La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, coordinadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, efectuaron ayer, día 6 de julio, diez registros en empresas y domicilios particulares de Madrid, Barcelona y Sevilla. La operación, denominada ‘Pinta’, se ha centrado en demostrar la residencia real y efectiva en España de un importante empresario que llevaba ya deslocalizado para la Hacienda española más de 15 años, esto es, que simulaba residir fuera de España. La gravedad del fraude implica que se estén instruyendo diversos delitos fiscales.

En los registros efectuados han participado cuarenta agentes de la Guardia Civil junto con inspectores de Hacienda y otros funcionarios de la Agencia Tributaria. El objeto de las actuaciones consiste en demostrar la titularidad real de paquetes accionariales de sociedades españolas, titularidad enmascarada detrás de estructuras fiduciarias creadas en territorios ‘off-shore’ o paraísos fiscales.

La valoración de estos paquetes accionariales, que están en sociedades radicadas en paraísos fiscales, se estima en más de 500 millones de euros. El juez ha ordenado como medida cautelar la inmovilización de los mencionados paquetes de acciones. La investigación ha puesto de manifiesto la utilización de cuentas abiertas en el extranjero a nombre de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales operadas desde un banco establecido en España.