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El Gobierno revisa las previsiones macroeconómicas hasta 2014: más paro y menos crecimiento

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha presentado hoy el “Informe sobre la posición cíclica de la economía española”, que ha sido remitido a las comunidades autónomas. Este informe ha venido constituyendo un elemento fundamental para la elaboración de los Presupuestos y para el diseño global de la política fiscal. Hasta ahora venía haciéndose público a finales del primer semestre; sin embargo, a partir de este año la reforma del gobierno económico europeo y, en concreto, la creación del Semestre Europeo, aconsejan que se anticipe este proceso algunos meses. De esta forma, se sincroniza en el tiempo con el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, que tienen que ser remitidos a las instituciones comunitarias antes del 30 de abril.

La previsión del Gobierno es que la economía española prolongará en 2011 la senda de recuperación iniciada el pasado ejercicio, aunque ésta seguirá amortiguada por el impacto de las medidas de consolidación fiscal. De esta forma, el PIB real crecerá el 1,3% en media anual. El crecimiento se acelerará conforme avance el año, acentuándose la recuperación en el año 2012.

El nuevo escenario macroeconómico tiene en cuenta el contexto internacional y su impacto sobre la política monetaria europea y sobre la propia economía española. De esta manera, el crecimiento se revisa ligeramente a la baja en 2012 y 2013 debido a que los tipos de interés esperados son más elevados y los precios de las materias primas más altos. Esto se traduce en una revisión a la baja de la contribución de la demanda nacional al crecimiento en los próximos años, parcialmente compensada por una mejora en la evolución del sector exterior, reflejo de las ganancias de competitividad que está experimentando la economía española en estos años.

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

Dentro de la demanda nacional, cabe destacar el favorable comportamiento esperado de la inversión en bienes de equipo, favorecida por la menor incertidumbre, la revitalización de la economía mundial y las perspectivas de recuperación de la actividad económica. Por su parte, el consumo privado moderará su crecimiento en 2011 antes de comenzar a evolucionar de forma más acompasada con la renta disponible de los hogares. El otro componente del gasto de los hogares, la inversión en vivienda, reducirá significativamente su retroceso en 2011, pasando a crecer moderadamente en los años posteriores. Por su parte, la inversión en otras construcciones prolongará la senda contractiva en 2011, fundamentalmente por el efecto sobre la obra pública de las medidas de austeridad fiscales.

Respecto al buen comportamiento esperado para la demanda externa, contrasta con la contribución negativa registrada antes del inicio de la crisis y es debido al reequilibrio del patrón de crecimiento de la economía española desde el sector de la construcción a otras actividades menos intensivas en consumos intermedios importados o con mayor propensión exportadora. La corrección de este desequilibrio, de importancia capital, se pone también de manifiesto en el recorte de nuestra necesidad de financiación externa, que continuará disminuyendo hasta alcanzar un 2% del PIB en 2014; es decir, que se mantiene en el horizonte de previsión el proceso de desapalancamiento agregado de la economía española.

CRECIMIENTO DEL EMPLEO

Por lo que se refiere al mercado laboral, se espera que a lo largo de 2011 se complete el ajuste que ha venido realizándose en los tres años precedentes. De hecho, para el conjunto de 2011 se prevé ya un pequeño crecimiento del empleo, que se producirá en la segunda mitad del ejercicio y se consolidará en los años posteriores. No obstante, el mayor dinamismo de la población activa que ya se vio en 2010 obliga a revisar al alza la tasa de paro para este año y los siguientes. En 2011 está previsto que se sitúe en el 19,8% (cinco décimas más de lo estimado en la Ley de Presupuestos de este año), tasa que irá reduciéndose lenta pero progresivamente, de forma que en 2014 se situará en el 16%.

El Banco de España comunica a 12 entidades que deben aumentar su capital

El Banco de España ha comunicado hoy a las entidades de crédito sus cálculos sobre las necesidades de capital adicional en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero español. En total, 12 entidades deben aumentar su capital por un importe que suma 15.152 millones de euros, según se detalla en el cuadro adjunto al final de esta nota. De esas 12 entidades, dos son bancos españoles, dos son filiales de bancos extranjeros y ocho son cajas de ahorro.

El citado Real Decreto-ley establece un mínimo de capital principal, tal como se define en su artículo 2º, de un 8% con carácter general para los grupos consolidables de entidades de crédito o entidades de crédito individuales no integradas en un grupo consolidable que puedan captar fondos reembolsables del público. Ese ratio se eleva al 10% para aquellos grupos o entidades que no hayan colocado títulos representativos de su capital social o derechos de voto a terceros por al menos el 20% y que, además, presenten un porcentaje de financiación mayorista superior al 20%, según la definición establecida en la Circular del Banco de España 2/2011. El objetivo de la reforma convalidada hoy por el Parlamento es reforzar aún más el nivel de solvencia del sistema financiero con el fin de despejar cualquier tipo de incertidumbre y contar con la confianza de los
mercados.

Las entidades que deben incrementar su capital principal disponen de quince días hábiles para presentar al Banco de España su estrategia y calendario de cumplimiento de los nuevos requisitos de capitalización. En esa estrategia deberán hacer constar las medidas concretas que las entidades proyectan aplicar para cumplir los citados requisitos antes del 30 de septiembre de 2011. El Banco de España dispondrá de otros quince días hábiles para aprobar o, en su caso, exigir las modificaciones pertinentes.

La cifra global de 15.152 millones de euros está sujeta a posibles variaciones. En primer lugar, algunas entidades ya han anunciado que contemplan como primera opción la captación de fondos de inversores por un mínimo del 20% de su capital. En la medida en que esto sea así y pasen a cumplir la condición fijada en el Real Decreto-ley sobre acceso a los mercados, se les aplicará el ratio del 8% del capital principal y, por consiguiente, variará el importe total de capital adicional necesario. Asimismo, las entidades tienen la posibilidad de ajustar su ratio de capital mediante operaciones de carácter extraordinario, como las señaladas en el artículo 1 de la Disposición transitoria primera del RD-l (venta de sucursales, participaciones estratégicas o carteras de activos), lo que, de materializarse, minoraría la necesidad de obtener nuevos recursos propios.

Por otra parte, otras entidades que cumplen con el mínimo exigido en el Real Decreto-ley han anunciado su intención de realizar emisiones en los mercados, por lo que el volumen de capital finalmente inyectado al sistema financiero español puede verse incrementado con el importe de dichas emisiones. En todo caso, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) está comprometido a suscribir los importes de capital que sean necesarios en aquellas entidades que lo soliciten, ya sea como primera o como segunda opción, para complementar o sustituir el recurso al capital privado, tal como prevé el Real Decreto-ley 2/2011. El FROB, creado en junio de 2009 como instrumento para acometer la reconversión del sistema bancario español, ha aportado hasta ahora fondos al sistema por un importe de 11.559 millones de euros.

Nueve propuestas de los economistas de Fedea para la reforma de la negociación colectiva en España

Como en crisis anteriores, el mercado de trabajo español ha experimentado durante esta recesión una enorme destrucción de empleo, por una parte, y una escasa moderación de costes y precios con mínimas reducciones de la jornada laboral, por otra. Se trata de un patrón de ajuste muy diferente al de otros países de nuestro entorno, donde el impacto de las crisis sobre la tasa de paro ha sido mucho menor.

La salida de la crisis requiere una profunda reasignación sectorial del empleo y un aumento sustancial de la flexibilidad interna de las empresas. Ambos requisitos resultan inviables con la estructura y los contenidos actuales de la negociación colectiva, que imponen límites muy restrictivos a la flexibilidad salarial y a la reorganización interna. Estas características generan una alta persistencia de la inflación, pérdidas de competitividad, un bajo crecimiento de la productividad y una excesiva volatilidad del empleo.

Los salarios y las demás condiciones de trabajo afectan directamente al bienestar de las personas, pero también desempeñan otras funciones, como son mitigar el impacto de las situaciones económicas negativas sobre el empleo, remunerar la productividad de los trabajadores e incentivar la formación y la orientación de los trabajadores hacia las ocupaciones más productivas. Nuestro actual sistema de negociación colectiva no facilita estos objetivos.

Esta situación se debe en parte a la regulación de la negociación colectiva contenida en la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) de 1980, que tuvo la virtud de favorecer la implantación de un sistema de negociación con un alto nivel de cobertura y de autonomía negociadora y escasa conflictividad. No obstante, con el paso del tiempo, ha venido creando grandes distorsiones, especialmente negativas en un nuevo contexto caracterizado por una creciente integración económica internacional y grandes cambios tecnológicos. Aunque ha habido intentos de dotar al sistema de negociación colectiva de un mayor contenido (reforma de 1994), de racionalizar su estructura (Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva de 1997) y de cambiar su regulación (propuesta fallida de reforma de 2002), sus rasgos básicos apenas han variado en los últimos 30 años. La experiencia demuestra que la estructura y los contenidos de la negociación colectiva en España no cambiarán significativamente si no cambia su regulación.

La reforma laboral de septiembre de 2010 ha dado un primer paso en la dirección adecuada al permitir, mediante acuerdo del empresario y los trabajadores, la no aplicación de las condiciones laborales establecidas en convenios colectivos de ámbito superior en las empresas con problemas de viabilidad. Sin embargo, es un avance insuficiente en términos de la flexibilidad interna requerida por las empresas en el contexto económico actual.

Ahora resulta imprescindible dar pasos adicionales para completar la reforma. Así se pone de manifiesto en el Acuerdo Social y Económico del 2 de febrero de 2011, en que los interlocutores sociales se comprometen a culminarla por la vía del diálogo antes del 19 de marzo de 2011. Compartiendo el diagnóstico de los problemas del sistema de negociación colectiva enunciado en dicho acuerdo, pensamos que la reforma debería ser amplia y ambiciosa, articulándose alrededor de los cinco objetivos siguientes, con las modificaciones legales e institucionales que se apuntan.

Rodríguez Zapatero cree, un año más, que la situación económica de España es sólida

El presidente del Gobierno, en la presentación, por cuarto año consecutivo, del Informe Económico de la Presidencia del Gobierno, ha asegurado que «hay ganas de volver a crecer, de volver a progresar y, sobre todo de crear empleo, y hay un guión para lograrlo: culminar las reformas y los cambios que tenemos previstos».

En su intervención, Rodríguez Zapatero se ha mostrado convencido de que el conjunto de reformas que el Gobierno está llevando a cabo contribuirá a situar el crecimiento de España en el entorno del 2 o 2,5% entre 2011-2015.

No obstante, añadió que, para poder alcanzar ese crecimiento, es «imprescindible hacer esfuerzos adicionales» que se llevarán a cabo en los próximos meses, y «los haremos», apostilló.

Dijo que el próximo 28 de enero se aprobará la propuesta de reforma del sistema de pensiones, tratando de lograr el máximo consenso. Añadió que se va a completar la reforma laboral, incluyendo la negociación colectiva, si los interlocutores sociales no llegan a un acuerdo. También, agregó, se va a culminar el proceso de restructuración de las cajas, reforzando su estructura de capital, y se van a completar las reformas en los mercados de bienes y servicios.

El jefe del Ejecutivo explicó que las reformas son un «instrumento valioso, imprescindible» que está al servicio de un objetivo: «la creación de empleo, la prosperidad de nuestro país, el mantenimiento de todas nuestras conquistas sociales, de nuestro Estado del Bienestar» y por esa razón dijo sentise comprometido con ellas y pidió colaboración para llevarlas a cabo.

Balance

A la presentación del Informe Económico 2010, en La Moncloa, han asistido la mayoría de los presidentes de las empresas que cotizan en el IBEX-35, y de otras 13 empresas adicionales, los máximos representantes de las organizaciones sectoriales, interlocutores sociales del mundo empresarial, destacados miembros del mundo académico y representantes de los principales bancos de inversión que operan en España.

A todos ellos, y particularmente al economista norteamericano Paul Volcker, el presidente del Gobierno les agradeció su presencia.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo aprovechó para hacer un repaso de las respuestas que a nivel mundial, europeo y nacional se han dado para hacer frente a la «mayor crisis económica global conocida en ocho décadas».

En España, dijo, en 2010 se ha producido el tránsito de la recesión a la recuperación y añadió que, aunque la destrucción de empleo se ha moderado mucho, «soportamos ya una tasa de paro inasumiblemente alta» y las medidas de austeridad «duras» han afectado a muchos ciudadanos.

El jefe del Ejecutivo subrayó: «estamos sembrando el futuro de un nuevo crecimiento en España, estamos preparando la vuelta a la creación de empleo, estamos garantizando la sostenibilidad de nuestro Estado del Bienestar».

En este sentido, el presidente citó algunos resultados que ya se están produciendo como la reducción del déficit público al 9,3%; la reducción a la mitad del déficit por cuenta corriente en poco más de dos años; la disminución del elevado endeudamiento del sector privado; y el incremento de la productividad por hora en más de un 4%.

La corrección de los desequilibrios y las reformas emprendidas hacen que, a juicio del presidente, «estemos abordando uno de los procesos de modernización económica más importantes de todo el periodo democrático, impulsado por la convicción de que de él va a depender, decisivamente, la prosperidad de España y el bienestar de sus ciudadanos durante las próximas décadas».

Reformas

Rodríguez Zapatero ha expresado su propósito de que, en la primera mitad del año 2011 se culminen las reformas emprendidas en 2010, de acuerdo con el calendario comprometido por el Gobierno.

Además de las tres fundamentales: la del sistema financiero, la laboral y la del sistema de pensiones, el presidente se ha referido a otras que irán destinadas a mejorar la competitividad de la economía, como son el desarrollo del Plan Integral de Política Industrial, la planificación energética para los próximos diez años, la corrección del déficit tarifario, la aprobación definitiva en el Parlamento de la Ley de Economía Sostenible y de la Ley de la Ciencia, y la culminación de la reforma del sector servicios.

El presidente del Gobierno también ha anunciado que, en el mes de febrero, el Consejo de Ministros aprobará el Proyecto de Ley de Servicios Profesionales. Un sector, añadió, con un importante potencial exportador, que da ocupación al 30% de los titulados superiores.

Además, el Gobierno planteará a las comunidades autónomas actuaciones concertadas en materia de horarios comerciales y reducción de las actividades sometidas a licencia municipal.

(Foto: Moncloa)

La Economía, secuestrada

La ascensión de Rubalcaba a la vicepresidencia del Gobierno ha tenido como efecto colateral el secuestro de la economía. El debate sobre los Presupuestos Generales del Estado ha pasado de ocupar las portadas a breves citas en secciones especializadas a pesar de que, por ejemplo, el Partido Popular ha presentado más de 500 enmiendas.

Elena Salgado ha sido eclipsada por el todopoderoso valido de Zapatero, desviando la atención de los asuntos que realmente interesan a los españoles. El PP ha estado a punto de caer en la trampa y, durante unos días, el efecto Rubalcaba les ha tenido descompuestos, pero ha reaccionado poniendo al Gobierno en su sitio. Nada ha cambiado: las previsiones sobre el crecimiento de la economía siguen en décimas; el paro es el principal problema; el consumo de las familias se ha desplomado; aumenta el déficit exterior y disminuye la confianza de los empresarios.

Ha bastado que Cristóbal Montoro hiciera una propuesta realista de reducción del déficit en las televisiones públicas o en los enchufados de la Administración para que crujieran las cuadernas de la nave. Rajoy, abandonando el discurso victimista, les ha castigado el hígado donde les duele, con el paro y las pensiones. Emilio Botín, gran oteador, ha puesto el epitafio a este Gobierno caduco. La negociación con ETA no basta para engatusar a los incautos. La economía está plana y su responsable se muestra huidiza. Hacen falta medidas urgentes que no aguantan 18 meses, entre ellas, embridar el caos autonómico.

De ser un tema tabú se ha convertido en una obviedad. Tampoco la reforma laboral y de las pensiones puede esperar hasta la cita electoral de las municipales. Aznar tuvo visión y nombró a Rato ministro de Economía en la sombra antes de ganar las elecciones. Rajoy podría tomar ejemplo y apuntar ya el hombre que genere confianza y explique las reformas que nos sacarán de la crisis. Si tiene ideas y agallas no se quemará y Rubalcaba tendrá un contrincante de su talla.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid) el 30 de octubre de 2010

La FAPE considera «innecesaria» e «injusta» la fianza impuesta a Carlos Dávila y a Eugenia Viñes por el ‘caso Marichalar’

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) mostró su apoyo a última hora de ayer al director de LA GACETA, Carlos Dávila, y a la redactora jefe de investigación del diario, Eugenia Viñes, por la fianza de más de un millón de euros fijada por el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid a los dos periodistas del Grupo Intereconomía por un presunto delito de “injurias con publicidad” contra Jaime de Marichalar, según informa el periódico en su edición de hoy.

La FAPE hizo este pronunciamiento público a través de un comunicado en el que calificaba de “carga innecesaria” e “injusta” la citada fianza. Sus valoraciones se sustentan en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2003, que establece que no procede “la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

La FAPE sostiene que la fijación de una fianza para garantizar posibles responsabilidades civiles supone una “condena pecuniaria” antes de tener lugar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, una postura que se sitúa en “clara contradicción” con lo que señala la legislación en materia civil. Ante esta sucesión de contradicciones, la organización que preside Elsa González solicita la modificación de la norma legal “para evitar situaciones que ya entendió que no eran deseables cuando se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

‘Época’ no se pronunció, y recogió la negación de Marichalar

La síntesis del caso es la siguiente. A finales de septiembre de 2008, ÉPOCA, semanario del Grupo Intereconomía, adelantaba lo que el tiempo ha acreditado como un hecho cierto: la inminente separación de los todavía Duques de Lugo y su posterior divorcio. En ese momento, dicha separación sólo tenía la calificación oficial de “cese temporal de la convivencia”.
ÉPOCA supo de fuentes de toda solvencia que la Infanta Elena pudo plantearse alegar como posible causa de nulidad matrimonial el desconocimiento previo a contraer matrimonio del consumo ocasional de cocaína por parte de su ya ex marido, Jaime de Marichalar. En cualquier caso, esto es lo que afirmaban las fuentes a las que accedió el semanario, y no la revista en sí.

Por otro lado, en ningún caso se le atribuía a su cónyuge tal consumo ni se daba como seguro que esa fuera la alegación escogida. De hecho, en el reportaje, titulado ‘Conflicto en la separación de Doña Elena’, se recoge la versión del propio Jaime de Marichalar negando tal circunstancia. La Casa del Rey respondió al semanario que el único fin de las informaciones, que por entonces recorrían los mentideros de Madrid, era “hacer daño a la Monarquía” e insistió en que “no se ha iniciado ninguna acción legal o eclesiástica”.
Poco tiempo después de hacerse público el reportaje, Jaime de Marichalar instó un procedimiento penal contra los periodistas de Intereconomía por un posible delito de injurias contra su persona.

Aluvión de sms de apoyo a LA GACETA y a Intereconomía contra la fianza

La pasada semana, Jaime de Marichalar solicitó al Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid la fijación de una fianza al semanario ÉPOCA y a los periodistas Carlos Dávila y Eugenia Viñes de 1.039.950 euros. Lo hizo a través de su abogada, Cristina Peña. El objetivo de semejante cantidad era cubrir una posible responsabilidad civil por la publicación de la citada información. El importe iría destinada a una pieza separada del proceso penal, encaminada a cubrir esa futura reclamación por daños y perjuicios, en caso de que el ex duque de Lugo ganase el juicio cuya apertura oral se decretó el pasado 27 de septiembre. Pese a lo llamativo de la cantidad solicitada por Jaime de Marichalar, este tipo de delito tipificado en el Código Penal jamás comporta una pena de cárcel; únicamente una multa económica. En el caso de ÉPOCA se sustancia en sendas multas de 21.000 y 18.000 euros para cada uno de los periodistas, si resultaran condenados en el proceso.

El lunes y martes de esta semana se ha producido un aluvión de mensajes dirigidos a ‘El Gato al Agua’ de Intereconomía TV, protestando por la fianza impuesta y ofreciéndose para contribuir a financiarla. El director de LA GACETA y de ÉPOCA, Carlos Dávila, participó el lunes en el programa que dirige Antonio Jiménez, e informó ayer, antes de comenzar el debate de actualidad, de que cientos de lectores de LA GACETA y espectadores de Intereconomía están ofreciendo no sólo su apoyo moral, sino también dinero de su propio bolsillo para pagar la multa. Cristina Alberdi, presente en ‘EL Gato’ el lunes, aseguró que la multa es «desorbitada (…), un exceso que tiene que ver con que LA GACETA está creciendo, y con que el grupo al que pertenece (…) está teniendo mucho éxito y mucha audiencia».

La farsa está servida

Todas las guerras tienen su armisticio y la del 29-S no podía ser menos. Responsabilidad y normalidad serán las palabras más escuchadas en la jornada del día después y poco a poco los ecos de la huelga se irán diluyendo. Amortizado Corbacho el nuevo ministro de Trabajo tenderá los puentes rotos con los sindicatos y Méndez y Toxo se sentarán de nuevo a la mesa de Zapatero. La farsa está servida y cada cual se sentirá vencedor de esta guerra de las flores y los piquetes. Los sindicatos sacarán pecho ante sus bases y oiremos como piden el voto para el PSOE los mismos que hace quince días gritaban “Zapatero dimisión”. El Gobierno, por su parte, ya tiene excusa para presentarse ante los mercados y los organismos internacionales como un ejecutivo responsable que hace ajustes dolorosos como cualquier capitalista que se precie.

El siguiente paso son los Presupuestos Generales del Estado y la reforma de las pensiones. Los PGE serán la escenificación del mayor fracaso de la política económica de este Gobierno. Casi la mitad de todo el dinero que los ciudadanos ponemos en manos del Estado a través de los impuestos (cincuenta mil millones de euros) van a ir a la actividad más improductiva: pagar los intereses de la deuda y abonar prestaciones a los parados. Las grandes lacras que han dado origen al descalabro de las cuentas públicas no se tocan. Ni desaparecen ministerios ni se pone coto al despilfarro. Asuntos Exteriores, Igualdad y Cultura, seguirán repartiendo dinero a manos llenas. Gabinetes fantasmas como Vivienda e Innovación mantienen sus titulares al frente sin que parezca que una futura remodelación ministerial achique los cargos públicos. Las autonomías con su multiplicidad de empresas públicas, televisiones, parlamentos y asesores seguirán devorando el dinero de todos. Nada cambia gracias al plato de lentejas que aporta el PNV, aunque una posible rebaja en el rating de España por parte de Moody´s quite estos días el sueño a la ministra de Economía.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario la Gaceta (Madrid), el 30 de septiembre de 2010

El Parlamento europeo da luz verde a la reforma de la supervisión financiera

La Eurocámara ha aprobado hoy, después de un año de negociaciones, la legislación que reforma la supervisión financiera en la UE. La nueva normativa prevé el establecimiento de tres autoridades europeas de supervisión de la banca, los mercados y los seguros. Además, habrá un cuarto organismo de control, que alertará del incremento del riesgo en la economía de la UE. Estas autoridades estarán operativas en enero de 2011.

Las tres nuevas autoridades de supervisión sustituyen a los comités consultivos existentes hasta ahora y tendrán nuevos poderes vinculantes para, entre otras cosas, solventar disputas entre supervisores nacionales y prohibir productos financieros de riesgo. Además, en el futuro podrán adquirir nuevas competencias, pues la legislación deberá ser revisada en un plazo de tres años.

Este nuevo sistema tiene como objetivo ofrecer la protección necesaria para evitar nuevos casos como el de Fortis, la prohibición unilateral de las ventas en corto al descubierto por parte de Alemania y las pérdidas registradas por titulares de seguros de Reino Unido, Irlanda y Alemania tras la quiebra de la compañía Equitable Life. Además, contribuirá a reforzar el mercado único europeo de los servicios financieros y proteger mejor a los inversores.

Nuevas competencias

Varios Estados miembros, especialmente los que cuentan con centros financieros importantes, se han inclinado hacia una reforma limitada, lo que significaba recortar las competencias de las autoridades propuestas por la Comisión. Sin embargo, los ponentes del Parlamento Europeo han defendido durante las negociaciones una reforma en profundidad, con nuevos poderes vinculantes para las autoridades europeas.

El acuerdo final prevé que las nuevas autoridades tengan competencias para dirimir litigios entre supervisores nacionales. Por ejemplo, en caso de que dos autoridades nacionales no consigan llegar a un acuerdo sobre qué medidas aplicar a un banco presente en ambos países que no cumple la legislación comunitaria, será el supervisor bancario europeo el que tenga la última palabra. Si los supervisores nacionales no actúan, las autoridades europeas podrán imponer directamente su decisión a la institución financiera. Además, las nuevas autoridades podrán intervenir como mediadoras a iniciativa propia, sin tener que esperar la solicitud de un supervisor nacional.

Además, las autoridades europeas coordinarán los trabajos de los supervisores nacionales para reforzar el control sobre las entidades financieras transfronterizas.

Protección del consumidor

Durante las negociaciones, los eurodiputados han querido dar prioridad a la protección de los consumidores. A propuesta del Parlamento, las autoridades europeas podrán investigar instituciones, actividades (como las ventas en corto al descubierto) y productos que amenacen la integridad de los mercados financieros y formular advertencias en caso de que se trate de una amenaza grave.

En determinados casos, los supervisores europeos podrán prohibir temporalmente o restringir estas actividades y productos, y pedir a la Comisión que presente propuestas para prohibirlos de forma permanente. La autoridad europea revisará su decisión al menos cada tres meses. Si ésta no se prorroga al cabo de esos tres meses, caducará automáticamente.

Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS)

Los eurodiputados han introducido provisiones para permitir que la JERS pueda comunicar de forma rápida y clara. Este organismo desarrollará un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos (cuadro de riesgos) para medir el riesgo sistémico. Además, elaborará un sistema de códigos de colores que corresponda a las situaciones de diferentes niveles de riesgo. La Junta utilizará este sistema de colores en sus avisos y recomendaciones.

El comité científico consultivo de la JERS estará formado por un presidente y quince expertos «que representen un amplio abanico de experiencias y aptitudes» y cuyo mandato será de cuatro años renovables.

El Presidente del Banco Central Europeo ejercerá como presidente de la Junta los primeros cinco años.

Cláusula de revisión

Los poderes de las tres autoridades y de la Junta podrán verse incrementados en el futuro, ya que la Comisión revisará la normativa cada tres años y se pronunciará sobre la conveniencia de mantener separadas las autoridades de supervisión de bancos, seguros y mercados financieros. El ejecutivo también decidirá si es pertinente trasladar las autoridades a una única sede para propiciar una mejor coordinación entre ellas y si es conveniente darles más poderes, especialmente sobre las instituciones transfronterizas.

Papel del Parlamento Europeo

La Eurocámara podrá oponerse a la designación de las personas seleccionadas por la Junta de Supervisores para ejercer como presidentes de las autoridades europeas. También se pronunciará sobre el desarrollo de estándares técnicos y medidas de aplicación. Dos veces al año como mínimo, el presidente de la JERS mantendrá conversaciones confidenciales a puerta cerrada con el presidente y los vicepresidentes de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del PE sobre las actividades de la Junta.

La nueva legislación prevé que la Comisión, las autoridades europeas y la JERS puedan pedir al Consejo que declare una emergencia. El Parlamento Europeo podrá solicitar lo mismo al Consejo por medio de resoluciones y preguntas.

La Economía del esperpento

Si un empresario fracasa no le queda otra que plegar velas, liquidar el negocio y tratar de buscar las habichuelas en otro sitio. Así ha ocurrido con unas doscientas mil empresas en los dos últimos años, una media de 270 sociedades diarias. Eso sin contar los autónomos que desaparecen a un ritmo todavía mayor, a razón de 500 diarios. Si el que fracasa es un político es recolocado sin merma en sus honorarios, si cabe incrementando los mismos con las indemnizaciones pertinentes. Otro gallo cantaría si Celestino Corbacho tuviera que pasar por la lista del paro y los trámites del INEM, hacer cola desde la siete de la mañana, sacar su numerito y presentar su desvencijado curriculum ante un funcionario que tiene que atender a 150 parados al día.
Mientras esto ocurre en la España real, la cama de la política ofrece el esperpento de unos Presupuestos que sin estar presentados ya cuentan con un padrino generoso que a diferencia de lo que es habitual y correr con el gasto, quiere romper la hucha del abuelo. A cambio, dos años de estabilidad para negociar con ETA. El esperpento es que ahora el otro padrino catalán (CiU) pide cuentas a Zapatero a costa de la reforma laboral y las pensiones. ¿Pero no habían sido ellos los que con su abstención en el Congreso han dado oxígeno al Gobierno?
Esta es la España de los despropósitos ya que el mismo día un ciudadano corriente puede  escucha a Zapatero con rostro demudado defender la austeridad y los recortes y, al mismo tiempo, comprobar cómo su dinero se reparte a manos llenas. Sin ir más lejos (ver BOE) 302.000 euros para Festivales de cine ó 219.989,30 euros para libros sobre mujeres a costa del Ministerio de Igualdad, con títulos tan sugerentes como “Emma Goldman. Anarquista de ambos mundos”; “Poseía eres tu… pero yo no quiero ser poesía” o “Alta velocidad (Divinas y chamuscadas)”. No cortar de raíz el despilfarro es un insulto a parados y jubilados a los que se les van a rebajar sus ingresos.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario La Gaceta (Madrid), el 10 de septiembre de 2010

Rato afirma que la nueva LORCA permitirá a las cajas capitalizarse sin perder su carácter social

El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, aseguró hoy que la recien aprobada reforma de la ley de cajas de ahorros (LORCA) permitirá a estas entidades adaptarse a las nuevas exigencias de capital y reforzar sus recursos propios sin perder su función social.

Rato, que ofreció  una conferencia ante más de 200 empresarios catalanes en el Círculo Ecuestre de Barcelona, destacó que la modificación del régimen jurídico de las cajas de ahorros –aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros– tiene como principales objetivos permitir la recapitalización de estas entidades y buscar una mayor profesionalización de sus órganos de gobierno.

El primero de los objetivos permitirá a las cajas “emitir recursos propios de la máxima categoría en las mismas condiciones que el resto de entidades financieras”. Las cuotas participativas con derechos políticos, y sin límites a su posesión, actuarán como elemento catalizador para permitir a las cajas adaptarse a los nuevos requisitos de capital que establecerá Basilea III, y que supondrán un reto sin precedentes para todo el sistema financiero, aseguró.

Rato señaló, además, que la nueva LORCA supondrá también un impulso a la profesionalización de la gestión y de los órganos de gobierno de estas entidades y generará  un nuevo escenario de actuación en el que cada entidad podrá  elegir cuál es el modelo que más se adapta a sus necesidades.

El presidente de Caja Madrid adelantó que, con el nuevo marco jurídico más flexible, las cajas podrán elegir entre cuatro vías diferentes: mantener el actual estatus con la posibilidad de emitir las nuevas cuotas participativas; formar un SIP –como el constituido recientemente entre Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja, con unos activos totales de 337.257 millones de euros–; ceder todo el negocio financiero a un banco pero sin perder la condición de caja o transformarse en fundación con la cesión del negocio a un banco.

Solvencia del sistema español

El presidente de Caja Madrid aprovechó su intervención para destacar la elevada solvencia del sistema financiero español frente a sus más directos competidores, al presentar una solvencia total del 12,2% y un volumen de recursos propios sobre activos del 7,9%, por encima de la media de la Unión Europea y muy superior a la de países como Italia, Francia, Alemania o Reino Unido.

Esta fortaleza es especialmente destacable si se tiene en cuenta que las entidades españolas han recibido, proporcionalmente, un volumen mucho menor de inyecciones públicas de capital –vía FROB– que las de otros países europeos –en concreto el 1,4% del PIB–.

Rato destacó que las principales debilidades de las entidades españolas, como son el aumento de la morosidad por el incremento de los activos dudosos y el consecuente descenso de la tasa de cobertura, han logrado neutralizarse y presentan, en los últimos meses, un comportamiento mucho más moderado que en el periodo 2007-2008.

A su juicio, la cobertura a través de las provisiones específicas y genéricas unida a la capacidad de generación de beneficios en 2010 hacen que la inversión potencialmente problemática en el sector constructor y de promoción inmobiliaria esté cubierta en un 71%. Sin embargo, esos buenos fundamentales no evitan que el sistema español presente en estos momentos un exceso de capacidad instalada que deberá necesariamente ajustarse.

Problemas en el mercado de deuda

El presidente de Caja Madrid realizó también una valoración sobre los problemas de liquidez que presenta el mercado interbancario y que han llevado al Banco Central Europeo (BCE) a convertirse en la principal fuente de liquidez de las entidades. Rato destacó que “el recurso de las entidades españolas al BCE es menor que el de Alemania y está  en niveles ajustados al peso de su sistema financiero”. Pese a ello, el primer ejecutivo de la caja destacó que estos problemas se han trasladado al mercado de deuda soberana, especialmente de los países periféricos, donde se han disparado de forma excesiva las primas de riesgo.

En el caso español, Rato aseguró que España se encuentra en una posición similar a la de otros emisores como Francia o Alemania, aunque tiene por delante el reto de recuperar la confianza con la adopción de las reformas estructurales necesarias y un sólido saneamiento del sistema financiero que permitan normalizar la situación.