El presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, aseguró que la intervención de la Comunidad Autónoma de Madrid en Caja Madrid es el ejemplo de «intervencionismo público más descarado» que se ha visto «en los últimos 20 años», caso que además calificó de «esperpéntico». Quintás, que participaba en el Encuentro Financiero del Foro Nueva Economía, indicó que existe un problema, no sólo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino de «incomprensión» u olvido deliberado de la mayor parte de las fuerzas políticas en cuanto a la regulación de cajas de ahorros.
En este sentido, concretó que la Ley Orgánica de Cajas de Ahorros establece que el mandato de los órganos de gobierno de las cajas no es imperativo, y que nadie, ni siquiera quien se encargó de su designación, puede indicar el sentido del voto en su seno. Y dijo más: que lo que se está haciendo es la prostitución del modelo de cajas de ahorro y que este intervencionismo público es lamentable.
El presisdente de la CECA consideró que, aunque las fusiones pueden ser el mejor camino para conseguir ciertos objetivos, algunas, como las que siguen criterios políticos, pueden empeorar a las propias entidades que participan en ellas. Quintás distinguió entre dos tipos de fusiones: las que se realizan para conseguir objetivos que una entidad no podría alcanzar de forma individual y que calificó de extraordinarias, y las que han realizado algunas comunidades autónomas para conseguir un mejor control de las cajas, que en su opinión son una aberración. En este sentido, consideró absurdo que se desnaturalice el actual modelo de cajas y que nos lo carguemos simplemente porque a alguien le gusten las fusiones.
El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, dijo que «siempre» agradece el apoyo de la CECA. Blesa se limitó a agradecer a la CECA su apoyo tras asistir al Foro de la Nueva Economía, pero no quiso hacer más declaraciones porque «está suficientemente embarrado el terreno de juego como para que yo lo embarre más».
Esperanza Aguirre, ha manifestado que todas las entidades regionales tienen que «acatar y cumplir las leyes» aprobadas por la Asamblea de Madrid. La Asamblea General de Caja Madrid rechazó ayer, con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo proyecto de estatutos de la entidad adaptado a la normativa de cajas regional que aprobó el Gobierno de Esperanza Aguirre el pasado diciembre, por lo que ahora el Ejecutivo autonómico podría imponerlos.
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