Los ministros para Europa de los 27 Estados miembros se reúnen hoy y mañana, en La Granja (Segovia), para abordar cuestiones que el Gobierno español considera necesitan el impulso de los responsables políticos europeos, si se ha de cumplir con las expectativas ciudadanas que ha generado el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre tras un largo proceso de negociaciones.

La plena aplicación del nuevo Tratado es una de las principales responsabilidades de la Presidencia española pues se considera que los ciudadanos de Europa han de percibir cuanto antes que la UE ha entrado en una nueva etapa. Por esta razón, la primera reunión ministerial que se celebra bajo Presidencia española está dedicada a esta cuestión.

Durante la jornada del miércoles, los ministros abordarán cuatro asuntos en particular que introduce como novedades el Tratado de Lisboa:

•La iniciativa legislativa popular: Con arreglo a este nuevo instrumento de participación ciudadana, al menos un millón de europeos, nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrán invitar a la Comisión a formular una propuesta legislativa sobre asuntos que crean deben ser regulados a escala europea. Se trata de un instrumento fundamental para dar voz a los ciudadanos en los asuntos de la Unión. La Presidencia española desea que este instrumento de democracia directa se convierta en una realidad al servicio de los ciudadanos europeos en el menor plazo de tiempo posible. Por ello, impulsará la aprobación por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de un reglamento en el que se fijarán las condiciones y los procedimientos requeridos para canalizar esta iniciativa, por lo que emplazará a la Comisión a que presente sin dilación la correspondiente propuesta.

•El lanzamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior: Este nuevo servicio europeo está destinado a dotar de mayor coherencia y eficacia a la acción exterior de la Unión y se compondrá de funcionarios de la Comisión, de la Secretaría General del Consejo, y de los Estados miembros. Sobre la base de los trabajos preparatorios plasmados en el Informe de la Presidencia sueca al Consejo Europeo de octubre, corresponde a la Presidencia española colaborar con la Alta Representante para lograr el objetivo fijado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE de aprobar las normas jurídicas necesarias para su establecimiento, antes de finales de abril de 2010, y asegurar su rápida puesta en marcha, para lo que cooperará también estrechamente con la Comisión y con el Parlamento europeo.

•La cláusula de solidaridad: El Tratado de Lisboa sienta la base jurídica necesaria para que los Estados miembros y la Unión puedan prestarse mutua asistencia en casos de ataque terrorista o de catástrofe natural o de origen humano. Se trata de un instrumento innovador que contribuirá a reforzar la protección de los ciudadanos europeos. Su desarrollo requiere la propuesta conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante.

•La adhesión al Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa: Europa debe estar a la vanguardia de la defensa y promoción de los derechos humanos. Siguiendo el mandato del Tratado de Lisboa, la Presidencia española iniciará el proceso de adhesión de la UE. Esta adhesión refleja el compromiso de la UE con el respeto de los derechos humanos y complementa la aprobación de la Carta de los derechos fundamentales. Supondrá una garantía adicional para su protección efectiva. Sobre la base de la propuesta que presentará la Comisión, la Presidencia española impulsará las negociaciones con el fin de encontrar fórmulas consensuadas que respeten las especificidades comunitarias y las sensibilidades de todos los Estados.