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Zapatero aborda el mayor recorte de gasto social y salarios de la democracia

Enviado por el mayo 12, 2010 Sin comentarios

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar de las decisiones adoptadas en la reunión extraordinaria del Eurogrupo el pasado viernes, ha anunciado una serie de medidas «imprescindibles», «eficientes» y «lo más equitativas» posible para reducir el déficit público y cumplir así con mayor celeridad el compromiso de situarlo en el 3% del PIB en el año 2013.

El Consejo de Ministros aprobará, ha adelantado el Presidente, la próxima semana un decreto-ley para la entrada en vigor inmediata de estas medidas adicionales.

Paralelamente, añadió, el Consejo de Ministros del próximo viernes examinará el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y el Plan de Austeridad 2011-2013, a fin de incorporar las consecuencias de estas decisiones.
Medidas

Las medidas enumeradas por el jefe del Ejecutivo se inscriben en el compromiso asumido por los Estados miembros de «acelerar o intensificar», en su caso, sus respectivos planes de consolidación fiscal. Además, contribuyen a reforzar la confianza en la economía española y la estabilidad financiera de la zona euro.

Éstas son las siguientes:

* Reducir las retribuciones de personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y demás altos cargos tendrán una reducción superior al último tramo de la escala que se establezca para los empleados públicos.
* Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.
* Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007.
* Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011.
* Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, y mediante la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como dispensación de medicamentos en unidosis.
* Suprimir, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose, paralelamente, un plazo máximo de resolución de 6 meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha.
* Reducir, entre 2010-2011, 600 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo.
* Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal.
* Se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Acciones ya emprendidas

Rodríguez Zapatero ha asegurado que se mantendrán efectivas las acciones ya emprendidas para impulsar la recuperación. Tales son las acordadas en el llamado proceso de Zurbano, las incluidas en la Ley de Economía Sostenible, el Plan de Participación público-privada para la inversión en infraestructuras, las nuevas líneas de crédito del ICO y las reformas estructurales en marcha.

También se refirió a tres procesos que ya están en marcha. El primero de ellos es el relativo a la reforma laboral, que se está negociando entre empresarios y sindicatos y deberá estar concluido este mes de mayo.

El segundo, afecta a la revisión del Pacto de Toledo que se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados y espera que, «en no mucho tiempo», se pueda acordar.

El tercero, alude a la reestructuración de nuestro sistema financiero, especialmente el que atañe a las Cajas de Ahorro. En este punto, agradeció la disposición del líder del PP, Mariano Rajoy, para acordar una acción conjunta que impulse definitivamente este proceso.
Esfuerzo de todos

El Presidente ha dicho que no es fácil para un Gobierno presentar estas medidas de ajuste a sus conciudadanos. Especialmente difícil lo es para un Ejecutivo que ha dirigido sus esfuerzos a mejorar la situación de todos los ciudadanos y, especialmente, de los más necesitados.

Fundamentalmente, añadió, porque nada han tenido que ver con el origen de la crisis y , sin embargo son, ahora, los que mayoritariamente deben contribuir con su esfuerzo a corregir sus efectos.

También pidió a los grupos políticos responsabilidad y compromiso con esta tarea en la que todos debemos implicarnos porque lo exige «el bienestar de toda la sociedad».

Defensa de la Competencia pide una revisión global de los derechos de propiedad intelectual

Enviado por el enero 19, 2010 Sin comentarios

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha hecho público un informe que analiza los problemas tarifarios y las restricciones a la competencia en este sector a partir del análisis del marco regulatorio y de las actuaciones llevadas a cabo por las entidades de gestión, al objeto de realizar recomendaciones para la articulación de un modelo más favorable a la competencia.

Las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual administran y ejercitan muchos de los derechos reconocidos en el marco legal vigente sobre propiedad intelectual y, en concreto, en la Ley de Propiedad Intelectual. Actúan de intermediarios entre los titulares de derechos y los usuarios que explotan obras y prestaciones, representando a los primeros y ejerciendo, ya sea mediante cesión voluntaria o mandato legal, los derechos de propiedad intelectual en su lugar.

Teniendo en cuenta la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la economía, resulta fundamental que los mercados de gestión de derechos de propiedad intelectual funcionen de modo adecuado y sin que existan distorsiones en términos de competencia, sobre todo cuando, para muchos usuarios, la explotación de obras y prestaciones constituye un factor de producción necesario para el desarrollo de su actividad.

La posición monopolística de las entidades de gestión reduce sus incentivos a operar de modo eficiente, facilita el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias por la utilización de los repertorios y obstaculiza las actividades que realizan los usuarios, tanto los que operan en mercados tradicionales como los que explotan obras y prestaciones en el entorno online.

La CNC considera que es posible un modelo más favorable a la competencia, donde las entidades enfrenten mayor presión competitiva en la prestación de servicios a titulares y usuarios y los mecanismos de mercado puedan organizar esta actividad, dictando cuántas entidades deben existir, qué categorías de derechos deben gestionar y cómo deben gestionarlos.

La introducción de competencia requiere reforzar la capacidad de elección de los titulares y de los usuarios. Por este motivo, la CNC considera que debe realizarse una revisión integral de la Ley de Propiedad Intelectual, para garantizar que sea un marco claro y predecible para los agentes y para eliminar aquellos elementos que están actuando de barreras de entrada legales, teniendo en cuenta de modo especial las nuevas posibilidades que brinda el progreso tecnológico y la creciente importancia de la gestión de los derechos en el entorno online. En particular, considera que deben eliminarse las siguientes barreras de entrada:
• La obligatoriedad de la gestión colectiva a través de entidades de gestión en los casos en los que se impone en la actualidad, con la excepción de cuando dicha obligatoriedad venga impuesta por una Directiva europea.
• El actual sistema de autorización administrativa de las entidades de gestión colectiva, sustituyéndolo por un sistema de simple registro.
• La obligación de que las entidades de gestión carezcan de ánimo de lucro, disponiendo de forma expresa que se pueden constituir bajo cualquiera de las formas jurídicas admitidas en Derecho. No obstante, mientras persista la posición monopolística de las entidades de gestión, la CNC considera necesario adoptar medidas que permitan evitar posibles abusos e ineficiencias. Para ello propone, entre otras, las siguientes recomendaciones:
• Revisar la regulación de la Ley de Propiedad Intelectual sobre los estatutos de las entidades y los contratos de gestión con los titulares, para limitar los períodos de permanencia, prórroga y preaviso y garantizar que el titular tenga mayor flexibilidad sobre los términos de contrato, en particular, para establecer que el contrato sea en términos no exclusivos y conservar de ese modo la posibilidad de conceder licencias ya sea de modo directo o a través de otra entidad de gestión.
• Incluir en la Ley de Propiedad Intelectual obligaciones de transparencia sobre los repertorios efectivamente gestionados por las entidades, los contratos que alcancen con usuarios individuales y los contratos que alcancen con organizaciones de su misma clase, con sanciones previstas en caso de incumplimiento.
• Incluir en la Ley de Propiedad Intelectual una obligación para que las entidades establezcan, al menos para determinadas clases de usuarios, tarifas que tengan en cuenta el uso efectivo, manteniendo como alternativa las tarifas por disponibilidad.
• Reformar o sustituir la Comisión de Propiedad Intelectual para que esté dotada de competencia técnica y facultades decisorias y sancionadoras adecuadas para resolver cualesquiera conflictos en materia de propiedad intelectual y, en particular, los conflictos tarifarios entre entidades de gestión y usuarios.
• Establecer normativamente los criterios a los cuales las entidades de gestión tengan que ajustarse para determinar las tarifas por el uso de su repertorio. Los criterios deberían incluir en todo caso los siguientes: amplitud del repertorio; no discriminación; valor económico y uso efectivo; simplicidad, transparencia y publicidad.

Defensa de la Competencia expedienta a las grandes patronales de prensa

Enviado por el octubre 4, 2009 Sin comentarios

La CNC incoa expediente sancionador contra la Asociación de Editores de Diarios Españoles, la Asociación Española de Prensa Gratuita, la Asociación Federativa Española de Empresas de Clipping y las empresas de press clipping que integran esta Asociación, por comportamientos colusorios en la gestión del derecho de oposición para la elaboración de resúmenes de prensa.

Con fecha de 23 de enero de 2007 tuvo entrada en la Dirección General de Defensa de la Competencia, hoy Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), escrito de denuncia contra la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y sus editores asociados, por supuestas conductas prohibidas por el artículo 7 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, entonces vigente. Con posterioridad la denuncia fue ampliada para incluir determinadas prácticas de negativa de suministro y supuestos abusos de posición dominante contrarios al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).

La Dirección de Investigación de la CNC, en el marco de lo establecido en el apartado 2 del artículo 49 LDC, realizó una información reservada con el fin de determinar, con carácter preliminar, la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de expediente sancionador por supuestas conductas prohibidas en la LDC y elevó propuesta de archivo al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia por considerar que no había indicios de infracción de la mencionada Ley. El Consejo de la CNC, con fecha de 15 de septiembre de 2009, ha dictado Resolución mediante la que acuerda, por un lado, no incoar expediente sancionador en lo referente a las supuestas conductas de competencia desleal y las supuestas prácticas de negativa de suministro y abuso de posición de dominio, y por otro, continuar con la tramitación del expediente e incoar un expediente sancionador contra la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Asociación Española de Prensa Gratuita, la Asociación Federativa Española de Empresas de Clipping (AFEC) y las empresas de press clipping que integran esta Asociación por conductas prohibidas por el artículo 1 de la LDC.

El Consejo de la CNC considera que existen indicios que apuntan a que las empresas y Asociaciones mencionadas han podido llevar a cabo determinados comportamientos colusorios en la gestión del derecho de oposición para la elaboración de resúmenes de prensa previsto en el artículo 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual. La incoación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un plazo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.

La Asamblea de Caja Madrid aprueba la adaptación de los Estatutos a la nueva Ley de Cajas

Enviado por el julio 20, 2009 Sin comentarios

La Asamblea General de Caja Madrid, reunida en sesión extraordinaria, ha aprobado por una mayoría superior a los dos tercios la adaptación de los Estatutos y el Reglamento Electoral de la entidad a la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid (Ley 2/2009, de 23 de junio).

La convocatoria ha contado con la asistencia de 306 consejeros generales, un 95,6% de los 320 que conforman el Órgano de Gobierno de la entidad, en representación de Impositores, Empleados, Asamblea de Madrid, Ayuntamientos y Entidades Representativas.

Los nuevos Estatutos han contado con el respaldo de 255 consejeros generales, mientras que 43 votaron en contra y otros 8 se abstuvieron.

Tras la aprobación de sus nuevos Estatutos y Reglamento Electoral, la entidad da un paso más en el proceso de renovación de sus Órganos de Gobierno.

El nuevo texto ha modificado los siguientes puntos de los Estatutos:

1.    Reparto de los Consejeros correspondientes a la Entidad Fundadora: En el caso de que la Entidad Fundadora no ejerza su derecho a designar los 64 consejeros generales, se repartirá sólo entre los sectores de Entidades Representativas, Empleados y Asamblea, quedando el reparto final por sectores, así como sus representantes en el Consejo y la Comisión de Control de la siguiente manera:

Consejeros Caja Madrid

2.    Método de reparto de Consejeros por Corporaciones Municipales e Impositores. Se realizará por Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, eligiéndose en circunscripciones coincidentes con las mismas, en proporción a la cifra de depósitos captados por la Caja en cada una de ellas, sin ponderaciones de ningún tipo.

3.    Composición del sector de Entidades Representativas. Quedarán compuestas por 62 consejeros generales compuestas por las Organizaciones Empresariales y Sindicales del CES (un 26%), Universidades públicas y privadas (5%), Cámara de Comercio (13%), y el resto como las actuales, aunque serán elegidas por la Consejería de Economía y Hacienda, sin intervención de la Asamblea General.

4.    Elección del presidente ejecutivo: “La elección del presidente ejecutivo y la determinación de sus facultades, su modificación o revocación exigirán el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo”.

5.    Aplicación de la ley: Se aplicará la ley que resulte de la aprobación del Proyecto de Ley 2/2009, de 23 de junio, a los procesos electorales no concluidos plenamente mediante el nombramiento correspondiente (de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la propia ley).

La nueva normativa también aclara, en el desarrollo del Reglamento Electoral, que el reparto de Consejeros Generales por Corporaciones Municipales e Impositores se realizará en proporción a la cifra de depósitos en cada Comunidad Autonoma y Ayuntamiento, sin ponderaciones ni topes máximos.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba el nuevo modelo de financiación

Enviado por el julio 15, 2009 Sin comentarios

cppfEl Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, en el transcurso de la reunión mantenida hoy en el Ministerio de Economía y Hacienda. El nuevo modelo de financiación se ha aprobado en primera votación con 10 votos a favor, lo que significa más de dos tercios de los votos, y 7 abstenciones. Las comunidades autónomas que han dado su apoyo al acuerdo de reforma han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la ciudad autónoma de Ceuta.

Las abstenciones han correspondido a las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, y la ciudad autónoma de Melilla. País Vasco y Navarra han mantenido la tradicional posición de no votar por ser dos comunidades autónomas que no se rigen por el régimen común. Tras la aprobación del nuevo modelo de financiación, el Gobierno trabajará en las próximas semanas en la redacción del anteproyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), así como de la Ley 21/2001.

El nuevo modelo de financiación, según el Gobierno,  tiene dos objetivos fundamentales: que todas las comunidades autónomas puedan contar con más recursos y que todos los ciudadanos tengan garantizada la igualdad en los servicios públicos fundamentales –sanidad, educación y servicios sociales- sea cual sea la comunidad autónoma en la que residan. Así, este sistema resulta más justo y equitativo que el anterior y beneficia a todas las comunidades autónomas, porque todas van a ver mejorada su financiación, y a todos los ciudadanos, porque tendrán mejores servicios públicos.

Con el nuevo modelo, las comunidades autónomas -siempre según el Gobierno- tendrán mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, ya que contarán con un mayor porcentaje de impuestos cedidos y una mayor capacidad normativa. El 80% de los recursos del sistema se destinarán a la solidaridad, garantizando igual financiación para los servicios públicos fundamentales, y el 20% restante sufragará la convergencia entre comunidades autónomas. y garantizará la suficiencia financiera para el desarrollo del resto de competencias transferidas. El Estado aportará en torno a 11.000 millones de euros adicionales.

Para atender a estos objetivos, los instrumentos con que cuenta el nuevo sistema son el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que financiará en condiciones  de igualdad la sanidad, la educación y los servicios sociales; el Fondo de Suficiencia Global para la financiación de las competencias transferidas, que completa los recursos tributarios propios de cada autonomía; y dos fondos de convergencia: el de Competitividad, que permitirá reducir las diferencias en financiación per cápita, y el de Cooperación, para ayudar a las que tienen menor nivel de renta.

Así, el nuevo modelo asegura, según la ministra de Econmía Elena Salgado, la financiación adecuada de todos los servicios públicos y las competencias transferidas, se reducen las diferencias en financiación y renta per cápita y se refuerza el Estado del Bienestar en todas las comunidades, gracias a la mayor aportación de recursos por parte del Estado.

El nuevo sistema parte del reconocimiento de los cambios demográficos  de la última década en España y plantea un mecanismo de actualización anual que permite un sistema más flexible y eficaz que el anterior. El modelo se rige por criterios de población ajustada que reflejan mejor las diferencias en el coste de la prestación de los servicios en las distintas comunidades autónomas, de modo que se pueda dar una mejor respuesta a sus necesidades reales de gasto. De esta forma, se incluyen variables como el número de habitantes, la población sanitaria protegida, la población escolar, los mayores de 65 años, la dispersión, la densidad o la insularidad.

Las ayudas públicas pueden generar distorsiones que alteren el mercado, según la CNC

Enviado por el julio 2, 2009 Sin comentarios

La Comisión Nacional de la Competencia ha hecho público el primer Informe Anual sobre Ayudas Públicas concedidas en España en 2008.El art. 11.2 de la nueva Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, prescribe que la CNC emitirá un informe anual sobre las ayudas públicas concedidas en España que tendrá carácter público. El Informe Anual sobre las Ayudas Públicas concedidas en España 2008 es, pues, el primero de los informes de tal naturaleza que elabora la Comisión Nacional de la Competencia desde su creación. El objetivo de este primer Informe es contribuir al mejor conocimiento del marco comunitario y español que regula las ayudas públicas y trasladar los beneficios que pueden derivarse de un buen diseño de las mismas, así como de su seguimiento y control por parte de las autoridades de competencia y, en particular, de la CNC. Con ello, se pretende sensibilizar a entidades públicas, operadores privados y a la sociedad en general acerca de la importancia de que la concesión de ayudas públicas esté justificada de acuerdo con los objetivos que persigue, y de que las Administraciones tengan en cuenta los efectos que estas actuaciones públicas pueden comportar sobre el funcionamiento competitivo de los mercados afectados.

La CNC considera que el análisis cuidadoso de las implicaciones del otorgamiento de ayudas públicas sobre los mercados resulta si cabe más pertinente en un momento económico como el actual, en el que los poderes públicos están activamente participando en la adopción de medidas encaminadas a limitar los efectos de una difícil situación económica sobre empresas y ciudadanos. Precisamente en este contexto, se pueden generar distorsiones que alteren significativamente el correcto funcionamiento de los mercados en el medio y largo plazo si se realizan actuaciones poco congruentes con los principios que subyacen al control de las ayudas públicas. A tal fin, el Informe detalla una serie de principios de evaluación económica de las ayudas públicas, cuya finalidad es sopesar adecuadamente los efectos positivos y negativos de cualquier tipo de ayuda, con independencia de su forma y cuantía. Dichos principios se inspiran en los que vienen siendo usados por la Comisión Europea, y resultan consistentes con los que la CNC ha adelantado en su Guía para la elaboración de memorias de competencia, dirigida al análisis de proyectos normativos y otras actuaciones administrativas. Adicionalmente, el Informe Anual pretende dar cuenta de las principales novedades en materia de ayudas públicas acontecidas, en este caso, durante los años 2007 y 2008, así como los casos más significativos para España tanto a nivel administrativo (Comisión Europea) como jurisdiccional (Tribunal de Justicia comunitario). También contiene el informe un apartado estadístico, que realiza una aproximación cuantitativa a las ayudas públicas más importantes concedidas en España. Para obtener estos datos, la CNC ha contado con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.

La publicación de este Informe constituye un primer paso en este ámbito, que se irá complementando con otras actuaciones de seguimiento de las ayudas de Estado de mayor envergadura sujetas a la supervisión de las autoridades comunitarias, y de control de otras ayudas públicas que no tienen afección comunitaria. En este sentido, puede destacarse la puesta en marcha del Centro telemático de ayudas públicas que en breve estará disponible en la página web de la CNC, el cual permitirá acceder a información sobre ayudas de Estado concedidas en España, y contribuirá a facilitar el acceso de ciudadanos, operadores y Administraciones Públicas a dicha información.

La CNC considera un paso atrás el Proyecto de Ley sobre la Directiva de Servicios

Enviado por el junio 18, 2009 Sin comentarios

La Comisión Nacional de la Competencia, al hacer público su Informe sobre el Anteproyecto de Ley Ómnibus, alerta ante la posibilidad de que las reformas estructurales asociadas a la transposición de la Directiva de Servicios queden en entredicho. La futura Ley Ómnibus constituye la segunda pieza del proceso de transposición de la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español, al margen de las reformas preceptivas que deben sucederse en el nivel autonómico. Se trata, con esta Ley, de iniciar la adaptación del marco normativo sectorial actualmente vigente, cuya finalización está prevista para finales de este año. La Ley Ómnibus sirve de complemento a la futura Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio –conocida como Ley Paraguas-, de carácter horizontal y efecto fundamentalmente pro futuro, así como al proceso de revisión de la normativa reglamentaria en materia de servicios y al que se lleva a cabo por parte de las Comunidades Autónomas en relación con su propia normativa. La trasposición correcta de la Directiva de Servicios a través de los cambios legales necesarios en nuestras leyes sectoriales es una oportunidad única para mejorar nuestro entorno económico a través de una regulación moderna que elimine restricciones innecesarias a la actividad económica que perjudican a los operadores económicos, pero, sobretodo, a los consumidores.

Sin embargo, la CNC es consciente de que las presiones que existirán en esta materia para mantener situaciones de privilegio en determinados casos serán muy fuertes, pero por eso considera preciso mantener una postura firme y explicar claramente los beneficios que una correcta aplicación de la Directiva de Servicios reportarán al que debe ser su principal beneficiario: los millones de consumidores. Desafortunadamente, la CNC ha podido ya observar los efectos de algunas iniciativas para no alterar, o no hacerlo en exceso, la situación vigente, de tal forma que, respecto al Anteproyecto informado por la CNC el 22 de abril pasado, que ahora se hace público, el Proyecto de Ley finalmente aprobado por el Gobierno y remitido al Parlamento para su tramitación se ha visto modificado en algunos aspectos reduciendo su alcance o su grado de ambición respecto a la versión inicialmente prevista.

Como ejemplo de esta posible regresión con respecto a los objetivos iniciales mucho más ambiciosos, la CNC destaca el paso atrás que ha supuesto el Proyecto de Ley aprobado en materia de colegios profesionales. Es muy significativo que, en materia de colegiación obligatoria no se hayan determinado de manera tasada los supuestos en los que ésta procede, dejando la puerta abierta a la consolidación del actual marco regulador de colegios, tanto en el plano estatal como en el autonómico. En el Proyecto no se ha aceptado la observación de la CNC en el sentido de que se derogaran explícitamente las normas colegiales relacionadas con visados, publicidad, incompatibilidades, restricciones territoriales, obligaciones de ejercicio en exclusiva y baremos de honorarios.

Finalmente, no se puede dejar de señalar que los avances en la Directiva de Servicios se pueden ver truncados por otras modificaciones legales paralelas. Este parece ser el
caso de la regulación de la incompatibilidad entre procuradores y abogados. Así, en aplicación de la Directiva de Servicios, el Proyecto ómnibus establece que las incompatibilidades solo pueden establecerse por norma de rango de ley; puesto que la incompatibilidad entre procuradores y abogados se establece en un reglamento, debía entenderse automáticamente derogada. Sin embargo, lo que parece que sucederá es que esa incompatibilidad se establecerá por ley a través de una enmienda en el Proyecto de ley de nueva oficina judicial en tramitación parlamentaria.

El FROB se presentará al Consejo de Ministros en junio con una dotación de 9.000 millones

Enviado por el junio 15, 2009 Sin comentarios

Elena SalgadoLa vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, anunció hoy que espera presentar el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) antes de que finalice este mes, con una dotación económica de 9.000 millones de euros, como “una medida preventiva” que no se espera utilizar “de aquí a final de año”.

Así lo afirmó en la inauguración del Seminario ‘La profundidad de la crisis y su repercusión en el sector financiero y otros sectores de la economía’ organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), junto al presidente del BBVA, Francisco González; el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez, y el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Ángel Agudo.

Salgado, que defendió que la creación de este instrumento es “necesaria”, recalcó que “no hay en este momento ninguna entidad” que lo necesite y precisó que su objetivo será situar a las entidades financieras con problemas “lo antes posible de nuevo en el mercado”, dado que no hay “ninguna voluntad de quedarse”.

La prioridad es conseguir que la entidad que eventualmente pueda ser objeto de intervención “salga de la reestructuración” siendo “solvente a medio y largo plazo”, insistió la ministra, en la primera jornada retransmitida on-line a través de http://www.redsocial.uimp20.es/, donde se podrán seguir el resto de las ponencias del curso.

Además, a preguntas de los periodistas avanzó que la posible intervención no cambiará la Ley de Cajas salvo durante el tiempo en el que esta sea efectiva y que la aportación pública conllevaría que sea el Banco de España el que decida “qué hacer” acerca de la reestructuración de la entidad y no las comunidades autónomas.

Durante la inauguración, Salgado recalcó que el Gobierno “quiere plantear este esquema porque el sector financiero tiene una importancia crucial para nuestra economía” y mostró su confianza en que la iniciativa consiga “el máximo consenso de los grupos políticos y los agentes privados”.

Futuro Bancario

Por su parte, el presidente del BBVA manifestó que “el futuro de la banca es transformarse en compañías de servicios basadas en el conocimiento” y abogó por “un modelo de negocio nuevo” en el que la “ética, transparencia y buenas prácticas” y la innovación sean “ejes fundamentales”.

“Algunos bancos y banqueros deben cambiar radicalmente su comportamiento”, aseguró González, para quien el futuro de la banca pasa por “aumentar la accesibilidad de sus servicios”.

Foto: UIMP

Abertis Telecom multada con 22 millones de euros por abuso de dominio

Enviado por el mayo 21, 2009 Sin comentarios

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha dictado una Resolución en la que impone a Abertis Telecom SAU una multa de 22.658.863 Euros, así como la obligación de reconocer a determinados operadores de televisión el derecho a resolver de forma anticipada sus contratos, por abusar de su posición de dominio mediante prácticas que tenían por objeto el cierre anticompetitivo del mercado.

La Resolución dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) resuelve el expediente sancionador incoado en virtud de una denuncia formulada por Red de Banda Ancha de Andalucía SA (Axión). El Consejo de la CNC considera acreditado que Abertis es autor de dos conductas restrictivas de la competencia prohibidas por los artículos 82 del Tratado CE y 6 de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989, en el ámbito de los servicios de difusión de la señal de TDT, desde su indudable posición de dominio en el mercado de difusión de señales de televisión terrenal (analógica o digital) de ámbito nacional. La primera de dichas conductas consistió en abusar de su posición de dominio exigiendo, sin justificación objetiva, cuantiosas penalizaciones a sus clientes (SOGECABLE, TELECINCO, ANTENA 3, NET TV y VEO TV) en el caso de rescisión anticipada de los contratos firmados en 2006, y establecer una excesiva duración de los contratos con VEO TV en 2006 y con SOGECABLE, TELECINCO y NET TV en 2008, con el efecto de impedir la posible acción comercial de nuevos competidores y su entrada en el mercado.

El Consejo de la CNC considera asimismo acreditado el abuso de su posición de dominio consistente en ofrecer, en el marco de la negociación de los contratos firmados en 2006, sin justificación objetiva, descuentos por la contratación conjunta de la difusión en todas las plazas regionales en que podría subdividirse el territorio nacional, con el efecto de impedir la entrada de nuevos competidores en alguna de ellas. El Consejo de la CNC ha considerado relevante a la hora de la graduación de la multa la especial gravedad de las prácticas anticompetitivas de Abertis Telecom y el hecho de que se hayan producido en un mercado de reciente liberalización, en el que es preciso extremar las cautelas para velar por su funcionamiento competitivo de modo que esta liberalización se traduzca en un verdadero aumento de la competencia en beneficio de los consumidores.

La comisión de defensa de la Competencia (CNC) sanciona a Hidrocantábrico por abuso de dominio

Enviado por el abril 27, 2009 Sin comentarios

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha dictado la quinta de las Resoluciones contra las empresas de distribución eléctrica por abusar de su posición de dominio al condicionar el acceso de las comercializadoras a información sobre consumidores. En esta ocasión ha impuesto a HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION una sanción de 833.000 euros.

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha hecho pública la resolución del último de los cinco expedientes que se han tramitado contra las empresas eléctricas de Distribución por abuso de posición de dominio. En esta ocasión la conducta prohibida se le imputa a HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION. A la vista del expediente tramitado por la Dirección de Investigación, el Consejo considera acreditado que esta empresa ha abusado de su posición de dominio en el mercado de distribución de electricidad, obstaculizando la competencia en el mercado de comercialización. El abuso ha consistido en negar a la empresa comercializadora de electricidad CENTRICA información relevante para poder competir en el mercado.
Tras la liberalización acometida en el sector eléctrico con la Ley 54/1997, han sido varias las actuaciones seguidas por el regulador para asegurarse que el proceso emprendido por la citada Ley culminase en mercados competitivos, tanto en la generación con la comercialización. Con el fin de reducir los costes de información y promover la competencia en el consumo final se obligó a las distribuidoras eléctricas a crear una base de datos, el SIPS, mediante el RD 1435/2002. Dicha base de datos, en posesión de las distribuidoras, contiene información detallada sobre los consumidores conectados a la red de cada distribuidor de alto valor comercial para la actividad de suministro eléctrico.

En esta última resolución, al igual que las cuatro anteriores, se considera acreditado que HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ha condicionado el acceso al SIPS a que se aporten de manera previa ciertos datos del cliente, sin que la normativa disponga que dicho acceso pueda ser condicionado. Esta conducta restringe la capacidad para competir de los comercializadores, creando una desventaja informativa que precisamente el regulador había querido neutralizar fomentando y facilitando el acceso a la información. Contribuye además a que las empresas verticalmente integradas consoliden su posición en los mercados de suministro de energía, especialmente, en aquellas zonas en las que controlan la red, compartimentando con ello el mercado nacional.

Por todo ello, el Consejo considera que ha resultado acreditada la infracción por HIDROCANTABRICO DISTRIBUCIÓN del artículo 6 de la Ley 16/1989 y del artículo 82 del TCE, consistente en abusar de su posición de dominio como distribuidor eléctrico al condicionar el acceso de las comercializadoras a la base de datos de puntos de
suministro. Las multa impuesta de 833.000 € a HIDROCANTABRICO se suma así a los 35,8 millones de € (35.800.000) impuestos recientemente a las otras cuatro distribuidoras.