce ante la conflictividad. Cumplido este papel, y tras la crisis, las relaciones laborales van por otros derroteros.
La reforma laboral pactada por la ejecutiva de la CEOE de Díaz Ferrán ha sido un fracaso y la actual sobre negociación colectiva con Rosell ha visto en las pasadas elecciones el signo de que todo pacto firmado bajo el paraguas de Zapatero es papel mojado. De ahí su órdago a través de CEIM para cambiar una decena de artículos del Estatuto de los Trabajadores, lo que equivale a una enmienda a la totalidad. En definitiva, de nada sirve un apaño para cubrir el expediente. Se trata de echar vino nuevo en odres nuevos antes de que las condiciones de trabajo nos las impongan desde Berlín.
Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid), el 2 de junio de 20011
El FMI ha revisado drásticamente a la baja sus pronósticos para la economía española en 2009 al augurar una contracción del 4% este año, frente al 3% estimado en abril, mientras que para 2010 espera un retroceso del 0,8%, una décima peor que las anteriores proyecciones de la institución. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, celebró hoy que las nuevas previsiones del FMI revelan una mejora respecto a las que hace una semanas publicó la OCDE.
El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, ha acuñado una frase que define la política económica del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y de la vicepresidenta de Economía, Elena Salgado: «Con amigos así no necesitamos enemigos». Lo mismo debe pensar el flamante secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, al ser desautorizado por su jefa por defender la reforma laboral. En el almuerzo al que asistió el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y en el que dijo que España no tiene capacidad para endeudarse más y que hay que reformar el mercado de trabajo y abaratar el despido –en coincidencia con lo que mantiene el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez–, la comidilla estaba en el papelón del ilustre profesor del IESE. Los empresarios que no hacen economía de salón no entienden cómo se puede envainar la espada de las convicciones con tanta facilidad. Pero la erótica del poder es así y torres más altas han sucumbido al encanto de Rodríguez Zapatero. Ahora lo que importa es desacreditar a MAFO y hacerse la foto del diálogo social en la escalera de la Moncloa. Zapatero, Salgado, Corbacho, Díaz Ferrán (de invitado de piedra), Toxo y Méndez quieren irse de vacaciones con un acuerdo de mínimos que garantice una pírrica paz social para los que no han perdido su empleo y el limbo para casi cinco millones de parados.
Las autoridades económicas y monetarias, es decir el Ministerio de Economía y el Banco de España, están incurriendo en el mismo error de los días previos a la intervención de la Caja de Castilla La Mancha (CCM), dan voces de alarma avisando de que viene el lobo pero no concretan nada, no intervienen, están paralizadas, dando alas al rumor esperando que pasen las elecciones europeas. Se filtran nombres de entidades presuntamente sospechosas, unas veces de liquidez, otras de solvencia y la reforma del sistema financiero sigue pendiente. Lanzan globos sonda con cifras que llegan a multiplicar por cinco o por diez fondos de intervención de miles de millones en una especie de subasta en la que el tamaño de la deuda pública no importa. El Gobierno sabe que la solución no está en fusionar cajas de la misma Comunidad porque es una relación de consanguinidad que no hace más que multiplicar el riesgo. La misma base de clientes, las mismas empresas, las mismas hipotecas y los mismos compromisos políticos. Se insiste en una receta miope de andar por casa para seguir ordeñando la vaca de los ahorros de los paisanos. Se elude una solución nacional que permita de verdad sanear la base de recursos propios y diversificar el riesgo. PSOE, PP y CiU tienen una oportunidad histórica si piensan en grande y no en la cuota de poder y dinero que les proporcionan sus votantes.
Europa sí importa y mucho para España, aunque los políticos sólo vean estas próximas elecciones al parlamento de Estrasburgo en clave nacional. Sería absurdo hacer abstracción de la que está cayendo en España para que la próxima cita electoral no sirviera de termómetro para comprobar si hay voto de castigo ante la errática política del Gobierno de Zapatero y si por fin Rajoy es alternativa, pero nos jugamos en Europa mucho más de lo que la gente se imagina.
La vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado tiene una oportunidad de oro para encauzar las relaciones entre el Gobierno y los fabricantes de automóviles, cortocircuitadas por no se sabe qué mal entendido con el ministro de Industria Miguel Sebastián. A diferencia de otros países España no tiene marcas propias pero la producción de automóviles se ha convertido en un sector estratégico con cientos de miles de empleos. Esta industria es crucial en varias comunidades autónomas y a la sombra de la misma se ha creado una próspera industria auxiliar que es pionera en innovación y encabeza nuestras exportaciones. Será cuestión de echar cuentas pero vale la pena saber si es preferible tener a doscientos mil empleados sometidos a expedientes de regulación de empleo o atender la reclamación de los fabricantes de automóviles que piden ayudas directas de poco más de mil euros para incentivar la venta de coches. Los planes que ha diseñado hasta ahora Industria han sido un completo fracaso y lo que es peor los representantes del sector no reconocen a Miguel Sebastián como interlocutor y apelan directamente al presidente del Gobierno. A la vista de las ingentes cantidades de euros que se han puesto a disposición de la banca huelga presentar las ayudas al sector del automóvil como injustas o discriminatorias cuando otros países como Estados Unidos, Francia o Alemania han habilitado presupuestos especiales a este fin.
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