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El Gobierno aprueba la protección a los autónomos por cese de actividad y la subida de las pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley que permite percibir prestación a los trabajadores autónomos que cesen en su actividad de manera involuntaria. Además, ha acordado la subida general de las pensiones del 1%, si bien las pensiones mínimas se revalorizarán un 4% de media. El Ejecutivo también ha abordado una reforma global de la legislación sobre la energía nuclear.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que el Proyecto de Ley que regula la protección por cese involuntario de actividad de los trabajadores autónomos incorpora gran parte de las observaciones sugeridas por el Consejo Económico y Social. Tendrán derecho a esta protección los autónomos que están obligados a cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como aquellos que sin estar obligados decidan hacerlo.

La Vicepresidenta ha subrayado que el sistema acordado es «contributivo, solidario y sostenible financieramente» y aporta «nuevas garantías a nuestro mundo laboral». Además, responde a una reivindicación histórica de este importante colectivo y es una de las piezas esenciales del Estatuto del Trabajador Autónomo aprobado en la pasada legislatura.
Pensiones

El Ejecutivo ha aprobado el Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema de Seguridad Social y de otras prestaciones públicas para el ejercicio de 2010, que supone una subida con carácter general para el conjunto de más de ocho millones de pensiones contributivas del 8%. María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que la subida será mayor para los 2,7 millones de personas que perciben una pensión mínima, que se revalorizarán en una media del 4%.

Además, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto de revalorización y complementos de pensiones para Clases Pasivas del Estado para el próximo año. La revalorización de este tipo de pensiones se fija en el 1%, igual que el IPC previsto para el ejercicio. La decisión afecta a cerca de 600.000 personas y tendrá una incidencia económica de 116 millones de euros.

Las pensiones mínimas en Clases Pasivas, según Fernández de la Vega, experimentarán un incremento entre el 2% y el 4,7%, según la situación del pensionista y la clase de pensión de que se trate. Unos cuarenta mil pensionistas se verán beneficiados de este incremento de mínimos.

En materia económica, el Consejo de Ministros ha acordado la modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tras la aprobación en el Congreso de los Presupuestos para el año 2010. La Vicepresidenta ha afirmado que «se mantiene la deducción de los 400 euros para las rentas más bajas», en concreto para aquellos contribuyentes cuya base imponible sea inferior a los 8.000 euros.

Además, la deducción se mantiene de manera progresivamente decreciente para los contribuyentes para bases imponibles entre los 8.000 y los 12.000 euros. Fernández de la Vega también ha señalado que se modifica el tipo de retención aplicable en este impuesto, que pasa del 18% al 19%.

Energía nuclear

Otro de los asuntos más importantes abordados por el Consejo de Ministros es la reforma global de la legislación en torno a la energía nuclear. La Vicepresidenta ha destacado que la iniciativa responde a tres objetivos: dar más transparencia y estabilidad a la renovación de las autorizaciones de explotación; transponer a nuestro ordenamiento la normativa internacional más reciente y cumplir con los compromisos del Plan General de Residuos Radioactivos.

Por ello, el Gobierno ha analizado el Anteproyecto que reforma la Ley sobre Energía Nuclear de 1964. El texto, según De la Vega, además de incluir definiciones nuevas sobre qué se entiende por seguridad nuclear, vida de diseño y vida útil, modifica los procedimientos de renovación de las autorizaciones de explotación de las instalaciones nucleares.

Así, se establecen dos tipos de procedimientos: el ordinario, que se aplicará cuando la solicitud de renovación no supere extender la vida útil de la central nuclear más allá de los 40 años, y el extraordinario, cuando la instalación haya llegado ya a ese plazo.

La Vicepresidenta ha apuntado que en este último caso el Consejo de Ministros deberá autorizar el procedimiento teniendo en cuenta consideraciones de interés general, como la seguridad del suministro, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro de las modificaciones contenidas en este Anteproyecto establece que la titularidad de la autorización de explotación de una instalación nuclear será única.

María Teresa Fernández de la VegaEn materia de energía nuclear, el Ejecutivo también ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Civil Nuclear. Con esta norma, el tramo de la responsabilidad que debe ser cubierto por los titulares de las instalaciones nucleares se incrementa pasando de los 150 millones de euros actuales a los 1.200 millones de euros, según ha explicado Fernández de la Vega.

Además, se amplía el concepto de daño nuclear a los daños medioambientales, se introducen medidas reparadoras y se aumenta a treinta años el periodo de reclamación para daños y para personas.