El Banco de España ha comunicado hoy a las entidades de crédito sus cálculos sobre las necesidades de capital adicional en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero español. En total, 12 entidades deben aumentar su capital por un importe que suma 15.152 millones de euros, según se detalla en el cuadro adjunto al final de esta nota. De esas 12 entidades, dos son bancos españoles, dos son filiales de bancos extranjeros y ocho son cajas de ahorro.
El citado Real Decreto-ley establece un mínimo de capital principal, tal como se define en su artículo 2º, de un 8% con carácter general para los grupos consolidables de entidades de crédito o entidades de crédito individuales no integradas en un grupo consolidable que puedan captar fondos reembolsables del público. Ese ratio se eleva al 10% para aquellos grupos o entidades que no hayan colocado títulos representativos de su capital social o derechos de voto a terceros por al menos el 20% y que, además, presenten un porcentaje de financiación mayorista superior al 20%, según la definición establecida en la Circular del Banco de España 2/2011. El objetivo de la reforma convalidada hoy por el Parlamento es reforzar aún más el nivel de solvencia del sistema financiero con el fin de despejar cualquier tipo de incertidumbre y contar con la confianza de los
mercados.
Las entidades que deben incrementar su capital principal disponen de quince días hábiles para presentar al Banco de España su estrategia y calendario de cumplimiento de los nuevos requisitos de capitalización. En esa estrategia deberán hacer constar las medidas concretas que las entidades proyectan aplicar para cumplir los citados requisitos antes del 30 de septiembre de 2011. El Banco de España dispondrá de otros quince días hábiles para aprobar o, en su caso, exigir las modificaciones pertinentes.
La cifra global de 15.152 millones de euros está sujeta a posibles variaciones. En primer lugar, algunas entidades ya han anunciado que contemplan como primera opción la captación de fondos de inversores por un mínimo del 20% de su capital. En la medida en que esto sea así y pasen a cumplir la condición fijada en el Real Decreto-ley sobre acceso a los mercados, se les aplicará el ratio del 8% del capital principal y, por consiguiente, variará el importe total de capital adicional necesario. Asimismo, las entidades tienen la posibilidad de ajustar su ratio de capital mediante operaciones de carácter extraordinario, como las señaladas en el artículo 1 de la Disposición transitoria primera del RD-l (venta de sucursales, participaciones estratégicas o carteras de activos), lo que, de materializarse, minoraría la necesidad de obtener nuevos recursos propios.
Por otra parte, otras entidades que cumplen con el mínimo exigido en el Real Decreto-ley han anunciado su intención de realizar emisiones en los mercados, por lo que el volumen de capital finalmente inyectado al sistema financiero español puede verse incrementado con el importe de dichas emisiones. En todo caso, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) está comprometido a suscribir los importes de capital que sean necesarios en aquellas entidades que lo soliciten, ya sea como primera o como segunda opción, para complementar o sustituir el recurso al capital privado, tal como prevé el Real Decreto-ley 2/2011. El FROB, creado en junio de 2009 como instrumento para acometer la reconversión del sistema bancario español, ha aportado hasta ahora fondos al sistema por un importe de 11.559 millones de euros.


Las autoridades económicas y monetarias, es decir el Ministerio de Economía y el Banco de España, están incurriendo en el mismo error de los días previos a la intervención de la Caja de Castilla La Mancha (CCM), dan voces de alarma avisando de que viene el lobo pero no concretan nada, no intervienen, están paralizadas, dando alas al rumor esperando que pasen las elecciones europeas. Se filtran nombres de entidades presuntamente sospechosas, unas veces de liquidez, otras de solvencia y la reforma del sistema financiero sigue pendiente. Lanzan globos sonda con cifras que llegan a multiplicar por cinco o por diez fondos de intervención de miles de millones en una especie de subasta en la que el tamaño de la deuda pública no importa. El Gobierno sabe que la solución no está en fusionar cajas de la misma Comunidad porque es una relación de consanguinidad que no hace más que multiplicar el riesgo. La misma base de clientes, las mismas empresas, las mismas hipotecas y los mismos compromisos políticos. Se insiste en una receta miope de andar por casa para seguir ordeñando la vaca de los ahorros de los paisanos. Se elude una solución nacional que permita de verdad sanear la base de recursos propios y diversificar el riesgo. PSOE, PP y CiU tienen una oportunidad histórica si piensan en grande y no en la cuota de poder y dinero que les proporcionan sus votantes.
El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, aseguró que la intervención de la Comunidad Autónoma de Madrid en Caja Madrid es el ejemplo de «intervencionismo público más descarado» que se ha visto «en los últimos 20 años», caso que además calificó de «esperpéntico». Quintás, que participaba en el Encuentro Financiero del Foro Nueva Economía, indicó que existe un problema, no sólo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino de «incomprensión» u olvido deliberado de la mayor parte de las fuerzas políticas en cuanto a la regulación de cajas de ahorros.
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, dijo que «siempre» agradece el apoyo de la CECA. Blesa se limitó a agradecer a la CECA su apoyo tras asistir al Foro de la Nueva Economía, pero no quiso hacer más declaraciones porque «está suficientemente embarrado el terreno de juego como para que yo lo embarre más».
El beneficio neto de las cajas de ahorros se situó en 6.829 millones de euros en el ejercicio 2008, lo que significa un descenso del 38,7% en relación al año anterior, según el director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta. El margen de intermediación descendió un 7,1% en este periodo y se estableció en 20.090 millones de euros, mientras que el margen ordinario alcanzó los 29.504 millones, lo que supone una disminución del 6%, y el margen de explotación se situó en 15.253 millones (-17,2%). Las previsiones para este ejercicio apuntan a que la morosidad supere la tasa del 6% y alcance el 7% en 2010. Para protegerse, las cajas destinaron cerca de 10.000 millones a provisiones el pasado año.



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