Jesús Fernández Briceño

De poco sirvió ayer el debate parlamentario para aclarar el papel del Gobierno en el caso Repsol. Rodríguez Zapatero aseguró que el Ejecutivo apoyará y defenderá a Repsol YPF y a sus accionistas de referencia, pero reiteró que no intervendrá para impedir la entrada en su accionariado de la petrolera rusa Lukoil. Por su parte Mariano Rajoy aseguró que el Gobierno tiene armas legales para intervenir en la operación y que si no lo hace acusará al presidente del Ejecutivo de ser el responsable de un «escándalo mayúsculo». A la chita callando Lukoil sigue avanzando en sus pretesiones de hacerse con el paquete de control de Repsol, si no puede el 30 por 100, pues el 20, y ha prometido aportar garantías crediticias adicionales. Pero la pregunta del millón es: ¿garantías de quién, de los bancos americanos o del propio Obama?,  porque aquí nadie se fía de nadie… Puestos escoger parecen más solventes el Santander o el BBVA que el Citi o el Chase.

El presidente de Repsol ha dicho a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) que “su actuación tiene como objetivo fundamental defender los intereses y crear valor para el conjunto de los accionistas de Repsol». Es decir, «humo de pajas» si tuviera que resumirlo un castizo.

Por su parte, el ex presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y diputado del Partido Popular, Ramón Aguirre, consideró que permitir la entrada de Lukoil en el accionariado de Repsol posibilitaría que el Gobierno ruso «tenga capacidad de ejercer presiones» en España y Latinoamérica. Aguirre se mostró convencido que el Ejecutivo ruso está «indirectamente» detrás de la operación y recordó que el Kremlin ya ha manifestado en otras ocasiones su intención de «utilizar la energía como elemento de presión geopolítica».

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha pedido a los Veintisiete un plan de medidas contra la crisis que cuente con un presupuesto del 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) del bloque, lo que suma unos 200.000 millones de euros. De éstos, 170.000 millones (el 1,2% del PIB de la UE) tendrán que ponerlos los Estados miembros a través de medidas nacionales. Los otros 30.000 millones de euros (0,3% del PIB), vendrán del presupuesto comunitario, fundamentalmente a través de un adelanto de los pagos de los fondos estructurales y de cohesión.

Y dos caras de la misma moneda. Mientras el Gobierno británico amenaza con tomar medidas legales contra los bancos si no reanudan inmediatamente la concesión de créditos, lo que puede obligar a la banca a abrir sus cuentas para poder hacer un seguimiento de sus prácticas crediticias, en España Pedro Solbes afirmó que el Ejecutivo no puede pedir a las entidades financieras que lleven a cabo una política crediticia que entrañe un riesgo y que pueda amenazar la solvencia de esas entidades. Que es como dejar que todo siga igual. Para eso tampoco hacen falta tantos expertos.