El Estado de las Autonomías que surge del Art. 2 de la Constitución sólo es viable si dispone de los recursos necesarios para desarrollar una política complementaria a la del Estado basada en la solidaridad. Salvo el País Vasco y Navarra cuya financiación está sustentada en un sistema foral, el resto se han financiado por la aportación directa del Estado unida a la transferencia de competencias, aunque ni los funcionarios ni los presupuestos de la administración central han disminuido, sino que se ha incrementado el gasto y el personal.
Las autonomías han accedido a una financiación directa de los Presupuestos a través de la corresponsabilidad fiscal, siendo destinatarias de un 30%, aproximadamente, de las recaudaciones del IVA y del IRPF (el 50% con el nuevo sistema) y algo más de los impuestos especiales (alcohol, gasolina y tabaco). Las CC AA se reparten anualmente unos 114.000 millones de euros, con los que atienden servicios como sanidad o educación.
El sistema actual data del año 2002 y fue aprobado por el Gobierno de Aznar tras una drástica reducción del déficit y en la senda del superávit. Su revisión estaba prevista cinco años más tarde, pero la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía, especialmente el de Cataluña, ha acelerado la reforma que llega, sin embargo, en el peor momento para la economía nacional ya que va a suponer un importante aumento del gasto y la deuda en medio de la crisis económica.
La población se ha incrementado en siete millones, de los que casi cinco son emigrantes, y existía una importante diferencia de financiación per cápita que llegaba hasta el 40% entre los residentes en distintas comunidades. Pero la caja de los truenos ha estallado porque el sistema que propone el Gobierno garantiza a Cataluña no ya 3.855 millones más para esta comunidad de los 11.000 de incremento, sino un plus adicional a perpetuidad que casa mal con el mandato constitucional de la solidaridad interregional.
El Gobierno apela a un consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reunirá el próximo día 15, pero según el artículo 5.1 de su Reglamento sólo emite recomendaciones, por lo que, en teoría, podrían votar todas las comunidades en contra y remitir el texto de la nueva financiación al Congreso sin modificaciones. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas fue creado en 1980 por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y está constituido por el ministro de Economía, el de Administraciones Públicas y los consejeros de Hacienda de cada comunidad.
Artículo publicado por Jesús Fernández Briceño en el diario La Razón (Madrid), el 13 de julio de 2009
0 Comentarios.