La Oferta de Empleo Público para 2010 cumple el compromiso de austeridad y supondrá un ahorro de más de 280 millones de euros respecto a la del año pasado. Además, apuesta por la promoción interna e incluye un turno diferenciado para los discapacitados intelectuales. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Oferta de Empleo Público para 2010 está adaptada a la actual coyuntura económica. Con ella, el Gobierno responde al plan de austeridad puesto en marcha en el mes de enero, que prevé la reducción de costes de personal en un 4% hasta el año 2013 y limita la tasa de reposición de efectivos hasta el 10%.

El Ejecutivo estima que va a «conseguir un ahorro aproximado de 280 millones de euros respecto a la del año pasado», según la Vicepresidenta, que ha subrayado que la Oferta salvaguarda el objetivo primordial de «dar la mejor atención y la mejor calidad a los ciudadanos». Las plazas que se destinan a nuevo ingreso suman un total de 1.989 frente a las 15.084 del año pasado. La Administración General del Estado dispondrá de 781 plazas; la Policía Nacional de 222; la Guardia Civil de 232; y las Fuerzas Armadas de 754. A esas cifras se suma la oferta de empleo para la Administración de Justicia, que en aquellas comunidades autónomas en las que está transferida es de 1.326 efectivos y en el resto de 704 efectivos.

La Vicepresidenta ha concretado que estas plazas se distribuyen en sectores prioritarios, como «instituciones penitenciarias, fraude fiscal, investigación, cuerpos informáticos, seguridad aérea y meteorológica». María Teresa Fernández de la Vega ha subrayado que «la contención de la contratación temporal y la apuesta por una mayor movilidad del personal son también características importantes de esta Oferta, que incluye igualmente un turno diferenciado para discapacitados intelectuales», con el fin de que este colectivo «tenga una oportunidad real de acceder al empleo público.»

Asimismo, ha dicho, hace una apuesta importante para la promoción interna, para la que se reserva «un buen número de plazas por considerar que esta promoción forma parte de la carrera profesional de los empleados públicos». Fernández de la Vega ha reiterado que es posible reducir el gasto público «dando el mejor servicio a los ciudadanos». «Esta Oferta no es sólo una regulación del número de empleados sino un instrumento de planificación efectiva», ha añadido.

Medidas económicas

El Consejo de Ministros ha aprobado un Decreto Ley por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, aprobadas entre 2008 y 2009, con el objetivo de reducir las consecuencias de la crisis e incentivar el crecimiento económico. La Vicepresidenta ha concretado que se prorroga durante dos años el cómputo de pérdidas de sociedades anónimas y de responsabilidad ilimitada en los supuestos de reducción obligatoria de capital social y disolución. El objetivo de esta decisión que ya ha amortiguado la crisis en determinadas empresas, ha dicho, «es evitar que esas compañías que puedan entrar en pérdidas precisamente por tener que imputar esas pérdidas al ejercicio correspondiente».

Coche eléctrico

El Gobierno ha analizado un informe presentado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, sobre el Plan Integral de Impulso del Vehículo Eléctrico. María Teresa Fernández de la Vega ha recordado que el Gobierno pretende alcanzar un parqué de 250.000 vehículos eléctricos en el horizonte del 2014, con la introducción en el año 2010 de unos 2.000, con una inversión de 590 millones de euros a lo largo de los próximos dos años, y con ayudas, en el caso de automóviles, que podrán llegar hasta los 7.000 euros.

Para ello, el Plan de Acción contempla un amplio conjunto de medidas para fomentar la demanda, favorecer la inversión y el desarrollo de este sector industrial, y desplegar la infraestructura necesaria para la recarga de los automóviles, estableciendo puntos de recarga en varios lugares de España. Se trata, según Fernández de la Vega, de la apuesta más decidida del Gobierno «por un sector tecnológico de futuro, en un momento crucial para la industria del automóvil, y, al mismo tiempo, una apuesta por las energías renovables y el cuidado de nuestro medio ambiente».