Se ha conseguido una gota de cordura en el guirigay autonómico y ya hemos lanzado las campanas al vuelo como si hubiéramos restañado las heridas de España. Los presidentes autonómicos han visto las orejas al lobo y han aprobado como barones domados una declaración de mínimos para salvar la cara ante Europa. Mientras, el Rey el Príncipe tragan sapos y se guardan las espaldas frente a puñaladas traicioneras. Menos da una piedra, deben pensar Rajoy y Sáenz de Santamaría que, de momento, han salvado los muebles.
Pero como el movimiento se demuestra andando, más allá de las declaraciones institucionales que pueden ser flor de un día, la prueba del algodón está en dos de las medidas que trata de imponer el Gobierno con fórceps. La primera, una educación más homogénea de obligada aplicación en los distintos reinos de taifas en que se ha convertido España, que ponga fin a las falsedades históricas que estudian nuestros hijos; y, en segundo lugar, la puesta en vigor del mercado único para la producción, transporte y comercialización de cualquier producto o servicio que se venda en nuestro país, así como la libertad de trabajo para todo español en cualquier territorio.
No se puede engañar a los españoles yendo de plañidera al Senado esperando que el Estado tape sus vergüenzas en forma de rescate o rescatillo y luego impedir la enseñanza de la lengua de todos o levantando fronteras que dividan a los ciudadanos en españoles de primera o de segunda categoría. Todos se quejan del modelo de financiación autonómica y todos ponen la mano para pagar sus nóminas. Pedimos para España la aplicación de los principios fundamentales de la Unión Europea: libertad de mercado, de tránsito de ciudadanos y de capitales, redistribución de la riqueza e igualdad de oportunidades. Los barones autonómicos se pavonean en sus tronos de marfil como pavos reales mientras Oliver Wyman nos echa las cuentas y el BCE prepara las redes del rescate.
Artículo publicado por Jesús F. Briceño en el diario LA GACETA (Madrid), el 7 de octubre de 2012
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