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Presupuestos de infarto

Enviado por el mayo 27, 2011 Sin comentarios

La dimisión de Zapatero y la convocatoria de elecciones generales no son un asunto partidista sino una cuestión de Estado. Tras la pérdida de confianza en este Gobierno avalada por el voto de los españoles, el BOE publicó el 24 de mayo dos órdenes ministeriales que secuestran la voluntad de cambio durante lo que queda de este ejercicio y el próximo, gane quien gane en las elecciones de 2012.

Se trata de sendas disposiciones con las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, firmadas por la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado. Esto significa que, a pesar de que el PSOE está roto y los barones del partido tratan de echar a Zapatero y no está claro quién va ser el sustituto/a, la maquinaria del Estado continúa en las mismas manos y se dispone a elaborar, una vez más, la ley más importante en democracia para una nación: la ley de Presupuestos.

Por razones desconocidas sólo achacables al caos de la Administración del Estado, la publicación en el BOE de las normas para la elaboración de los escenarios presupuestarios para 2012-2014 y las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales para 2012 se han publicado al límite del tiempo razonable para presentar las cuentas, toda vez que en el citado decreto se insta a los centros gestores a que envíen la propuesta de ingresos y gastos a la Dirección General de Presupuestos antes del 11 de junio, es decir, 14 días hábiles.

A partir de esta fecha –y hasta septiembre– el Gobierno podará las cuentas del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y agencias estatales hasta cumplir los requisitos que imponga Merkel y, después serán subastados al mejor postor entre PNV, CiU y CC para ver quién le presta oxígeno a Zapatero hasta que los albañiles terminen su casa de León.

Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LAGACETA (Madrid), el 26 de mayo de 2011

Nueve propuestas de los economistas de Fedea para la reforma de la negociación colectiva en España

Enviado por el marzo 9, 2011 Sin comentarios

Como en crisis anteriores, el mercado de trabajo español ha experimentado durante esta recesión una enorme destrucción de empleo, por una parte, y una escasa moderación de costes y precios con mínimas reducciones de la jornada laboral, por otra. Se trata de un patrón de ajuste muy diferente al de otros países de nuestro entorno, donde el impacto de las crisis sobre la tasa de paro ha sido mucho menor.

La salida de la crisis requiere una profunda reasignación sectorial del empleo y un aumento sustancial de la flexibilidad interna de las empresas. Ambos requisitos resultan inviables con la estructura y los contenidos actuales de la negociación colectiva, que imponen límites muy restrictivos a la flexibilidad salarial y a la reorganización interna. Estas características generan una alta persistencia de la inflación, pérdidas de competitividad, un bajo crecimiento de la productividad y una excesiva volatilidad del empleo.

Los salarios y las demás condiciones de trabajo afectan directamente al bienestar de las personas, pero también desempeñan otras funciones, como son mitigar el impacto de las situaciones económicas negativas sobre el empleo, remunerar la productividad de los trabajadores e incentivar la formación y la orientación de los trabajadores hacia las ocupaciones más productivas. Nuestro actual sistema de negociación colectiva no facilita estos objetivos.

Esta situación se debe en parte a la regulación de la negociación colectiva contenida en la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) de 1980, que tuvo la virtud de favorecer la implantación de un sistema de negociación con un alto nivel de cobertura y de autonomía negociadora y escasa conflictividad. No obstante, con el paso del tiempo, ha venido creando grandes distorsiones, especialmente negativas en un nuevo contexto caracterizado por una creciente integración económica internacional y grandes cambios tecnológicos. Aunque ha habido intentos de dotar al sistema de negociación colectiva de un mayor contenido (reforma de 1994), de racionalizar su estructura (Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva de 1997) y de cambiar su regulación (propuesta fallida de reforma de 2002), sus rasgos básicos apenas han variado en los últimos 30 años. La experiencia demuestra que la estructura y los contenidos de la negociación colectiva en España no cambiarán significativamente si no cambia su regulación.

La reforma laboral de septiembre de 2010 ha dado un primer paso en la dirección adecuada al permitir, mediante acuerdo del empresario y los trabajadores, la no aplicación de las condiciones laborales establecidas en convenios colectivos de ámbito superior en las empresas con problemas de viabilidad. Sin embargo, es un avance insuficiente en términos de la flexibilidad interna requerida por las empresas en el contexto económico actual.

Ahora resulta imprescindible dar pasos adicionales para completar la reforma. Así se pone de manifiesto en el Acuerdo Social y Económico del 2 de febrero de 2011, en que los interlocutores sociales se comprometen a culminarla por la vía del diálogo antes del 19 de marzo de 2011. Compartiendo el diagnóstico de los problemas del sistema de negociación colectiva enunciado en dicho acuerdo, pensamos que la reforma debería ser amplia y ambiciosa, articulándose alrededor de los cinco objetivos siguientes, con las modificaciones legales e institucionales que se apuntan.

José María Méndez sustituirá a José Antonio Olavarrieta en la Dirección General de la CECA

Enviado por el enero 19, 2011 Sin comentarios

El Consejo de Administración de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha decidido nombrar a José María Méndez Álvarez-Cedrón nuevo Director General, en sustitución de José Antonio Olavarrieta Arcos, quien se jubilará a finales del próximo mes de febrero, al cumplir la edad fijada en los Estatutos para ello. José María Méndez, que actualmente ocupa el cargo de Director General Adjunto y responsable del Área Asociativa y de la Secretaría General, se incorporó a la CECA en junio de 2003.

El Consejo de la CECA ha tenido en cuenta diversos elementos a la hora de decidir el nombramiento del nuevo Director General, entre los que destacan: su profundo conocimiento de la regulación financiera, tanto española como europea, su experiencia en la Secretaría General de la Confederación y el trabajo desarrollado en los últimos meses en colaboración con las autoridades en el proceso de reforma de la Ley Órganica de las Cajas de Ahorros (LORCA). Por todos estos motivos, el Consejo de la CECA considera que José María Méndez reúne los requisitos necesarios para gestionar una nueva etapa de laConfederación.

José María Méndez Álvarez-Cedrón tiene 44 años y es natural de Lugo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el entorno de la normativa y la regulación financiera, especialmente desde sus diversas responsabilidades en el Tesoro Público, organismo al que estuvo vinculado diez años y del que fue Subdirector General entre los años 2000 y 2003. Tras su paso por el Tesoro, José María Méndez se incorporó a la CECA para ocupar el puesto de secretario general en junio de 2003. Cuatro años más tarde, en enero de 2007, fue nombrado Director General Adjunto de la CECA, manteniendo el cargo de Secretario General y asumiendo la responsabilidad del Área Asociativa de la Confederación.

El próximo Director General de la CECA forma parte de diversos órganos consultivos, como el panel del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CESP), en el ámbito internacional, el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, en el nacional. Asimismo, es miembro de varios comités y grupos de trabajo de la Unión Europea y de la OCDE. Además de su participación como consejero en varias sociedades vinculadas al Tesoro y a las Cajas, José María Méndez cuenta con la experiencia empresarial y de gestión gracias a que forma parte del Comité de Dirección de la CECA desde su incorporación. Su perfil profesional se completa con una intensa labor docente y un extenso número de trabajos y publicaciones, en su mayor parte relacionados con la regulación financiera.

La Comisión Nacional de la Competencia incoa expediente sancionador contra Telefónica Móviles, Vodafone y Orange

Enviado por el enero 18, 2011 Sin comentarios

La Comisión Nacional de la Competencia incoa expediente sancionador contra Telefónica Móviles, Vodafone y Orange, en relación con una conducta de aplicación de precios excesivos en los servicios mayoristas de originación y terminación de mensajes cortos SMS y MMS de ámbito nacional en sus redes de telefonía móvil.

Tras un periodo de información reservada realizado de oficio, con fecha 17 de enero de 2011 la Dirección de Investigación ha incoado un expediente sancionador contra Telefónica Móviles de España, S.A.U., Vodafone España, S.A.U. y France Telecom España, S.A. por un posible abuso de posición de dominio, prohibido en el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y en el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

De la información obrante en el expediente se desprenden indicios de que los operadores señalados habrían incurrido en una conducta consistente en la aplicación de precios excesivos en los servicios mayoristas de originación y de terminación de mensajes cortos SMS y MMS de ámbito nacional en sus redes de telefonía móvil.

Los servicios mayoristas de originación de mensajes son servicios de interconexión que los operadores móviles con red de acceso propia (OMR) prestan a los operadores móviles virtuales (OMV) a los que ofrecen servicios de operador anfitrión. Mediante estos servicios se entregan al OMV los mensajes cortos generados por los terminales de sus clientes en la red de acceso del operador anfitrión. El servicio mayorista de terminación de mensajes cortos es un servicio de interconexión ofrecido por cada uno de los operadores móviles que permite la terminación de mensajes cortos dirigidos hacia sus clientes y originados en las redes de otros operadores.

La incoación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia.

La FAPE considera «innecesaria» e «injusta» la fianza impuesta a Carlos Dávila y a Eugenia Viñes por el ‘caso Marichalar’

Enviado por el octubre 6, 2010 Sin comentarios

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) mostró su apoyo a última hora de ayer al director de LA GACETA, Carlos Dávila, y a la redactora jefe de investigación del diario, Eugenia Viñes, por la fianza de más de un millón de euros fijada por el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid a los dos periodistas del Grupo Intereconomía por un presunto delito de “injurias con publicidad” contra Jaime de Marichalar, según informa el periódico en su edición de hoy.

La FAPE hizo este pronunciamiento público a través de un comunicado en el que calificaba de “carga innecesaria” e “injusta” la citada fianza. Sus valoraciones se sustentan en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2003, que establece que no procede “la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

La FAPE sostiene que la fijación de una fianza para garantizar posibles responsabilidades civiles supone una “condena pecuniaria” antes de tener lugar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, una postura que se sitúa en “clara contradicción” con lo que señala la legislación en materia civil. Ante esta sucesión de contradicciones, la organización que preside Elsa González solicita la modificación de la norma legal “para evitar situaciones que ya entendió que no eran deseables cuando se reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

‘Época’ no se pronunció, y recogió la negación de Marichalar

La síntesis del caso es la siguiente. A finales de septiembre de 2008, ÉPOCA, semanario del Grupo Intereconomía, adelantaba lo que el tiempo ha acreditado como un hecho cierto: la inminente separación de los todavía Duques de Lugo y su posterior divorcio. En ese momento, dicha separación sólo tenía la calificación oficial de “cese temporal de la convivencia”.
ÉPOCA supo de fuentes de toda solvencia que la Infanta Elena pudo plantearse alegar como posible causa de nulidad matrimonial el desconocimiento previo a contraer matrimonio del consumo ocasional de cocaína por parte de su ya ex marido, Jaime de Marichalar. En cualquier caso, esto es lo que afirmaban las fuentes a las que accedió el semanario, y no la revista en sí.

Por otro lado, en ningún caso se le atribuía a su cónyuge tal consumo ni se daba como seguro que esa fuera la alegación escogida. De hecho, en el reportaje, titulado ‘Conflicto en la separación de Doña Elena’, se recoge la versión del propio Jaime de Marichalar negando tal circunstancia. La Casa del Rey respondió al semanario que el único fin de las informaciones, que por entonces recorrían los mentideros de Madrid, era “hacer daño a la Monarquía” e insistió en que “no se ha iniciado ninguna acción legal o eclesiástica”.
Poco tiempo después de hacerse público el reportaje, Jaime de Marichalar instó un procedimiento penal contra los periodistas de Intereconomía por un posible delito de injurias contra su persona.

Aluvión de sms de apoyo a LA GACETA y a Intereconomía contra la fianza

La pasada semana, Jaime de Marichalar solicitó al Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid la fijación de una fianza al semanario ÉPOCA y a los periodistas Carlos Dávila y Eugenia Viñes de 1.039.950 euros. Lo hizo a través de su abogada, Cristina Peña. El objetivo de semejante cantidad era cubrir una posible responsabilidad civil por la publicación de la citada información. El importe iría destinada a una pieza separada del proceso penal, encaminada a cubrir esa futura reclamación por daños y perjuicios, en caso de que el ex duque de Lugo ganase el juicio cuya apertura oral se decretó el pasado 27 de septiembre. Pese a lo llamativo de la cantidad solicitada por Jaime de Marichalar, este tipo de delito tipificado en el Código Penal jamás comporta una pena de cárcel; únicamente una multa económica. En el caso de ÉPOCA se sustancia en sendas multas de 21.000 y 18.000 euros para cada uno de los periodistas, si resultaran condenados en el proceso.

El lunes y martes de esta semana se ha producido un aluvión de mensajes dirigidos a ‘El Gato al Agua’ de Intereconomía TV, protestando por la fianza impuesta y ofreciéndose para contribuir a financiarla. El director de LA GACETA y de ÉPOCA, Carlos Dávila, participó el lunes en el programa que dirige Antonio Jiménez, e informó ayer, antes de comenzar el debate de actualidad, de que cientos de lectores de LA GACETA y espectadores de Intereconomía están ofreciendo no sólo su apoyo moral, sino también dinero de su propio bolsillo para pagar la multa. Cristina Alberdi, presente en ‘EL Gato’ el lunes, aseguró que la multa es «desorbitada (…), un exceso que tiene que ver con que LA GACETA está creciendo, y con que el grupo al que pertenece (…) está teniendo mucho éxito y mucha audiencia».

La vicepresidenta De la Vega sigue acosando a los periodistas de Intereconomía Carlos Dávila y Maite Alfageme

Enviado por el septiembre 28, 2010 Sin comentarios

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega continúa con su tenaz acoso a los periodistas de Intereconomía Carlos Dávila, director de LA GACETA y del semanario ‘ÉPOCA’, y Maite Alfageme, directora adjunta de ambas publicaciones. Tal como informa hoy LA GACETA, ayer declararon ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Ambos se ratificaron en la información del semanario del Grupo Intereconomía, cuando denunciaron el empadronamiento irregular de la ‘número dos’ del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero con el fin de poder votar en el municipio valenciano de Beneixida antes de presentarse como cabeza de lista del PSOE en la Comunidad Valenciana, en las elecciones de 2008.

La declaración de los dos periodistas fue precedida por la de Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, quien manifestó que los hechos recogidos en ‘ÉPOCA’ ya habían sido referidos por él durante la campaña electoral. Como consecuencia de la información de ‘Época’, se sigue un proceso civil a instancias de la vicepresidenta del Gobierno, que ya en dos ocasiones ha visto cómo la Justicia daba la razón a González Pons, no apreciando ningún indicio de injurias o calumnias por revelar los detalles de ese voto irregular. González Pons llamó la atención sobre el hecho de que contra él se haya seguido un proceso civil, mientras los dos periodistas de Intereconomía se ven inmersos en uno penal. También ha destacado que el Ministerio Fiscal le dio la razón en ambos juicios, mientras que en el caso actual parece adoptar justo la actitud opuesta.

La información publicada hacía referencia al derecho de voto de María Teresa Fernández de la Vega en su condición de ciudadana, y no tiene relación alguna con el ejercicio de su función pública como vicepresidenta.

En apariencia, la vicepresidenta De la Vega votó fuera del plazo permitido por la ley. Si bien es cierto que una resolución posterior le ofreció la cobertura legal necesaria para incluirse en el padrón electoral -explica LA GACETA-, no es menos cierto que esa norma no tuvo publicidad alguna ni fue incluida en el BOE de forma inmediata. Tal como han declarado Carlos Dávila y Maite Alfageme, apareció en páginas webs institucionales 48 horas después de que el diario digital de Intereconomía lanacion.es ofreciera un adelanto del contenido del reportaje de la revista ‘ÉPOCA’, que ahora se distribuye los domingos junto al diario LA GACETA.

A preguntas del fiscal, ambos periodistas explicaron ayer el estado de abandono en que se encuentra la casa de Beneixida donde se domicilió De la Vega en 2007. Es el que dan fe las fotografías tomadas por ‘ÉPOCA’ y ‘LA GACETA’ y los testimonios recabados entre los habitantes de la localidad valenciana. Los vecinos aseguran que «nunca» han visto por allí a la vicepresidenta primera del Gobierno.

Foto: Intereconomía

La Agencia Tributaria aclara los términos de la resolución que anula la liquidación anual de IVA

Enviado por el agosto 27, 2010 Sin comentarios
  • En relación a la nota de prensa que ha remitido el sindicato de Técnicos de Hacienda sobre un error de la Agencia Tributaria que ha provoca la nulidad de liquidaciones de IVA por valor de más de 5.000 millones de euros, a la Agencia Tributaria le gustaría aclarar.

Que efectivamente, hay una resolución del pasado 29 de junio de este año del Tribunal Económico Administrativo Central que estipula la nulidad de las liquidaciones anuales de IVA por la invalidez de consideración del año natural como periodo de liquidación de este impuesto, en vez de periodos trimestrales o mensuales.

Que el criterio de liquidación anual lleva aplicándose de forma general desde la aprobación del la ley del IVA en España en 1986. Y no es por tanto ningún error de gestión interna, sino un criterio que ahora se corrige por un órgano de la propia administración. La Agencia Tributaria está aplicando el nuevo criterio desde que se conoció la resolución citada.

Que dicha resolución va a provocar un incremento importante de trabajo para hacer de nuevo las liquidaciones de IVA recurridas y resueltas, que pueden llegar a ser 6.500 al año como máximo en los años 2006, 2007 y 2008, pero no cientos de miles de expedientes, como decía la nota del sindicato de Técnicos de Hacienda, por liquidaciones ajustadas al nuevo criterio establecido.

Que este proceso no generará ningún perjuicio económico a las arcas públicas, primero porque las liquidaciones recurridas mayoritariamente no se ingresan hasta su resolución y segundo porque serán elaboradas administrativamente con el nuevo criterio sin que prescriban los derechos de la Hacienda Pública.

Que estamos, por tanto, ante un caso de interpretación técnica y jurídica de un proceso administrativo de control que aumentará parcialmente la carga de trabajo administrativo de la Agencia Tributaria durante los próximos meses y que obliga a revisar las aplicaciones informáticas y los procedimientos, pero que es perfectamente asumible.

Por último, la Agencia Tributaria lamenta que el sindicato de Técnicos de Hacienda, una vez más, interpreta de forma alarmista un proceso jurídicoadministrativo, dando a entender que supuestos errores de gestión pueden provocar perjuicios de miles de millones a las arcas públicas en un momento especialmente delicado de la coyuntura económica y de déficit en las cuentas públicas

Rato afirma que la nueva LORCA permitirá a las cajas capitalizarse sin perder su carácter social

Enviado por el julio 14, 2010 Sin comentarios

El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, aseguró hoy que la recien aprobada reforma de la ley de cajas de ahorros (LORCA) permitirá a estas entidades adaptarse a las nuevas exigencias de capital y reforzar sus recursos propios sin perder su función social.

Rato, que ofreció  una conferencia ante más de 200 empresarios catalanes en el Círculo Ecuestre de Barcelona, destacó que la modificación del régimen jurídico de las cajas de ahorros –aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros– tiene como principales objetivos permitir la recapitalización de estas entidades y buscar una mayor profesionalización de sus órganos de gobierno.

El primero de los objetivos permitirá a las cajas “emitir recursos propios de la máxima categoría en las mismas condiciones que el resto de entidades financieras”. Las cuotas participativas con derechos políticos, y sin límites a su posesión, actuarán como elemento catalizador para permitir a las cajas adaptarse a los nuevos requisitos de capital que establecerá Basilea III, y que supondrán un reto sin precedentes para todo el sistema financiero, aseguró.

Rato señaló, además, que la nueva LORCA supondrá también un impulso a la profesionalización de la gestión y de los órganos de gobierno de estas entidades y generará  un nuevo escenario de actuación en el que cada entidad podrá  elegir cuál es el modelo que más se adapta a sus necesidades.

El presidente de Caja Madrid adelantó que, con el nuevo marco jurídico más flexible, las cajas podrán elegir entre cuatro vías diferentes: mantener el actual estatus con la posibilidad de emitir las nuevas cuotas participativas; formar un SIP –como el constituido recientemente entre Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja, con unos activos totales de 337.257 millones de euros–; ceder todo el negocio financiero a un banco pero sin perder la condición de caja o transformarse en fundación con la cesión del negocio a un banco.

Solvencia del sistema español

El presidente de Caja Madrid aprovechó su intervención para destacar la elevada solvencia del sistema financiero español frente a sus más directos competidores, al presentar una solvencia total del 12,2% y un volumen de recursos propios sobre activos del 7,9%, por encima de la media de la Unión Europea y muy superior a la de países como Italia, Francia, Alemania o Reino Unido.

Esta fortaleza es especialmente destacable si se tiene en cuenta que las entidades españolas han recibido, proporcionalmente, un volumen mucho menor de inyecciones públicas de capital –vía FROB– que las de otros países europeos –en concreto el 1,4% del PIB–.

Rato destacó que las principales debilidades de las entidades españolas, como son el aumento de la morosidad por el incremento de los activos dudosos y el consecuente descenso de la tasa de cobertura, han logrado neutralizarse y presentan, en los últimos meses, un comportamiento mucho más moderado que en el periodo 2007-2008.

A su juicio, la cobertura a través de las provisiones específicas y genéricas unida a la capacidad de generación de beneficios en 2010 hacen que la inversión potencialmente problemática en el sector constructor y de promoción inmobiliaria esté cubierta en un 71%. Sin embargo, esos buenos fundamentales no evitan que el sistema español presente en estos momentos un exceso de capacidad instalada que deberá necesariamente ajustarse.

Problemas en el mercado de deuda

El presidente de Caja Madrid realizó también una valoración sobre los problemas de liquidez que presenta el mercado interbancario y que han llevado al Banco Central Europeo (BCE) a convertirse en la principal fuente de liquidez de las entidades. Rato destacó que “el recurso de las entidades españolas al BCE es menor que el de Alemania y está  en niveles ajustados al peso de su sistema financiero”. Pese a ello, el primer ejecutivo de la caja destacó que estos problemas se han trasladado al mercado de deuda soberana, especialmente de los países periféricos, donde se han disparado de forma excesiva las primas de riesgo.

En el caso español, Rato aseguró que España se encuentra en una posición similar a la de otros emisores como Francia o Alemania, aunque tiene por delante el reto de recuperar la confianza con la adopción de las reformas estructurales necesarias y un sólido saneamiento del sistema financiero que permitan normalizar la situación.

Iberdrola se defiende ante el acoso de ACS

Enviado por el junio 8, 2010 Sin comentarios

Iberdrola reitera que existe un conflicto de competencia con ACS evidente, nítido y reconocido por la constructora

1.    IBERDROLA considera que existe un conflicto de competencia con ACS evidente, nítido y reconocido por la propia constructora en la Junta General de accionistas de la Compañía, celebrada en Bilbao el pasado 26 de marzo.

2.    IBERDROLA actuó en la Junta conforme a la legalidad vigente, que es absolutamente clara en el artículo 132 de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando habla de la separación de consejeros y señala expresamente que “los administradores que lo fueren de otra sociedad competidora y las personas que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la sociedad cesarán en su cargo a petición de cualquier socio y por acuerdo de la junta general”. El cese del representante nombrado por ACS en la Junta de IBERDROLA fue aprobado por el 81,5% de los accionistas de la Sociedad.

3.    El conflicto de competencia entre el Grupo ACS y el Grupo IBERDROLA, distinto de lo que es un simple conflicto de interés, está acreditado por diversos informes económicos y dictámenes jurídicos elaborados por PricewaterhouseCoopers, Nera, Uría y Menéndez,  Ramón y Cajal y Cortés Abogados, que fueron puestos a disposición de los accionistas en la Junta General.

4.    Estos informes y dictámenes, así como las respectivas presentaciones de resultados correspondientes al ejercicio 2009, evidencian que ambas compañías son competidores reales en numerosos mercados y han rivalizado en licitaciones nacionales e internacionales para la prestación de servicios y la realización de proyectos. La competencia es particularmente intensa en diversas áreas estratégicas de IBERDROLA, extendiéndose, entre otras, a la producción de energía, una de las principales áreas de negocio del Grupo IBERDROLA.

5.    IBERDROLA, que contará con Uría y Menéndez como asesores en este asunto, espera que ACS acredite que es accionista agrupado durante todo el tiempo que dure el proceso de impugnación y que aglutine el número suficiente de acciones en función del nuevo capital social de la Empresa y de la reducción a 14 del número de consejeros, dentro de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. En conclusión, IBERDROLA afirma que ACS mantiene un conflicto de competencia estructural y permanente con la Compañía.

Menos crecimiento y más paro en el nuevo escenario económico del Gobierno

Enviado por el mayo 28, 2010 Sin comentarios
  • El Gobierno prevé una disminución del PIB del 0,3% en 2010 y un crecimiento del 1,3% en 2011, del 2,5% en 2012 y del 2,7% en 2013.
  • El presupuesto de 2011 exigirá un nuevo y mayor esfuerzo de contención del gasto, recortándose el gasto no financiero del Estado un 7,7% respecto a 2010 en términos homogéneos.
  • En el año 2013 se cumplirá el objetivo de déficit del 3% fijado por la Comisión Europea en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha presentado al Consejo de Ministros el “Informe sobre la posición cíclica de la economía española”, que ha sido remitido a las comunidades autónomas.

La Ley General de Estabilidad Presupuestaria establece que este informe debe tomarse en cuenta para la fijación de los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas de los tres ejercicios siguientes.

INFORME DE POSICIÓN CÍCLICA

Las estimaciones del Ministerio de Economía y Hacienda se basan en una previsión de disminución del PIB del 0,3% en 2010, y de unas tasas de crecimiento del 1,3% en 2011, del 2,5% en 2012 y del 2,7% en 2013. Estas previsiones son una actualización del cuadro macroeconómico presentado en el Programa de Estabilidad del pasado mes de enero.

Esas nuevas previsiones para los tres próximos años son inferiores a las estimadas por el Gobierno al comienzo del ejercicio, en cinco décimas en 2011, y en cuatro décimas en 2012 y 2013. La revisión de estas previsiones incluye también mejoras en 2010 en el consumo privado, la inversión en equipo, las exportaciones y las importaciones, y prevé un descenso en la construcción y en el empleo. El plan de recorte del gasto público aprobado recientemente por el Gobierno implica una revisión a la baja del consumo y la inversión públicos y las transferencias corrientes tanto en 2010 como, sobre todo, en 2011.

No obstante, las notables turbulencias existentes en los mercados financieros y el clima de incertidumbre existente sugieren que la mejor contribución que la política fiscal puede hacer a la economía en la actualidad radica en acelerar el proceso de consolidación presupuestaria, incluyendo la puesta en marcha de medidas de largo alcance que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Respecto a los componentes del crecimiento, la contribución de la demanda nacional irá mejorando paulatinamente, pasando de -1,4 puntos porcentuales en 2010 (casi 5 puntos más alta que en 2009) a 2,4 puntos en 2013. En cuanto a la demanda externa, su contribución positiva se reducirá gradualmente desde 1,1 puntos porcentuales a 0,3 puntos en 2013.

Este comportamiento contrasta con la contribución negativa registrada antes del inicio de la crisis y es debido al reequilibrio del patrón de crecimiento de la economía española desde el sector de la construcción a otras actividades menos intensivas en consumos intermedios importados o con mayor propensión exportadora. La corrección de este desequilibrio, de importancia capital, se pone también de manifiesto en el recorte de nuestra necesidad de financiación externa, que continuará disminuyendo hasta alcanzar un 2,5% del PIB en 2013.

Especialmente llamativa es la fortaleza mostrada por las exportaciones de bienes y servicios, que desde mediados de 2009 han reflejado un comportamiento favorable, aprovechando la fuerte recuperación del comercio mundial, las ganancias de competitividad asociadas al diferencial de inflación favorable a España de los últimos trimestres y la depreciación del euro.

En concreto, en el primer trimestre de 2010, las exportaciones de bienes crecieron un 13% en volumen según la Contabilidad Nacional. En abril, los pedidos de exportaciones volvieron a registrar un avance significativo siguiendo la tónica de los últimos tres meses. De esta forma, se espera que las exportaciones alcancen un crecimiento en torno al 7% en el conjunto de 2010. La mejora de la competitividad contribuirá positivamente al crecimiento de las exportaciones durante todo el período de la estimación.

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

La Vicepresidenta Segunda también ha informado hoy al Consejo de Ministros sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria para el trienio 2011-2013. La propuesta será presentada a las comunidades autónomas en el marco de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a las entidades locales en la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CNAL).

Durante 2008 y 2009 la política fiscal ha jugado un papel clave para amortiguar el impacto de la recesión económica y apuntalar la confianza de los agentes, permitiendo el pleno funcionamiento de los estabilizadores automáticos y adoptando medidas discrecionales en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea y de otros organismos internacionales. Esto ha condicionado un mayor desequilibrio de las cuentas públicas, al elevarse la necesidad de financiación conjunta de las Administraciones Públicas hasta el 11,2% del PIB en 2009, cuando tan sólo dos años antes el presupuesto se cerraba con el tercer superávit consecutivo.

El informe del Ministerio de Economía y Hacienda plantea una reducción progresiva del déficit de las Administraciones Públicas en los tres próximos años, hasta cumplir en 2013 con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de no superar el límite del 3% de déficit público. Así, en 2010, se estima que el déficit del conjunto de las administraciones públicas será del 9,3%; bajará hasta el 6% en 2011, al  4,4% en 2012 y al 3% en 2013.

Por lo que se refiere a la Administración Central, el año 2010 se prevé un déficit del 5,9%, que se reducirá hasta el 2,3% en 2011, se ampliará al 3,2% en 2012 y se recortará al 2,1% en 2013. Las previsiones para las comunidades autónomas son de un 3,1% de déficit en 2010, un 3,3% en 2011, un 1,3% en 2012 y un 1,1% en 2013. En cuanto a las entidades locales, se estima un déficit del 0,6% en 2010, un 0,8% en 2011, un 0,3% en 2012 y un 0,2% en 2013. Por lo que respecta a la Seguridad Social, la estimación es de un saldo positivo del 0,2% del PIB en 2010, y del 0,4% en los tres restantes años del escenario de previsión. Las cifras de déficit de los años 2010 y 2011 reflejan el importe de las liquidaciones negativas de las AATT correspondientes a 2008 y 2009.

LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL ESTADO

Finalmente, la Vicepresidenta Segunda del Gobierno también ha informado sobre el límite de gasto no financiero del Estado para los Presupuestos de 2011. Dado que los ingresos estimados para el próximo año en términos de contabilidad nacional son de 104.539 millones de euros, que el objetivo para el Estado es de un déficit del 2,3% (24.331 millones de euros) y que los ajustes de contabilidad nacional ascienden a 21.186 millones de euros, el límite de gasto en términos de contabilidad nacional deberá situarse en 150.056 millones de euros.

Pero este límite de gasto no financiero no puede compararse directamente con el establecido en 2010, ya que el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas supone un descenso del presupuesto de gastos debido al menor importe del Fondo de Suficiencia. Por ello, es preciso eliminar el gasto derivado de los sistemas de financiación de CCAA y EELL para que la comparación sea homogénea. Una vez efectuados estos  ajustes, el límite de gasto no financiero para 2011 quedará establecido en 122.256 millones de euros, lo que supone un descenso del 7,7% respecto al presupuesto de 2010 en términos homogéneos.